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Por María José Lubertino *

Hace poco se conocieron los resultados del Primer Estudio de Opinión Pública Nacional sobre Anticoncepción de Emergencia (AE), realizado por el Instituto Social y Político de la Mujer con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas. El estudio revela que si bien el 56 por ciento de la población escuchó hablar de la “píldora del día después” (AE) –la mayoría se enteró de su existencia recientemente (hace menos de un año)–, hay una gran confusión sobre los efectos o un desconocimiento de su efectividad. Los sectores de menos recursos mostraron ser los que más ignoran la posibilidad de acceder a esta medicación.
Por otra parte, el 71 por ciento planteó la necesidad de la distribución gratuita de estos métodos a través de hospitales públicos y obras sociales, y sólo el 4 por ciento dijo que debería estar prohibida.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la AE “consiste en métodos anticonceptivos que pueden ser utilizados por una mujer en los primeros días después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo no deseado”. Es decir, en casos como violación, falla de algún método o relaciones en las que no se utilizó prevención. Tiene una eficacia anticonceptiva del 85 por ciento: la primera dosis debe suministrarse dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual y la segunda dosis, a las 12 horas de la primera.
La Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (Alirh) estableció en el 2001 que la AE inhibe el proceso reproductivo antes de que ocurra la fecundación y que no actúa impidiendo la implantación. Por lo tanto, no es un método abortivo.
Su uso es excepcional: no reemplaza a los otros recomendados métodos anticonceptivos ni a la doble protección del condón para evitar riesgo de contagio del VIH/sida.
Las AE están autorizadas en más de 40 países (España, Italia, Francia, Austria, Holanda, Estados Unidos y Brasil, entre otros) y en muchos de ellos son de venta libre e integran el botiquín básico de las escuelas al que las adolescentes pueden recurrir sin problemas, ya que no presentan ningún tipo de contraindicaciones. En la Argentina, su venta está permitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), dependiente del Ministerio de Salud, desde 1996.
La difusión y el acceso a la AE integra los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos básicos consagrados a nivel mundial en diferentes tratados internacionales, vinculantes para los Estados que son parte, entre ellos la Argentina, que los incorporó a la Constitución Nacional en 1994 (art. 75. inc. 22). Todas las personas, varones y mujeres, gozan del derecho a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de los/as hijos/as; a acceder a la información y los medios para ejercer estos derechos; y a la no interferencia indebida con su privacidad y familia.
No es nueva en nuestro país la falta de incorporación de la perspectiva de género en la jurisprudencia y la existencia de fallos con connotaciones sexistas o misóginas que adoptan prejuicios de la moral católica como filtros de interpretación en contra de toda la comunidad científica internacional. El último ejemplo está dado por la reciente medida cautelar de la jueza federal cordobesa Cristina Garzón de Lascano (que ya había demostrado por sus anteriores fallos ser coherente en este aspecto), dando lugar a la presentación de la Fundación 25 de Marzo, que preside el curaFernando Altamira, para que se prohíba la producción y comercialización de anticonceptivos y dispositivos intrauterinos.
Aun cuando el actual marco normativo nacional y en 16 provincias son un avance innegable y el Programa Nacional garantiza la AE, la única forma de evitar retrocesos es que la ciudadanía se apropie y conozca sus derechos. Y especialmente si se tiene en cuenta que la AE sería una de las formas de evitar la altísima tasa de mortalidad materna que alcanza a nivel nacional a 39 por 100 mil nacidos vivos, pero que en algunas provincias, como Formosa, recrudece hasta 177 por 100 mil nacidos vivos, y cuya primera causa es el aborto clandestino al que se ven obligadas como única alternativa las mujeres de los sectores más pobres.
Con estas urgencias es que un grupo de ONG de mujeres, sociedades de ginecología nacionales y expertos/as estamos organizando el Consorcio Argentino de Anticoncepción de Emergencia (CAAE), para articular y difundir este derecho inalienable de las mujeres.


* Presidenta del Instituto Social y Político de la Mujer. Profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UBA. Integrante del Comité Ejecutivo del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia.