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El martes se cumplirá un año del crimen de Silvia Suppo. Aquel mediodía del 29 de marzo de 2010, las nueve puñaladas contra esta militante de la Juventud Peronista que había sufrido secuestro, torturas y violaciones no sólo la mataron a ella, también abrieron un camino contra la impunidad en una ciudad usualmente cerrada, como Rafaela. La causa judicial, a cargo de Alejandro Mognaschi, está caratulada “asesinato en ocasión de robo”. Hay detenidos confesos, dos jóvenes de 19 y 21 años que cuentan una historia difícil de creer. Mientras tanto, los abogados querellantes, Lucila Puyol y Guillermo Munné, esperan la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la causa pase a la Justicia Federal por tratarse de un crimen político. Las razones abundan: la historia militante de Silvia, su testimonio clave en la causa Brusa, pero sobre todo, las declaraciones por venir en otras causas por la represión ilegal. “Su asesinato viene a acallarla”, señaló con certeza Dahiana Belfiori, integrante del espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que se mantiene activo en Rafaela, una ciudad de 95 mil habitantes que se jacta de su pujanza económica.

El martes, a las 18.30, el Espacio convoca a una marcha que terminará con un acto público. “Esperamos que puedan llegar organizaciones y personas de todo el país, que haya presencias nacionales en esta marcha porque realmente sentimos que si esto queda circunscripto a la ciudad, no habrá posibilidad de obtener justicia. Por eso estamos pidiendo realmente que la Corte Suprema se expida sobre la competencia federal. Para eso es necesario demostrar que estamos convencidos, que hay mucha gente convencida. Mostrar que no somos pocos”, exhortó Belfiori.

¿Es un capricho insistir sobre el carácter político del crimen? La Justicia provincial se prepara para cerrar el caso, llevándolo a juicio oral, y dejar enredado el ovillo que tiene como puntas visibles a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, los dos cuidacoches que se internaron en el local céntrico Puro Cuero, donde atendía Suppo, la atacaron de 9 puñaladas y se llevaron apenas 200 pesos. “No sabemos si son efectivamente los autores materiales, pero pedimos que la Justicia investigue en dirección a los autores intelectuales”, indicó Belfiori. Un testigo de identidad protegida declaró en la causa y se refirió a la responsabilidad de detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, pero su testimonio quedó enredado en los problemas de competencia que enfrenta la causa, y que deberá saldar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, se ocupa la Justicia provincial. “Prácticamente, los hijos de Silvia Suppo actuaron como si fueran los fiscales, porque aportaron la mayoría de las pruebas. La fiscalía de Rafaela (a cargo de Cristina Fortunato) no aportó, no siguió el tema, al contrario, frenó cualquiera investigación en cierne”, apuntó Belfiori.

Para las distintas personas que conocieron a Silvia Suppo, el asesinato cayó como un hachazo aquel mediodía. “Fue un shock, nos sacudió literalmente. Esta mujer fue una militante toda la vida, puso el cuerpo y venía activando más o menos articuladamente con personas y colectivos, pero en la soledad –consideró Belfiori, quien relató que Silvia era consciente de los riesgos que afrontaba–. Ella vivía con miedo, pero sin embargo eso no la frenó nunca. Es evidente que sus temores eran justificados de algún modo y muchas organizaciones nos dimos cuenta tardíamente. Más allá del dolor que sentimos por su asesinato, también comprendimos la importancia de estar juntos, de trabajar colectivamente”, planteó la militante que integra La Enredadera, grupo de mujeres y feministas.

Vale la pena recordar a qué se refiere Belfiori cuando dice que Silvia Suppo fue “una militante toda la vida”. A los 15 años se incorporó a la Juventud Peronista de Rafaela. Poco después conoció a Reinaldo Hattemer, se enamoró y pensaban casarse. Mientras tanto, terminó la escuela secundaria y comenzó a estudiar enfermería en la ciudad de Santa Fe. El matrimonio no pudo ser porque el 25 de enero de 1977 Hattemer fue secuestrado de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Rafaela cuando asistía al casamiento de su hermano. Nunca apareció. Silvia era testigo y querellante en la causa por esta desaparición, que investiga el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez. Allí acusó a policías de su ciudad, algunos todavía en actividad.

Una vez que su novio fue secuestrado, Silvia continuó con la militancia. El 24 de mayo de 1977 la secuestraron en Rafaela junto a su hermano Rogelio y Jorge Destéfani, que al salir de la cárcel de Coronda se convertiría en su marido. Silvia estuvo desaparecida y luego detenida en la ciudad de Santa Fe hasta 1978, cuando le otorgaron la libertad vigilada. Volvió a su ciudad. Nunca dejó de militar por la Verdad y la Justicia. Les contó lo ocurrido a sus hijos, a los alumnos y alumnas de las escuelas. Donde hiciera falta, allí estaba el matrimonio para mantener viva la memoria, para recordar que en Rafaela también hubo desaparecidos, que “esas cosas” también pasaron allí.

Destéfani murió por una enfermedad pocos meses antes del inicio del juicio oral contra Víctor Brusa, en el que se condenó al ex juez federal y a otros cinco represores a penas de hasta 21 años de prisión. Pese al dolor por la pérdida, Silvia se sentó frente al Tribunal Federal Oral de Santa Fe y contó que la habían secuestrado, que la habían torturado y violado, que quedó embarazada por esas violaciones y que el jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), Juan Calixto Perizzotti, decidió que se hiciera un aborto para “subsanar el error”. Suppo se negaba a considerar que las violaciones en los Centros Clandestinos de Detención hubieran sido “errores”, sino que formaron parte del plan para aniquilar la resistencia de las militantes. Así lo contó con su voz pausada y suave frente a la Justicia, así lo repitió en una nota para Las12.

La estela de Silvia no se apagó con su vida, a los 53 años. “En Rafaela nació y creció este espacio de construcción colectiva, que comienza a revelar lecturas y significados en ese hacer en común, con la convicción de que lo que le ocurrió a Silvia nunca debió pasar y con la certeza que nos da la fuerza de su voz para continuar –en nuestras propias voces–- con la lucha por un mundo más justo. En este sentido nos reconocemos como parte de esa historia de lucha, que la misma Silvia asumió con su vida y que intentamos recuperar”, dice el documento del Espacio Verdad y Justicia. A partir de la muerte de la militante que actuó tantos años en soledad, se abrió un camino diferente en Rafaela, un camino colectivo.

Desde el lunes pasado, el espacio realiza actividades por la semana de la memoria. Hoy habrá una charla sobre la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a cargo de la delegada del Inadi en Santa Fe, Stella Vallejos, que además fue compañera de cautiverio y amiga entrañable de Silvia. Mañana habrá taller de murgas y la presentación del libro Historias de Vida II, dedicado a reconstruir las historias de desaparecidos y desaparecidas de la provincia de Santa Fe. El domingo habrá un encuentro de músicas en la Recova Ripamonti, uno de los lugares de encuentro de los rafaelinos. El lunes comenzará un seminario de derechos humanos a cargo de Vicente Zito Lema, que terminará el martes. Y el mismo martes, a las 18.30, será la actividad de mayor intensidad: una marcha desde el cine Belgrano hacia la Recova Ripamonti, donde se exhibirá un documental sobre Silvia Suppo realizado por Wairuro. En la marcha, el micrófono estará abierto para todas las organizaciones, colectivos y personas que quieran hablar. Para oponer las voces a quienes prefieren el silencio.