La violencia de género sigue siendo la cara oculta de una sociedad que esconde una matriz de odio y desprecio por la mujer. Sin embargo, todos los días se suma una nueva voz en contra de quienes apoyan un orden conservador y sexista. Así las cosas, los avances obtenidos en declaraciones y convenciones internacionales constituyen la síntesis de una larga batalla cultural reconocida en ámbitos globales como Naciones Unidas.

El número de víctimas por violencia de género es alarmante. Según estadísticas realizadas por la ONG La Casa del Encuentro, en 2011 fueron 282 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Esas cifras revelan un considerable aumento respecto de períodos anteriores.

Como mujer y diputada de la Ciudad de Buenos Aires, es mi obligación atender a las estadísticas que maneja el distrito. Sólo en 2011 se presentaron 12 mil casos de violencia de género ante la Justicia. Esta cifra excluye las denuncias no realizadas por miedo a nuevas represalias o al maltrato en sedes policiales.

No hay que permitir que se naturalice la violencia de género como una práctica común, ni que se intente limitar la centralidad de las mujeres cuando por primera vez en la historia comienzan a ocupar lugares de relevancia estratégica en ámbitos de tomas de decisión. Las mujeres ya no son sólo madres y maestras normales: son dirigentes sociales, juezas supremas e incluso mandatarias.

Nuestro país cuenta con una Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009. Este año, el Congreso nacional aprobó la reforma del artículo 80 del Código Penal, incluyendo la figura del “femicidio”, la cual habilita la condena a reclusión o prisión perpetua para el asesino.

Sin embargo, una ley o la reforma de un artículo resultan poco trascendentes cuando no son acompañadas por la sociedad en su conjunto, que debe combatir la violencia de género con más educación. El desinterés o la ineficacia en impartir justicia y condenar a los violentos responde a una lógica perversa que tuvo su epicentro en el infame caso de trata de Marita Verón.

El sistema judicial de provincias feudales como Tucumán es machista por tradición y corrupto por complicidad entre los poderes fácticos, las fuerzas de seguridad, y los funcionarios públicos que deben negociar con ellos para mantener sus privilegios.

El costo es una Justicia prostibular, la trata de personas y la denigración de todo aquel que afecte esos intereses.

Aquellas luchas que transitaron Rosa Luxemburgo en Alemania —asesinada por sus ideas marxistas en 1919— y la dirigente socialista y precursora de la defensa de los derechos de la mujer, Alicia Moreau de Justo, son un recorrido que debemos continuar para no insistir en el error, y que cientos de mujeres no crezcan condenadas en ámbitos violentos que propician la servidumbre y el terror.

* Legisladora porteña - PSA.