Susana G. no ve. No tiene visión en ninguno de los dos ojos. Pero no fue ciega para intentar defenderse. Tiene 27 años, cuatro hijos (de dos, cuatro, seis y ocho años) y, desde 2002, realizó trece denuncias por violencia de género. Cada denuncia iba a una oficina distinta. En nueve años consiguió tres exclusiones del hogar que fueron violadas sistemáticamente. Y el laberinto la llevaba a la decepción y a su agresor (Carlos G., de 34 años) a aumentar la violencia junto a la impunidad. Finalmente, Susana quedó ciega y la Justicia –por fin– encarceló al hombre que la maltrató.

“En todos estos años, ni la policía ni las fiscalías me dieron bola. Si hubieran hecho algo por mí, antes, hace años, quizás hoy no estaría sin poder ver. Tengo que criar a mis hijos y tengo miedo. Me tengo que operar y no tengo plata ni obra social. Si no fuera porque encontré un refugio hoy estaría muerta, dos metros bajo tierra”, relata en un desgarro evitable, pero no evitado. Susana no ve. Pero sí decidió dar la cara. “Yo no me escondo más”, les dijo a los periodistas en una conferencia en La Plata.

A veces la familia le da vuelta la cara a la víctima o justifica al agresor. No fue el caso del papá de Susana –Carlos–, que defendió a su hija, pero también resultó lastimado: “A mí me fracturó tres costillas y me rompió la rodilla a cadenazos. Ahora no puedo ir a trabajar, pero lo mío no es nada, la Susana es la que sufrió. Nosotros, con mi mujer, Cati, no sabíamos qué hacer. El se metía en nuestra casa y nos rompía todo, ese tipo está loco. La última vez, además de pegarme, porque tuve que defender a mi esposa, me dijo que le diga con quién andaba saliendo Susana y que cuando la encuentre la iba a matar”.

Ella muchas veces se escondía en la casa de su papá y su mamá, pero también ahí era golpeada y amenazada. En el año 2010, el tribunal de Familia Nº 2 d La Plata dictó una medida cautelar de exclusión de acercamiento del agresor de hasta 500 metros hacia Susana G. y sus cuatro hijos, tanto en su casa como en el jardín y la escuela de los niños y niñas. Pero, en julio del año pasado, sin respetar la exclusión, él golpeó a Susana, le dio la cabeza contra la pared de la cocina y le lastimó el rostro provocándole, entre otras lesiones, el desprendimiento bilateral de retinas. Aun así, el agresor la acompañó al hospital y, ante su presencia, ella no pudo relatar lo que verdaderamente le había sucedido.

El martes pasado, el juez de Garantías de La Plata le denegó la excarcelación a su agresor. El miércoles ella fue operada en el Hospital Santa Lucía de uno de los ojos. Sus ojos no estuvieron nunca cerrados. Los de la Justicia sí. “El caso de Susana es representativo de miles de mujeres del país. La primera denuncia la hizo en 2002 y, como miles de mujeres, no tuvo respuesta en la Justicia ni en las fiscalías en todos estos años”, relata Darío Witt, fundador de la Casa Abierta María Pueblo y del Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo (Inahcom).

¿Cómo es el circuito de la impunidad? “El germen del problema es que la denuncia por amenazas es tomada individualmente y las van archivando o diciendo que no son posibles de probar. Una fiscal llegó a decir que Susana se podría haber dado sola la cabeza contra la pared ante las muestras de sus lesiones físicas. Son delitos muy difíciles de probar porque se producen dentro de la casa y no tenés la foto del tipo golpeándole la cabeza. La persona que se anima a denunciar se va desanimando porque pide ayuda y no la tiene y, cuando consigue medidas de exclusión perimetral de hasta 500 metros de su casa, el hombre va y la policía –si lo ven a 50 metros– no lo detienen porque alegan que lo tienen que agarrar adentro de la casa. La policía no hace cumplir las medidas como corresponde. A Susana la policía la ha llegado a maltratar y a recriminarle ‘basta de quejarse a cada rato’, porque ella llamaba para decir que se estaba acercando este tipo. Susana no terminó muerta –advierte Witt– porque consiguió un refugio reservado –del que nadie conoce la dirección– y en donde respetamos lo que la mujer quiere hacer”. Susana fue refugiada en La Casa María Pueblo, de la Provincia de Buenos Aires, y asesorada por Carlos Castagno, Vanina Adreani, Fabián Valenzuela, Julia Páez, Liliana Almeyda, Carolina Sánchez y Juana Tacanga con una idea y un trabajo solidario que ocupa un lugar que el Estado muchas veces deja en blanco. “La mujer cuando llega y ve que hay otras mujeres en su misma situación va perdiendo la sensación de soledad porque la Justicia, al no escucharla, la hace sentir que es un problema de ella y no un problema social. Si es tratada como un paquete, o la Justicia no le da bolilla, vuelve a la casa y la vuelven a agarrar de los pelos por la sensación de impunidad que tienen estos tipos”, explica Witt.

El también propone una reforma normativa que fue tomada por la sentencia en el caso de Susana G. que –si es tomada como jurisprudencia– puede generar una nueva mirada legal sobre la violencia de género: la posibilidad de detener a un agresor (aun frente a delitos excarcelables) si las pericias psicológicas determinan su peligrosidad. Witt apunta “Tendría que haber una detención preventiva para hacer exámenes psicológicos y psiquiátricos y determinar si el agresor es una persona de mayor o menor peligrosidad para evitar las lesiones gravísimas o la muerte. Incluso les estaríamos dando una mano a los hombres, porque si hubieran tenido un tratamiento psicológico las posibilidades de cambio son más fuertes y cuanto más tarde se interviene son peores las consecuencias. Aunque, por supuesto, la víctima principal es la mujer y, en este caso, Susana.”

El juez César Melazo escuchó y defendió a Susana y, además, redactó un fallo que puede cambiar la manera de tratar la violencia machista en la Justicia o, incluso, promover cambios normativos ante una mujer ciega que podría estar mirando de frente a sus hijos y proyectar una vida sin discapacidad. “La falla es que el Estado no está organizado para darles respuesta a las amenazas o golpes que, después, pueden llegar hasta la muerte. Por eso, proponemos –le dijo Melazo a Las/12– que los juzgados y las fiscalías actuemos coordinadamente. Es un tema muy difícil porque son golpes dentro de cuatro paredes y la mujer está presionada psicológicamente y físicamente.”

El punto central es que las leyes vigentes determinan que las amenazas y las lesiones leves no son un delito que amerite la detención de una persona. El encarcelamiento sólo se justifica si hay lesiones gravísimas en donde la pena es superior a los tres años. Toda incidencia o agravamiento del régimen penal puede tener un doble filo –aun cuando se trata de defender los derechos de las mujeres–, pero en estas situaciones (en la que el agresor es imparable y no hay prevención de mayores situaciones de violencia ante una denuncia por golpes, amenazas o maltrato) la posibilidad de detener a quienes ejercen la violencia puede ser una solución, al menos, hasta que los mecanismos de protección y prevención resulten más eficaces.

Melazo explica su argumentación en el caso de Susana G.: “Con esta sentencia y con la orden de detención tratamos de decir a viva voz que muchas mujeres están padeciendo y que los agresores son desobedientes porque habitualmente no respetan las órdenes judiciales que les dictan exclusión. Frente a estas situaciones, el Estado debe proteger al agresor para que no cometa un delito mayor y a la victima, fundamentalmente, para que no sea castigada”.

¿Cuál sería el mecanismo para determinar en qué situaciones un agresor debe ser detenido? “Deberíamos estar atentos a cada persona y hacerles pericias psicológicas y psiquiátricas para ver qué grado de violencia tienen. No puede haber un maltratador que durante años sea un agresor porque eso ya conforma una patología”, sostiene el juez, quien también propone un cambio normativo. “Tendríamos que dar una respuesta legislativa a estas situaciones porque se dan en muchísimos casos. Hay mujeres que las mandan de un lado para el otro en el sistema judicial y, encima que están golpeadas y amenazadas, tienen que estar dando vueltas por ahí y no encuentran un lugar estatal para esconderse”, señala el magistrado.

La Justicia ahora sí actuó. Pero no cuando se podría haber evitado la ceguera de Susana. Y, ni aún así, existieron mecanismos gubernamentales para ampararlas. Witt relata: “Hace aproximadamente tres meses nos llamaron de Asistencia a la Victima de la Procuración y Fiscalía General de La Plata para pedirnos un domicilio reservado para Susana y sus hijos, ya que no podían contener el accionar de Carlos G. y nos dijeron que era un pedido por pocos días y que ya estaban por lograr medidas en contra del agresor. Pasó un mes sin novedades y decidimos representarla, desde el equipo legal de la Casa María Pueblo. Allí comenzamos una ardua tarea de unificar todas las causas y acreditamos, a través de un médico oftalmólogo, que las lesiones se correspondían con secuelas de ‘múltiples traumatismos encéfalo-craneales’. Las pericias se perdieron en los tribunales. Pero la situación se revierte cuando toma intervención el juez Melazo, quien toma varias de nuestras argumentaciones y críticas al accionar judicial-policial-estatal en casos de violencia de género”.

En la sentencia judicial se propone “permitir en casos de violencia de género una detención provisoria aun en delitos que no superen el monto de pena privativa de la libertad previsto en el supuesto procesal invocado”.