Misiones es una de las provincias donde persiste el negocio de la “captación y compra de panzas” de adolescentes y jóvenes vulnerables, para dar a luz y vender a las criaturas en otras provincias. El ministro de Derechos Humanos provincial, Edmundo Soria Vieta, lo alertó luego de confirmar esta semana que una joven de Oberá, de 23 años, había viajado a Córdoba a parir y vender el bebé a una pareja de esta provincia. La denuncia de una enfermera de la clínica privada de Río Tercero donde se realizó el parto posibilitó que una jueza local lograra detener la venta y la entrega final del recién nacido, que por ahora se encuentra con una familia sustituta. La joven es madre de otras cinco criaturas. Entre un 80 y 90 por ciento de los adoptantes ilegales son de otras provincias.

Soria Vieta advirtió que en Misiones nunca logró desterrarse la compra de los cuerpos de las mujeres, en la que se pacta previamente el embarazo, se paga por la gestación ya iniciada o por un bebé recién nacido. Sí, en cambio, el sistema se fue reciclando en nuevas modalidades que permitieron sostener el delito millonario de “supresión de identidad y venta de bebés”, que involucra a una red gigantesca de médicos, abogados, jueces e intermediarios. “Ahora seducen a la madre, le dan dinero y regalos y aquélla, antes del parto, viaja a otra provincia para tener el bebé. En este caso, el contacto entre los adoptantes y la madre lo hizo un estudio jurídico local.” El modus operandi se mantiene intacto: la detección y captación de mujeres jóvenes pertenecientes a las franjas sociales más vulnerables, que en su desesperación aceptan ser atravesadas por un período de nueve meses hasta la entrega de su hijo. El barrio San Miguel, en Oberá, es una de las principales zonas donde operan las organizaciones de adopción ilegal, seguido por los barrios de Bella Vista y Villa Martos. Los costos de una adopción ilegal oscilan entre 80.000 y 100.000 pesos. Las ganancias, casi en su totalidad, se distribuyen entre los que se encargan de legalizarla.