Corría el año 1917 y luego de años de romper tabernas y botellas a hachazos en señal de protesta al consumo de bebidas alcohólicas, culpable oprobioso de los males morales de la sociedad, el Movimiento por la Templanza logró su cometido: aprobar la enmienda constitucional que prohibiera la venta, importación y fabricación de bebidas en todo el territorio de Estados Unidos. “El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”, sentenció el senador Volstead, impulsor de la norma, al momento de su promulgación. Poco tiempo después se tragaría una a una sus palabras, ya que la clandestinidad del etílico elixir fue el santo y seña para la aparición y auge de las grandes mafias –como la del mundialmente célebre Al Capone– que se disputaban el control del mercado. Una década de crimen organizado a niveles insospechados en ese país, incluyendo el soborno y corrupción de funcionarios públicos, para conseguir continuar con tan rentable negocio, dejaron en claro que la prohibición no era el camino acertado para conseguir los cambios sociales esperados.

A los ojos de los tiempos actuales en los que en nuestro país se está debatiendo la despenalización del consumo de estupefacientes, esta medida adoptada en el siglo pasado suena un tanto ingenua, si no conservadora y retrógrada. Parece haber consenso en que la prohibición no redunda en la modificación de las prácticas sociales sino en la conformación de circuitos ilegales que garantizan mediante el crimen organizado y la corrupción la sobrevida del producto en el mercado. No obstante, hay determinadas prácticas sociales que nunca salen del ojo de la tormenta moral, sobre todo por estar asociadas a la explotación humana, la denigración moral y la vergüenza social.

El 1º de junio se aprobó en Córdoba la ley que prohíbe en todo el territorio provincial la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación –de manera ostensible o encubierta– de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes o establecimientos y/o locales de alterne. La denominada “ley de trata” (u1), promovida por el partido oficialista, tiene como finalidad cercar a las organizaciones que trafican con mujeres para combatir la explotación sexual y la trata de personas en el país. Sin embargo, diversas organizaciones sociales entre las que se destaca la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) tienen sus objeciones con la nueva normativa porque criminaliza la prostitución y contribuye a estigmatizar a las mujeres que trabajan en el rubro. Para Eugenia Aravena, secretaria general de AmmarCórdoba, el grave problema es la asimilación que se hace entre prostitución y trata de personas.

Dos grandes líneas de pensamiento se debaten a la hora de analizar la prostitución. La denominada “línea abolicionista” considera la prostitución como una forma de explotación y puerta de entrada al tráfico y trata de personas. A su vez, para la “línea reglamentarista” la prostitución es un trabajo, siempre que sea realizado por personas mayores de edad y por propia voluntad, para lo que reclama un marco legal que ampare a las personas que lo ejercen, por creer que ése es el mejor método para controlar la explotación y la trata.

“El día en que comenzó a tratarse la ley hicimos una radio abierta en la puerta de la Legislatura pidiendo ser escuchadas, porque nadie nos llamó para saber qué pensábamos al respecto”, explica Eugenia. A diferencia de leyes como la de matrimonio igualitario o identidad de género, cuyos textos fueron escritos o revisados y debatidos por los colectivos a los que se referían, la ley que prohíbe cualquier tipo de establecimiento donde se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad, no tuvo en cuenta las palabras de aquellas personas que ofrecen sus servicios sexuales. “Cuando conseguimos entrar a las audiencias públicas del debate, presentamos un documento que diferenciaba trata de personas de prostitución, en el que también estaba clara nuestra postura no sólo con respecto a esta cuestión sino al cierre de las wiskerías y prostíbulos. Nosotras no nos oponemos a su cierre, sólo cuestionamos que la ley tal y como está es una puerta que se abre a la criminalización de nuestra actividad. Desde 1936 estamos regidas por la misma ley (12.331), que prohíbe las casas de tolerancia y sanciona a quien explota la prostitución ajena. Existe un vacío legal de un tema que nos deja desamparadas. Por este motivo queríamos que la ley deje claro en qué marco de protección legal vamos a trabajar si cierran las whiskerías y prostíbulos”, demanda Aravena.

Esta pregunta, que aparecería como una contradicción con el hecho de no cuestionar la clausura de estas casas, encierra una realidad que queda desdibujada en la falsa dicotomía esgrimida por algunos legisladores cordobeses –quien está en contra de la ley está a favor de la trata–, aquella realidad de las personas que se ganan su sustento ejerciendo la prostitución. “Es necesario que quede claro en la legislación que siempre y cuando una trabajadora mayor de edad negocie su actividad directamente con el cliente y en su propio beneficio no hay delito, si no hay explotación y no hay trata de personas no hay delito. Roberto Birri, del Frente Cívico, fue el único legislador que se hizo la pregunta sobre cuál sería el destino de las trabajadoras sexuales que quedarán en la calle y propuso un artículo –que no fue incluido en la ley– que contemplaba la capacitación laboral para las víctimas de trata y, si así éstas lo quisieran, las trabajadoras sexuales. También planteó el aumento de las penas a los proxenetas, que en este momento es de 60 días de arresto, la derogación del artículo 45 del código de faltas (prostitución molesta y escandalosa) y contemplar las cooperativas de trabajadoras sexuales”, explica Eugenia. Sus requisitorias no fueron atendidas a la hora de votar la ley.

Autonomía: la palabra clave

Sentada en el escritorio junto con Blanca y Patricia, otras integrantes de la comisión directiva de Ammar, Eugenia garabatea una copia del documento presentado en la Legislatura, ese que a duras penas oído no fue considerado, como si buscara respuestas a una situación de difícil resolución. “Con las compañeras que se acercan a la asociación hablamos mucho de como escaparle a la explotación, qué medidas tomar para que las cosas no sigan cómo están. Con esta ley se cerrarán los lugares más visibles, pero los otros van a seguir funcionando porque esta ley no cambia las cosas de fondo y nosotras seguimos sin ningún tipo de respuesta para poder trabajar sin miedo a que nos persigan. Para nosotras trabajar autónomamente y entre nosotras es la clave. Por más que quieran erradicar la prostitución, la realidad es que existe y existe en nosotras que tenemos necesidades reales, palpables. Por eso es que estamos discutiendo el trabajo en cooperativas: de a una no tenemos recursos para alquilar un departamento y si vamos a la calle somos perseguidas por la policía, pero entre varias la situación es diferente, pagamos los gastos en conjunto y cada una gana lo que trabaja. Esta forma de organización nos permite una horizontalidad y compromiso entre nosotras y escapar a la opción de siempre de buscar protección en un prostíbulo que se queda con el 50 por ciento de la ganancia, no te permiten faltar porque cobran multa, no hay días libres, una no puede ni enfermarse siquiera. Ya existe una cooperativa que funciona hace un año aproximadamente y las compañeras están muy contentas y conformes con ese sistema. Nadie ofrece a las trabajadoras sexuales alternativas laborales, entonces quedamos entrampadas en esta hipocresía de una línea política como es la abolicionista, que nos criminaliza, nos clandestiniza más y ni siquiera apoya las actividades que organizamos desde Ammar” (ver apartado Las actividades que solventa Ammar).

“El problema es que no hay una política de perseguir a quienes nos explotan. Hay una marco regulatorio que comienza en el Código Penal y no se cumple. A nosotras esto nos deja con muchas dudas porque cada vez se mezcla más prostitución con trata de personas y sentimos el desamparo y la desprotección. Es más, uno de los organismos que más nos han discriminado en Córdoba ha sido el Inadi. Su representante, Adriana Domínguez, forma parte de la Red Abolicionista contra la Prostitución y la Trata de Personas y fue muy clara en que con nosotras no acordaba en nada. ‘Las atiendo porque es mi función, pero con ustedes no acuerdo en nada’ nos dijo una vez. Durante el debate por esta ley ella dijo que no había que apoyar a las cooperativas de proxenetas, refiriéndose a la cooperativa que tienen nuestras compañeras. Creo que hay que comprometerse colectivamente para darle seguimiento real a nuestra situación. Parece que quisieran que desapareciéramos de la faz de la tierra, nos invisibilizan como si no existiéramos y mientras no haya alternativas laborales no vamos a desaparecer. ¿Qué quieren de nosotras? Yo no entiendo, te juro que no entiendo”, exclama Eugenia, con una mirada en la que se entremezclan la impotencia y la bronca.

“Estamos entrampadas –suelta Blanca, integrante de la comisión directiva de Ammar–. Ninguna de las leyes que han salido (la de la provincia de Córdoba y el decreto presidencial que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual en los medios gráficos) nos dejan un margen. Había chicas que lograban trabajar de manera independiente y fuera de los prostíbulos colocando avisos en los diarios, pero ahora esa opción no existe y las compañeras vuelven a trabajar con un proxeneta o en una whiskería.” (Ver apartado Hecha la ley hecha la trampa.)

“Queremos trabajar libres y para eso necesitamos un marco regulatorio. A nivel nacional, Ammar está impulsando el proyecto de ley por el trabajo sexual autónomo para lograr un marco de derechos. Lograr que se trate esta ley en el Congreso de la Nación no implica promover la prostitución, sino brindar garantías y derechos a quienes estamos trabajando. La tarea de militancia que desarrollamos desde Ammar tiende no sólo a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, sino a darles herramientas laborales para salir de la prostitución, frente a un Estado ausente que mira para otro lado. En Uruguay, por ejemplo, existe una ley que protege a las compañeras y compañeros y les permite pagar un monotributo como cualquier trabajador para hacer aportes jubilatorios y tener obra social. Tiene que haber una política de Estado para el tema y no la hay. La política en este momento es: criminalizar y prohibir. Esto significa más negocio y más mafia y a nosotras que nos parta un rayo.”

Erradicar la trata

“Nosotras estamos en contra de la trata de personas y trabajamos para erradicarla. A Sandra Cabrera, secretaria general de Ammar, la mataron de un tiro en la nuca por denunciar la connivencia y la complicidad entre la policía y los prostíbulos. ¿Cuánta gente tiene ese grado de compromiso?”, lanza a boca de jarro Eugenia mientras golpea una y otra vez la mesa con la palma de la mano, en una muestra palpable de la fuerza de su lucha. “Tratamos de hablar con Susana Trimarco cuando estuvo en Córdoba siguiendo el tratamiento de la ley para explicarle nuestra posición, pero no pudimos y necesitamos que ella nos escuche, que sepa de nuestro compromiso con esta causa, que estamos con ella y la apoyamos. No estamos del mismo lado de los proxenetas, como quisieron hacer ver algunos legisladores y algunos medios, deslegitimando y desconociendo el trabajo de nuestra asociación. Es muy fácil hablar de la trata desde una banca en la Legislatura, pero hay que estar en el barro, denunciando como hizo Sandra Cabrera, como hace Susana Trimarco, sin saber a quién recurrir porque sabemos que dentro de la propia policía están los que tratan. En Córdoba, la comisario Claudia Flores es una de las pocas con las que hemos realizado denuncias y en quien podemos confiar, sin embargo no le dan el lugar que se merece en la policía. Con la nueva ley, la que hasta ahora se llamaba División de Protección a las Personas, donde están los que nos meten presas, nos persiguen y nos amenazan, será la nueva División de Trata de Personas. A esta división pertenecía el policía que la comisario Claudia Flores metió preso por tráfico de personas. Traía mujeres de Paraguay a los prostíbulos de Córdoba, incluso era dueño de uno. Este mismo policía era el que nos corría de la calle porque le arruinábamos el negocio. ‘Te vas o te llevo’, nos decía y nos íbamos. Ahora ya aprendimos, que vengan de nuevo a decirnos algo...”

“Tampoco se está llevando a cabo el Plan Nacional contra la Discriminación, del Inadi, que en el artículo 17 indica la derogación de los artículos de los códigos contravencionales con figuras abiertas –como la falta a la moralidad o escándalo en la vía pública, por otorgarle facultades a la policía para realizar detenciones sin autorización judicial– y en su artículo 18 promueve la sanción de una ley que nos ampare y reconozca derecho a jubilación y seguridad social. No estamos ni cerca de alcanzar estos reconocimientos. Nosotras siempre decimos que ninguna mujer nace para puta, nos hacemos putas en el camino, pero ¿mientras tanto qué? ¿Tenemos que estar obligadas a vivir en las peores condiciones sólo por ser putas? La prostitución fue arrojada a la clandestinidad porque a la sociedad no le gusta ver sus propias miserias”, alega Eugenia.

“Acá hay mucha gente que está callada la boca. A nosotras nos corre el mismo discurso que corre a las que quieren legalizar el aborto”, protesta Eugenia Aravena. “Esto de ‘mi cuerpo es mío’ nos está vedado. Este discurso de que las mujeres pobres tienen los accesos vedados y pagan las consecuencias de la hipocresía, porque los abortos se hacen en malas condiciones, bueno, es lo mismo. Es el mismo sector conservador de la Iglesia Católica el que nos persigue y no nos deja decidir qué hacer con nuestros propios cuerpos.” Este inconformismo manifestado por la titular de AmmarCórdoba trae a la luz un hilo que conduce ciertas políticas en relación con los derechos de las mujeres que siguen dejando fuera del paquete legislativo que ampara en el país flamantes derechos civiles: la despenalización del aborto y la reglamentación del ejercicio de la prostitución. La tensión es tan vieja como el mito de su profesión. Apelar a la explotación autoriza al Estado a la tutela que interviene en salvaguarda de la integridad moral, no de las mujeres que la ejercen sino de la sociedad que no acepta la imagen que éstas le devuelven. La prostitución es un marco visible de la posibilidad de escapar al control social, una censura de la heteronorma que tiene en su núcleo central a la mujer monogámica heterosexual y reproductiva.