La reciente noticia sobre la devolución de 6000 cartillas sobre “Educación Sexual en familia” por parte del Ministerio de Educación salteño al Ministerio de Educación de la Nación puso nuevamente en agenda el debate sobre la necesidad de avanzar en la implementación plena de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en todas las provincias y establecimientos educativos.

Esta iniciativa tiene por objetivo garantizar el derecho a que la Educación Sexual Integral se imparta a todas las alumnas y alumnos “de establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal” –según marca la norma–, orientando los contenidos correspondientes a “incorporar esta temática dentro de las propuestas educativas y a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados; promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”.

La cartilla “ESI en familia”, elaborada por el Programa nacional de Educación Sexual Integral con el apoyo de organizaciones sociales, entre ellas, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), avanza claramente en el sentido de los objetivos planteados por la ley y acordados en el marco del Consejo Federal Educativo. Esta publicación incorpora dos aspectos centrales: la diversidad sexual y de modelos familiares y el trabajo de extensión por parte del sistema educativo hacia las familias y la comunidad en general.

Por eso consideramos sumamente grave la devolución de las cartillas “ESI en familia” por parte del gobierno salteño, ya que estos materiales son una herramienta indispensable para el trabajo, tanto en las escuelas como en los barrios y las organizaciones sociales, en torno de los derechos sexuales y reproductivos y el combate a la discriminación.

Más grave aún es que dicha actitud se dé en una provincia que –lejos de implementar la ESI como lo determina la legislación nacional– ha impulsado la inclusión de la educación religiosa obligatoria en escuelas públicas desde el año 2008 lo cual significa un atraso de más de 100 años en materia de desarrollo educativo en nuestro país.

Sin lugar a dudas, las y los principales afectados por esta medida son las propias niñas y niños, ya que se les impide el acceso a la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y diversidad. No sólo se les pone barreras al ejercicio pleno de la sexualidad, sino también se las y los priva de herramientas para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el abuso sexual infantil y la prevención de embarazos no deseados.

En contra de estos embates, resaltamos que del esfuerzo y compromiso de todas y todos depende que los contenidos y enunciados en la legislación vigente sean un derecho accesible en todas las escuelas de todo el país.

* Presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt).