Desde Guatemala

“Lo que hemos visto ha sido terrible, cuerpos quemados, mujeres con palos enterrados como si fueran animales listos para cocinar carne asada, todos doblados, y niños masacrados y bien picados con machetes. Las mujeres también matadas como Cristo.”
Caso 0839, Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, 1985. Del libro Guatemala Nunca Más

Fueron las mujeres indígenas, aquellas que muchos consideran sólo personal de servicio, vendedoras de mercado, intrusas, las que alzaron la voz e hicieron emerger la palabra. Y hablaron: “En Guatemala hubo genocidio y violencia sexual sistematizada”.

Las mujeres pasaron de víctimas a convertirse en actoras imprescindibles en la disputa de la memoria. Fueron, y son, miles de testimonios de los abusos sexuales hacia mujeres que salen a la luz. Demorados por el temor de contar sus historias en comunidades tradicionalistas que aún hoy las marginan por el hecho de haber sido violadas. Las violaciones a las mujeres indígenas son uno de los ejes centrales que evidenciaron la crueldad y la magnitud del genocidio. En Guatemala, la violencia se enquistó en los ataques hacia las mujeres tras el objetivo de aniquilar a un pueblo entero a través de su reproductora fundamental: la mujer como guardiana de la vida y continuadora de las tradiciones mayas.

El proceso judicial comenzó el 18 de marzo, acabó el 10 de mayo y tuvo por primera vez al ex comandante en jefe del ejército Efraín Ríos Montt en el banquillo, acusado por la responsabilidad en la cadena máxima de mando por el delito de genocidio. Bajo su dirección, el ejército actuó obediente con el fin de acabar con una etnia y socavar sus bases esenciales. Se juzgó la matanza de 1771 indígenas ixiles y la violación masiva de mujeres de este pueblo, y otras aberraciones que alcanzaron el punto candente de la ira militar entre los años 1982 y 1983 en el área nordoccidental del país, conocida como el Triángulo Ixil y el Ixcán.

Menos de tres meses duró el proceso en el que un tribunal compuesto por las magistradas Yasmín Barrios, Patricia Bustamante y el juez Pablo Xitimul, con gran tesón y una considerable cuota de valentía, sistematizaron décadas de denuncias de organizaciones de derechos humanos locales como AJR (Asociación para la Justicia y la Reconciliación) y Caldh (Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos). Sellaron con fuego una marca histórica en la justicia y la memoria de Mesoamérica, junto con la colaboración de peritxs y testigos militares en retiro, ex guerrillerxs, familiares de cientos de víctimas, antropólogxs, estadísticxs, sociólogxs y periodistas.

El tribunal encontró culpable del delito de genocidio a Ríos Montt y lo condenó a 80 años de prisión. Sin embargo, el fallo fue anulado el pasado 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica de Guatemala, debido a que los jueces le dieron trámite a una recusación planteada por Francisco Reyes, uno de los abogados del ex dictador, quien alegó una enemistad con la jueza Barrios, entre otros asuntos.

Amandine Fulchiron codirige la colectiva Actoras de Cambio y acompaña desde hace 10 años los procesos de memoria y recuperación de las mujeres que sufrieron violaciones: “La violación sexual sólo se puede sanar cuando se reconoce, y así fue”, reflexiona, y recuerda que para llegar a este punto se iniciaron procesos clandestinos, debido a que las mujeres eran juzgadas y perseguidas por sus familias ante el develamiento de las violaciones. “Después de tres o cuatro años de trabajo, de sanación, más una formación política, las mujeres empezaron a decir que querían que se supiera lo que había sucedido durante la guerra. Para que no se repitiera. Comenzaron a manifestar la voluntad de hacerlo público.”

Las mujeres están más movilizadas que nunca. Con marchas, festivales y acciones para que al juicio no lo borre el olvido. Porque las violaciones sexuales durante la guerra interna fueron públicas e indiscriminadas, al igual que la saña con la que fueron mutilados los cuerpos de las mujeres. El juicio significó una fisura en el silencio que esconde la ideología racista de la matanza. Ese miedo ancestral que en Guatemala se mezcló con el miedo de los ladinos (guatemaltecos no indígenas) ante un supuesto motín indígena.

Yo también fui violada por el ejército guatemalteco

Cristina es una de las oradoras en el escenario del Festival Comunitario por la Voz, la Memoria y la Vida de las Mujeres, organizado por sobrevivientes de violación sexual, que tiene lugar en el nordoccidente. Abuela joven, líder de la etnia mam y víctima de violaciones sexuales, habla en su idioma milenario y una compañera oficia de traductora. Testimonia frente a un público de campesinas que forman de la red che Cruz y Actoras de Cambio, una agrupación cada vez más extensa de mujeres indígenas sobrevivientes de la guerra que se reúnen para elaborar los traumas de las violaciones. “Estábamos muy bien pero, después de las violaciones sexuales y la violencia que sufrimos en las comunidades, quedó la enfermedad, el dolor de cabeza, el dolor de matriz, el dolor de corazón. Agradezco el día de hoy porque antes no me podía comunicar con nadie. Porque cuando sufrimos la guerra no teníamos dónde decir. Ahora me siento bien con la presencia de otras mujeres. Hay alguien que puede escuchar y que puede hacer justicia con nosotras. Antes estuvimos asustadas. Nos cerraron la boca de una vez, no podíamos hablar”, confiesa desde el micrófono.

Paloma Soria es una abogada española que lleva varios años trabajando en Derecho Penal Internacional en crímenes de género para que puedan ser juzgados en los tribunales nacionales. Comenzó a trabajar el caso en 2008 a través de la organización Women’s Link y fue la perita que sistematizó los casos de violencia sexual. Su análisis, explica a Las 12, se centra en aquello que hace de lo ocurrido un hito: en Guatemala se habló por primera vez y de forma pública de la gran masacre nacional. “Se enfrentó a una sociedad con el genocidio, pero sobre todo a las mujeres. En estos contextos de violencia sexual, a las mujeres se les culpa, se les rechaza. Por ello, en este tipo de juicios, el hablar de la violencia hacia las mujeres es una manera de volver a comenzar. Para las mujeres y niñas de una comunidad, es la oportunidad de replantear el hecho de la culpa. De considerarlos crímenes”, define Soria.

Las mujeres que atestiguaron, sin embargo, se presentaron en el juicio con la cara y la cabeza tapadas. Rasgo que evidencia la vergüenza y la marginalización existente, según Fulchiron “temen ser rechazadas por su comunidad y la propuesta es vincularse con ellas para sanarlo”. Soria, por su parte, reafirma la necesidad de la reconstrucción del tejido social latente en las comunidades: “Me vienen a la cabeza testimonios en los que las mujeres relatan cómo la violencia sexual siempre era pública. Querían que las comunidades lo vieran para mandar un mensaje: ‘Esto te pudo pasar a ti’, y así comenzar con el miedo de las comunidades hacia el ejército. Te dabas cuenta de que la violencia sexual era contra mujeres de cualquier edad. Hoy hay mujeres que en una misma familia nunca han contado lo que les ocurrió”.

Emergencia de la palabra

Los crímenes irresueltos junto a la escasa discusión de los años de plomo y la invisibilización de las violaciones sexuales tienen un vínculo ineludible con el presente guatemalteco, cuyo violenciómetro sigue a El Salvador en el ranking de los países más peligrosos del mundo junto con una de las más altas tasas de femicidios (Guatemala cuenta con 9,7 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes) en el continente.

Elsa Rabinales tiene 21 años y vive en una de las aldeas de sobrevivientes de 626 masacres perpetuadas por el ejército en el seno de la población maya. Esta joven mam sale por las calles con un megáfono a anunciar el festival en el que participa con su mamá Cristina y decenas de mujeres movilizadas desde otras aldeas. Las mujeres vestidas con estricto corte (falda tradicional) y huipil (camisa típica de las indígenas) caminan entre los puestos de la feria del pueblo y, acompañadas de un grupo de percusionistas, se animan, cada vez más fuerte, a gritar: “La vergüenza no es de las mujeres. La vergüenza es de los violadores” o “Yo rompo la impunidad, no tolero la violación, ni protejo a los agresores”. Consignas impensables hace tan sólo unos años cuando a las mujeres, además de violarlas, se las secuestraba para que cocinaran para las tropas mientras se las mantenía cautivas con status de esclavas sexuales.

Elsa es una de las organizadoras del festival de las mujeres y, además de estar atenta a que no falte la comida para las participantes y que suene la marimba tradicional, habla en representación de las redes. Si bien no vivió la violencia “en carne propia”, manifiesta sentir el abuso histórico corriendo por sus venas. “Mi madre es ex combatiente, defendió a su comunidad, a su pueblo, así vivió la guerra. Fue víctima de violación sexual, recibió varios golpes de los soldados, así como balas; afortunadamente está viva y me ha contado esta historia. Para nosotras, dar testimonio ha sido muy duro al principio. Porque las mujeres han dicho que para ellas recordar y testimoniar la violación sexual es sentir que están viviéndolo de nuevo. Pero han tomado valor a través de la red de mujeres para decir que ahora tenemos derecho, y comenzamos a poner fin a la violencia sexual. Porque ellas no quieren que sus hijas, sus nietas, vivan lo mismo. Entonces las mujeres dijeron: ‘El día que dé mi testimonio, ese día voy a ser libre, ese día voy a romper el silencio. Voy a sentir que quito ese nudo de la garganta’.”

Las mujeres fueron escuchadas por una porción de la sociedad que apoya el proceso y se conmueve con el coraje y la búsqueda de justicia, ante un racismo todavía rampante y despiadado. Mientras otra gran parte de la sociedad guatemalteca, en especial la derecha y el establishment, escucha a estas mujeres con escozor a causa de la voz de las mujeres a las que históricamente se las ha silenciado y ninguneado. Rechinando los dientes por la incomodidad de oír las voces vivas de quienes llegan de tierras arrasadas para ser protagonistas en la capital.

Diana Cameros, psicóloga clínica de la colectiva Nosotras las Mujeres, acompañó a las mujeres ixiles que testimoniaron y comparte su percepción acerca de la escucha: “Para las mujeres fue un acto de mucho valor, de mucho reconocimiento por parte de grupos de mujeres organizadas en todo el país, y creo que para la población en general fue develar una parte de la historia que existía, pero que nadie se había atrevido a contarla como la contaron ellas. Sobre todo para grupos de derecha que no pudieron negar que eso había sucedido y trataron de minimizarlo de muchas maneras. Pero lo importante es que se hicieron escuchar y que no se pudo negar lo que ellas contaron”.

Ana María Cofiño, co-editora de la revista feminista La Cuerda, cree que el juicio permite no sólo hablar de la violencia contra las ixiles y otras etnias sino pensar, además, la continuidad de la violencia. “Esto que ellas están denunciando sigue sucediendo de distintas maneras: bandas, mareros, persecución a la resistencia a las mineras y las mujeres siguen pagando con sus cuerpos, con sus vidas, el pecado de oponerse y de ser mujer.”

Guatemala con la justicia en el porvenir

El juicio encendió la mecha de una sociedad dividida. Una parte pelea por dar respuesta a un huracán militar que anotó las cifras más sangrientas de la región: 200 mil muertos, 100 mil mujeres violadas, 40 mil desaparecidos, 50 mil desplazados a México, un millón de desplazados internos que fueron protagonistas indirectos de la historia nunca visibilizada. Estos antecedentes históricos se encadenan a un presente en que la violencia social parece imparable. Otto Pérez Molina, actual presidente, ex militar y ferviente creyente en la “mano dura”, no ha sabido cumplir con sus promesas de orden social. Sin embargo, los puestos militares, la policía y el clima de “limpieza social” son presentes y densos en carreteras, calles y rincones de pueblos y ciudades.

El hecho de que la Corte Constitucional haya anulado todo el proceso o la sentencia era para muchxs algo esperable, según las periodistas de La Cuerda. “Estamos acostumbradas a la impunidad, sabemos que los poderes represivos son muy fuertes, inclusive muchas personas después del juicio tuvieron temor y un cuidado mutuo, porque esperaban que hubiera represalias. Durante esos diez días duró la sensación de creer que podíamos cambiar las cosas, conseguir hazañas. Creo que la anulación dio bajón. Pero en Guatemala esas paradojas, esa desazón, esa misma desilusión ante el sistema te da ímpetu para la resistencia”, enfatiza Cofiño.

Testimoniar ha sido reparador, sostienen las entrevistadas; sin embargo, no hay que tomarlo como un hecho aislado. Forma parte de un proceso de acompañamiento durante mucho tiempo. “Fue como el cierre”, grafica Cameros, y agrega que la sensación fue de declarar: “Aquí lo terminamos cuando hacemos la denuncia públicamente y nos escuchan”. El efecto multiplicador no se hizo esperar y es notable cómo se han abierto nuevos casos donde las mujeres ya dieron su testimonio de violencia sexual, como el del Sepur-zarco en Alta Verapaz. “Estas mujeres que estuvieron viendo algunas de las sesiones del juicio agarraron mucha más fuerza, más valor y están más convencidas todavía de la necesidad de llevar esta situación a cortes de Justicia.”

Ahora es necesario ir por más porque la Justicia, cuando existe, abriga y dignifica. En palabras de Elsa: “El juicio contra Ríos Montt ha sido muy satisfactorio. No les han importado las críticas de sus esposos, ni de su comunidad. Quieren que se haga justicia por todas las mujeres que sufrieron. Ellas comentaron que en esta ocasión por lo menos una vez se hizo justicia aquí en Guatemala”. Más allá de los diez días, medida absurda que se escapa entre los dedos, permanecen las voces de las mujeres y reverberan con la satisfacción del reconocimiento.