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1. ¿Está a favor de la legalización del aborto?

–Sí, para evitar la mortalidad por aborto que se produce mayoritariamente entre las mujeres más pobres y garantizar la igualdad en el acceso a servicios de salud que ofrezcan condiciones seguras para todas. El primer paso es lograr que el aborto no punible sea aplicado como corresponde. El veto del macrismo en la Ciudad es inaceptable porque desconoce lo que la ley vigente ampara y reconoce la Corte Suprema.

2. En su orden de prioridades, ¿dónde ubica a la violencia de género?

–Es un tema prioritario; una práctica ilegal e inaceptable. Se debe trabajar desde todos los ámbitos con políticas públicas que produzcan los cambios necesarios para detectarla, prevenirla, sancionarla y evitar las escaladas de violencia.

3. ¿Sabe cuántas mujeres murieron el año pasado por esta causa? ¿Cómo piensa que podría resolverlo?

–En 2012 se produjeron 255 femicidios. La violencia de género responde a una lógica específica y es necesario capacitar a los agentes del Estado involucrados para que no minimicen las denuncias y no revictimicen a las mujeres que reclaman la acción y protección del Estado.

4. ¿Sabe qué es un crimen de odio y cuántos hubo el último año?

–Es un acto perpetrado con fundamento en el origen étnico, religioso, de género, de orientación sexual o en la pertenencia ideológica de la víctima. La CHA registró seis casos de crímenes por orientación sexual.

5. ¿Qué legislación sería adecuada para prevenirlos?

–El aspecto más importante es el cultural; hay que trabajar en lo educativo, en las redes sociales y lo que allí se difunde, y en lo que transmiten los medios radiales y televisivos.

6. ¿Sabe cuál es la brecha salarial entre mujeres y varones? ¿Qué medidas tomaría al respecto?

–Está entre un 30 y un 35 por ciento. Puede pensarse en políticas de discriminación positiva, pero creo que el aspecto más importante es el cultural. Tener una mujer Presidenta que va por su segundo mandato es fundamental para derribar el mito de que los hombres están “naturalmente” más capacitados para conducir.

7. ¿Cuál cree que sería una licencia por maternidad adecuada?

–Serían seis semanas desde el parto para la recuperación de la madre y para el padre, de diez a quince días. La excedencia de 3 meses o más otorgada al/la que se haga cargo en forma directa del cuidado del/a recién nacido/a, sea la madre o el padre.

8. ¿Sabe cómo se toman las licencias por maternidad cuando se trata de una pareja de lesbianas? ¿Cómo lo regularía?

–Actualmente, una de las dos toma la licencia que le corresponde a la madre. Creo que debería ser igual que para los de diferente sexo. En las reformas que se hagan a las leyes que fijan las licencias por maternidad, debería especificarse para que no haya lagunas legales que las perjudiquen.

9. ¿Qué cree que debería hacer una niña o adolescente si le tocan la cola en el colectivo y cómo calificaría este hecho?

–Constituye una afrenta a la dignidad física y en los casos más graves, una forma de abuso sexual, que merece fuerte condena social. La educación sexual integral de niños, niñas y jóvenes debe tratar estos aspectos y fortalecerlos/as en su derecho a ser respetados/as, y para rechazar cualquier forma de abuso, pedir ayuda y denunciar.

10. ¿Cómo haría para que se implemente la Ley de Educación Sexual Integral? ¿Sus hijos/as la reciben?

–La Ciudad tiene una Ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 que no se aplica. El gobierno porteño no hizo nada. El presupuesto destinado a su implementación es de 50.000 pesos para este año, una cifra irrisoria. Debemos exigir que la ley se aplique.

11. ¿Cuál es la ley que le resulta prioritaria en materia de inclusión y equidad entre todas las personas?

–Tres áreas me parecen fundamentales en relación con inclusión y equidad: vivienda, salud y educación. Son las áreas más descuidadas por el gobierno macrista.

12. ¿Qué haría para terminar con la trata de personas y ayudar a las mujeres que salen de la explotación sexual?

–Desarticular las complicidades que participan y contribuyen con la trata de personas, un trabajo de largo alcance que requiere del compromiso de los poderes del Estado y de la sociedad. Deben fijarse estrategias para la recuperación psicológica y laboral de las personas afectadas.