El vergonzoso fallo por la desaparición de Marita Verón reactivó los proyectos de modificación de la ley de trata de personas por orden del Poder Ejecutivo. “Celebro la convocatoria a sesiones extraordinarias que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destinada a desempolvar el proyecto que modifica la ley 26.364 sobre trata de personas y que colaboraría a evitar que las víctimas mayores de 18 años deban probar el delito, ya que estas víctimas son pobres y extremadamente vulnerables frente al enorme poder económico y político de las redes criminales. ¿Qué modificaría la ley? Lo más importante es unificar el tipo penal sin discriminar entre mayores y menores para que nunca más se diga que una víctima “consintió” ser explotada sexualmente o esclavizada en un taller clandestino. Las víctimas no consienten y quien debe probar el delito es la Justicia”, apunta Viviana Caminos, la coordinadora nacional de la Red Alto al Trafico y la Trata (RATT) Argentina. Mientras que Fernando Mao, presidente de la institución, a nivel internacional, especifica: “Pedimos el aumento de las penas a diez años como mínimo a un máximo de veinticinco años y que el Estado pueda disponer de la incautación inmediata de los bienes de los proxenetas y tratantes para destinarlos a fondos de asistencia a las víctimas y la reinserción social y la repatriación en el caso de las mujeres extranjeras”.

En oposición a estas posturas, Georgina Orellano, de la comisión directiva de la Ammar, sostuvo en una nota de Página/12 que “el nuevo proyecto de ley de trata nos considera a todas como ‘víctimas’, es decir, en realidad, nos criminalizan en allanamientos donde a las compañeras les roban dinero, celulares, las hostigan para hacerles decir que son ‘víctimas de trata’, para proteger a los verdaderos tratantes”.