El 9 de abril se volvió a presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La posibilidad de tomar el mismo camino que Uruguay o México D. F. había perdido estado parlamentario y, por eso, se renovó el pedido para que se discutiera en el recinto. La aprobación de la iniciativa es la gran deuda pendiente de la democracia y, otra vez, tiene el aval de sesenta diputados y diputadas y de trescientas organizaciones universitarias, sociales, feministas y gremiales. Además, refleja el apoyo transversal y multipartidario para que la clandestinidad no sea el gatillo que aniquile la vida o la salud de las mujeres. El proyecto fue presentado por Adela Segarra, del Frente para la Victoria, que remarcó: “Necesitamos debatir esta ley para brindar servicios de salud acordes a las necesidades de las mujeres. Históricamente los abortos clandestinos constituyen la principal causa de muertes maternas. Hay un sector que lucra con esta situación, por eso esta ley avanza en la democratización de la salud y garantizando derechos que resguarden a la población más vulnerable, que son las mujeres pobres y jóvenes. Este tema ya se ha instalado entre las argentinas y argentinos como una demanda más en el marco de ampliación de derechos”.

Además, al pedido para que las mujeres no aborten en consultorios fuera de control o solas en un baño lo acompañan, en una pluralidad transversal que saltea la antinomia oficialismo y oposición y que no tiene grietas: Manuel Garrido (UCR), Laura Alonso (PRO), Margarita Stolbizer (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur), Claudio Lozano (Unidad Popular), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Carlos Heller (FpV), Néstor Pitrola (Frente de Izquierda), Juliana Di Tulio (FPV), Virginia Linares (GEN) y Remo Carlotto (FpV), entre muchos otros que, en este tema, sí están de acuerdo en avanzar.