En la Audiencia Pública, convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el miércoles 7 de marzo, con relación a la causa que lleva adelante la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) luego de las exposiciones que hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el defensor público denunciando los derechos de la comunidad que están siendo vulnerados, la palabra le correspondió a la provincia de Formosa representada por la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, dado que el gobernador Gildo Insfrán no se hizo presente.

Se le preguntó a la fiscal si la provincia había cedido a la comunidad tierras de la Nación (en referencia al conflicto territorial con el Parque Nacional). La fiscal, con buen tino, respondió: “No desconocemos en ningún momento que existe una superposición con Parques Nacionales”. Sin embargo, cuando el juez le preguntó si la Laguna Blanca se encuentra totalmente dentro del Parque Nacional, sorprendentemente la fiscal lo negó.

Un agrimensor de la provincia manifestó que el gobierno militar, en 1977, dio la orden de desalojar a los criollos que habitaban dentro de la comunidad, pero que se exceptuó del desalojo a la familia Celia (la cual continúa ocupando territorio ancestral de la comunidad) por poseer “una mansión gigantesca”. Finalmente, el funcionario provincial sostuvo que por ser “ocupantes legales de tanto tiempo” se viene privilegiando a la familia Celia desde la época militar. El agrimensor aclaró que hay que tener en cuenta que las tierras de la comunidad “probablemente sean las mejores tierras que tiene la provincia de Formosa”.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti le consultó al ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, responsable de la policía provincial, cuáles eran las propuestas concretas del gobierno de Formosa. González sostuvo que ellos están abiertos al diálogo. Suena paradójica esta respuesta por dos razones. En primer lugar, porque las medidas de fuerza que tomó la comunidad en 2010 se debieron precisamente a la falta de diálogo con sus autoridades provinciales y, en segundo lugar, porque fue el representante del propio ministro González quien se retiró de la Mesa de Diálogo política que se estaba desarrollando en 2011, precisamente cuando se iba a tratar el conflicto territorial.

El último funcionario en exponer fue el presidente del INAI, Daniel Fernández, quien afirmó que no se ha logrado ejecutar la ley 26.160, que dispone realizar el relevamiento de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, debido a que aún no han podido ponerse de acuerdo con la provincia. Al final de su exposición, Fernández sostuvo que, según su interpretación de la ley 26.160, deberían relevarse sólo las tierras que actualmente ocupan las comunidades indígenas. ¿Acaso se va a convalidar el despojo territorial que han padecido los pueblos indígenas, reconociendo solamente el lugar al que se los ha constreñido?

En una palabra, el 7 de marzo fue un día histórico para la comunidad pues su voz pudo ser oída por el máximo tribunal del país; no obstante, me pregunto: ¿por cuántas instancias más deberán atravesar los indígenas qom para que se les comience a respetar sus derechos?

* Licenciada en Ciencias Antropológicas. Becaria doctoral y docente (UBA). Más información: comunidadlaprimavera.blogspot.com