Salud sexual y reproductiva, bullying y adicciones son los temas que más preocupan en las escuelas secundarias porteñas. Unos 418 chicos y chicas de diez establecimientos emblemáticos de la Ciudad manifestaron que el acoso escolar, la educación sexual y el consumo de sustancias son problemas encarnados en su convivencia cotidiana. Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo, que para el segundo semestre del año prevé ampliar el relevamiento de un panorama territorial donde las necesidades básicas de lxs adolescentes continúan nadando en la insatisfacción.

El sondeo reveló que el bullying o acoso escolar refleja la principal inquietud de adolescentes en general: un 57,17 por ciento lo expuso como el tema en el cual debería trabajarse más en profundidad, especialmente en la prevención. Mientras que las adicciones y la urgencia de tratarlas “como problemática actual” concentra el 45,93 por ciento de las respuestas. Salud sexual y reproductiva tuvo un 42,34 por ciento de menciones, especialmente por parte de las mujeres, que solicitaron trabajar más a fondo con la difusión de material relacionado con educación sexual.

Más opacados, asoman como temas de alguna importancia la participación política (19,85 por ciento), el voto joven (18,45 por ciento) y la seguridad en los boliches (17,94 por ciento).

Las entrevistas se realizaron en los colegios Mariano Moreno y Nacional de Buenos Aires y las escuelas Mariano Acosta, Juan Pedro Esnaola, Carlos Pellegrini, Estanislao S. Zeballos, José León Suárez, Casal Calviño, Raggio y Otto Krause, luego de una puesta en común entre la franja entrevistada y la Subsecretaría de Juventud del organismo que dirige el ex legislador kirchnerista Alejandro Amor. “Recorrimos los secundarios con la idea de sacar la Defensoría a la calle para canalizar demandas, atender derechos vulnerados y establecer un vínculo directo con las y los jóvenes que viven y transitan la ciudad”, dijo el subsecretario José Derrico. A partir de lo que arrojó la encuesta “iremos trabajando con centros de estudiantes y docentes para articular mesas de diálogo, capacitaciones y contenidos”, que serán elaborados desde las subsecretarías de Derechos Humanos y de Derechos Sociales de la Defensoría.

Según Derrico, el disparador de las acciones presentes y próximas fue el bullying, mencionado y repetido por la mayoría de adolescentes que respondieron durante la encuesta. “Junto con la Dirección de Protección de Datos Personales, de la Defensoría, estamos armando una propuesta de trabajo para identificar métodos disponibles que garanticen la privacidad en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram son las más utilizadas.” El plan, que arrancaría en agosto, tiene como primera estación de prueba la Escuela Raggio, donde los ejes relevantes fueron adicciones y bullying.

En al menos 7 de los 10 colegios encuestados consideran la problemática de las adicciones en primer lugar, si bien no se especifican tipos de sustancias a las que refieren. La subsecretaria de Derechos Humanos, María Graciela García, destacó las entrevistas con docentes y “la priorización de estos temas, que nos parecen relevantes, para trabajar con la consigna de que la violencia entre pares no puede ni debe ser naturalizada”. La búsqueda de canales de diálogo y la posibilidad de “entender juntos” los factores de conflicto que se multiplican en las escuelas “son formas posibles de empezar a encontrar respuestas. Creo que estas situaciones pueden resolverse: una presencia amistosa para poder trabajar con jóvenes es una salida muy importante”.

García confirmó la elaboración de un proyecto a aplicarse durante el segundo semestre del año en los secundarios públicos, con la incorporación “de las redes sociales a la escuela”, para desarmar y desalentar las tramas de violencia que hasta ahora quedan restringidas en un cerco adolescente. Deshacer la trama “para promover nuevas perspectivas que incluyan a los adultos es un tema sensible a docentes y autoridades educativas, que se mostraron proclives a una apertura institucional”. El 19 de junio, la Subsecretaría de Juventud organizó un primer encuentro oficial con centros de estudiantes para diagramar una agenda común y abordar los problemas específicos de las instituciones que representan. Participaron los centros de los colegios Nacional de Buenos Aires, Normal 6, Julio Cortázar, Lengüitas, Fernando Fader, Mariano Acosta, Nicolás Avellaneda, Nacional 17, Instituto Comunicaciones y el Instituto Argentino Excelsior.

Y dónde están

los recursos

Desde que se sancionaron, las leyes 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI nacional) y la 2110, de la Ciudad, no se cumplen. Los obstáculos para aplicarlas surgen en el no uso de los recursos porteños existentes, la falta de espacio para la participación de jóvenes y niñxs, capacitaciones de pocas horas, la resistencia de algunas direcciones educativas y de docentes, y las presiones de la Iglesia para detener lo que significa nada más ni nada menos que un derecho ciudadano y una obligación del Ejecutivo porteño. “Es una asignatura pendiente que ya lleva ocho años de demora y que el gobierno sigue incumpliendo. No existe una planificación seria que permita llegar a todas las chicas y chicos”, lamentó la ex legisladora María Elena Naddeo, a cargo de la Dirección General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría.

Ese 42,34 por ciento que se desprendió de la encuesta con el reclamo de trabajar “a fondo” en la difusión de material sobre educación sexual traduce lo que la médica Mabel Bianco denomina “una falta de prioridades”. Para la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), “si bien las falencias de educación sexual ocurren en todo el país, el problema en la Ciudad de Buenos Aires es que existen demasiados esfuerzos, pero chicos y desparramados. Hay cualquier cantidad de limitaciones. De repente, de la directora para abajo todos se lavan las manos y dejan pagando al docente. Y esto ocurre en el 99 por ciento de las jurisdicciones argentinas”.

Atenta a la situación, desde la Subsecretaría de Derechos Sociales que conduce Livia Ritondo y que tiene bajo su órbita la Dirección de Salud encabezada por la médica ginecóloga Diana Galimberti, se está realizando una serie de intervenciones en promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. “No sólo dirigidas a adolescentes sino a la población en general”, destacó Ritondo. “Hacemos un seguimiento para que el personal médico de la salud pública, de obras sociales y prepagas, brinden información sobre todos los métodos anticonceptivos, y garanticen la distribución gratuita.” A partir de agosto se intensificarán las recomendaciones de cumplimiento, las charlas con los servicios involucrados y talleres de concientización con púberes y adolescentes, “con acompañamiento desde las escuelas”, estimó Ritondo.

Lo cierto es que las adolescentes encuestadas esperan más información de la que circula en la actualidad. Son ellas quienes desenmascaran que lo emitido en las aulas no termina de convencer o por lo menos suena a escaso. Bianco admitió que las voces femeninas predominan en los talleres de ESI que Feim desarrolla en escuelas secundarias porteñas, en convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. “Por un lado, el pedido de educación sexual es unánime, planteado como una necesidad en los talleres que realizamos en todo el país. Pero siempre son las chicas las que se muestran más interesadas, las que buscan tener mejor información. Los varones nunca lo reconocen porque no van a aceptar que no saben. Muchos preguntan sobre el sida, pero no indagan en otros aspectos de la sexualidad. En los talleres advertimos que chicos y chicas no tienen demasiado diálogo con familiares, salvo con las madres. Pero recurren a ellas para saber cómo cuidarse, hablar de los riesgos, de la menstruación. Nunca para hablar sobre sus sentimientos o de las cuestiones relacionadas con el placer.”

En “La mala educación”, un artículo de Luciana Peker publicado en Las12, que desgrana el “Monitoreo de la Ley de Educación Sexual de la Ciudad” elaborado por el espacio La Fábrica Porteña, se alerta sobre una “tercerización” de la tarea de enseñar y difundir. “Casi nueve de cada diez pesos que la gestión PRO invierte en educación sexual se maneja fuera del Estado. ‘A partir de 2012 los recursos asignados al Programa de Educación Sexual Integral son ejecutados a través de organizaciones no gubernamentales. En 2014, la transferencia a ongs por medio del ESI alcanza el 86 por ciento del gasto de la partida, lo que podría hacernos suponer que casi la totalidad de los talleres de educación sexual y la formación de docentes, con un presupuesto ya muy escaso, es realizada por parte de ongs.’ No hay información oficial sobre cuáles son estas organizaciones y cómo es el trabajo que realizan.” Su alcance sólo estaría llegando al 10 por ciento de las escuelas porteñas.

“Las ong somos cinco y cubrimos pocas escuelas, aproximadamente cinco por año cada una, por lo que queda más del 90 por ciento de las escuelas sin cubrir”, detalló Bianco en esa nota. “Quiere decir que si el Ministerio de Educación no tuviera otros recursos y presupuesto para atender a esas otras escuelas, sería muy insuficiente.”

La ESI y la promoción de derechos sexuales y reproductivos son herramientas “efectivas y necesarias”, que, basadas en una información confiable, reafirman la autonomía de las mujeres y generan nuevos accesos, concluyó la subsecretaria de Derechos Sociales. “No puede haber pautas culturales por sobre las garantías de los cuidados. Existe un derecho a la información y debe cumplirse.”