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Sofía Gatica sabe en carne propia lo que significan los agroquímicos. Su hija, Nandi, nacida el 11 de abril de 1997, apenas vivió unas horas. Tenía una malformación en el riñón, que ella tardó años en relacionar con el glifosato y el endosulfan. Unos años después, en 2001, observó la inusual cantidad de chicos con barbijos y mujeres con pañuelos en la cabeza y se largó, sola, a hacer un relevamiento en cinco manzanas de su barrio, el Ituzaingó Anexo, en la periferia de la ciudad de Córdoba, una zona rural donde se confunden los sembradíos de soja con las casas en las que viven unas 5000 personas. Detectó, a fines de ese año, ’97 enfermos de cáncer, y empezó una campaña que consistió, siempre, en poner el cuerpo, junto a otras mujeres, que hoy se conocen en el país y en el mundo como las Madres de Ituzaingó Anexo. Ahora son protagonistas de un juicio histórico.

El camino fue largo y sinuoso. Hicieron censos, buscaron especialistas, propusieron y lograron la aprobación de ordenanzas municipales, impulsaron la creación de una dirección provincial del cáncer, pero sobre todo denunciaron las fumigaciones constantes y otras formas de contaminación en el barrio.

El 11 de febrero de 2004, Sofía denunció que en el “campo de Parra” estaban fumigando con un camión de los llamados Mosquito. Corrió junto a otras Madres a impedirlo. Los fumigadores les gritaron que eran unas “muertas de hambre”, y que los planes sociales se pagaban con las retenciones a la soja. Durante años la causa iniciada por Sofía no se movió. Ellas siguieron yendo a impedir las fumigaciones, y los empresarios cambiaron el método, comenzaron a hacerlo de noche, con aviones. El 1º de febrero de 2008 el subsecretario de Salud de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, hizo otra denuncia. Fue difícil conseguir fiscales y jueces dispuestos a investigar. Hubo, incluso, Cámaras del Crimen que se excusaron en pleno y años de dilaciones judiciales. Pero el 11 de junio pasado lograron sentar en el banquillo a dos empresarios sojeros, Francisco Parra y Jorge Gabrielli, y al aviador Edgardo Pancello, que son juzgados por la Cámara Primera del Crimen de Córdoba por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos, por las dos denuncias acumuladas. El fallo podría sentar un precedente único en la defensa de la salud de la población frente a los productos contaminantes de multinacionales como Monsanto.

Sofía vivió 24 años en el barrio Ituzaingó Anexo, hasta hace 18 meses, cuando decidió mudarse porque a su hija mayor, Ingrid, de 17 años, le detectaron tres agrotóxicos en la sangre. “He visto morir a muchos vecinos, a Sandra, a Susana, a muchos. No quiero ser la próxima”, se sinceró ante Las 12. El martes de la semana pasada, esta mujer de 46 años declaró en el juicio con una contundencia a prueba de descalificaciones. Con su marido, Sergio, tiene otros dos hijos: Isaías, de 23 y Violeta, de 14 años. “Perdí a mi hija y pasé mucho con mi otra hija. Vivía con ella en el hospital, porque cada vez que fumigaban se le paralizaba el cuerpo. Es muy feo que te llamen de la escuela y te digan: véngase porque su hija no puede caminar”, dice sobre el motor que la mantiene en pie.

Su tarea trascendió las fronteras: el 16 de abril recibió en San Francisco el Premio Ambiental Goldman, el más importante del mundo en el área, conocido como el Nobel verde. Fue la primera argentina en obtenerlo y por fin se siente reconocida. “Nosotras sólo tenemos el secundario hecho, tuvimos que estudiar para poder defendernos porque nos creen ignorantes”, cuenta lo que fueron estos años.

Hasta 2005 las Madres de Ituzaingó Anexo eran 12, y desde entonces siguen cinco: Sofía, María, Corina, Rita, y Angélica. “Sólo pedimos justicia y que no pase lo que pasó en otros lugares, es muy duro perder a un hijo, muy duro”, concluye.