Una mujer que termina pateada en el piso no tiene que aguantar una patada más en su vida, ni un insulto tirado como dardo en el corazón del dolor, ni un billete sacado de su billetera sin su permiso. Ni que él le diga que es muy puta y se pasó el cepillo por el pelo para encamarse con sus compañeros de remisería, ni que se duerme a la noche sin lavar los platos de la cena y no es como las esposas de sus compañeros de fútbol. Ni que le tiene que sacar la plata de su sueldo porque si no ella la dilapida en chucherías o paga de más a comerciantes que la toman de tonta, como si le robaran en la ruta. Ni que le van a sacar a los chicos porque ella es mala madre y siempre está desequilibrada. Loca, loca, loca. La violencia anormal siempre apunta a que ella no es normal. Pero una mujer víctima es cuerda y no tiene que aguantar la locura de la violencia. ¿Cómo se la ayuda a aguantar lo que viene después de la denuncia?

El día después –desde el que tanto se critica a las que después de un arrebato de no va más, se arrepienten y vuelven a su hogar en busca de alguien que pague la leche o del cuarto donde todavía están los cuadernos de los hijos, o para poner paños fríos a una tensión que nunca se enfría– es el más difícil. No se trata de pedir heroínas, sino mujeres que puedan sobrevivir y salir fortalecidas con la valentía de empezar una nueva vida. Sin embargo, los agresores no reciben con resignación y aceptación la noticia. Se oponen a irse del hogar o a que la mujer se vaya. Y, aun cuando existan órdenes de restricción de acercamiento –a la casa, al trabajo, a la escuela o a la persona en la vía pública–, en muchos casos violan la prohibición y se ceban en la impunidad de poder ser más vivos que la Justicia. Una de cada tres mujeres víctimas de violencia padecieron nuevas agresiones luego de la denuncia y explicaron que los denunciados incumplieron las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia, según la Defensoría General de la Nación.

Actualmente, incluso, las violaciones a las ordenes de restricción quedan dispersas en la Justicia y no se incorporan al mismo expediente por violencia de género en un desorden judicial –que proponía reorganizar el olvidado anteproyecto de reforma del Código Penal– que genera una burla a la Justicia y una ineficacia salvaje de las medidas de protección que no protegen a la víctima. También hay proyectos de ley para que sea penada la persona que viole el domicilio, si ya existe una medida cautelar de exclusión o de prohibición de acercamiento.

Pero si un maltratador está dispuesto a todo y se trepa por una medianera a la que le conoce sus trucos (porque fue su casa), logra que un vecino le abra (porque lo conocen) o se aparece en la esquina de fútbol adonde el nene va todos los miércoles: ¿cómo se para a alguien cuyo problema es, justamente, que es imparable? Con protección. Pero los refugios de alta seguridad son muy pocos y, aunque la víctima pueda esconderse un tiempo, después tiene que seguir con su vida. La custodia policial es otra alternativa –siempre con la incertidumbre de una policía sospechada y machista– pero, además, difícil de sostener a tiempo completo y para todas las víctimas.

UNA ALERTA PARA LA INSEGURIDAD INTIMA

El botón antipánico aparece como una respuesta posible para bajarle el pulgar a la continuidad de la violencia de género. Tiene el tamaño de un llavero (como si fuera un miniteléfono o MP3) y puede ser pulsado por la mujer para pedir ayuda, cuenta con un GPS que arroja su ubicación y un grabador que guarda conversaciones, que permitirían ser usadas como prueba judicial. No es la panacea ni la solución a todos los problemas. Requiere una estrategia de distribución; una inversión que tome el maltrato a las mujeres como política pública; una ideología que entienda que la inseguridad íntima –la que sucede puertas adentro o con agresores cercanos– es una amenaza mucho más latente para las mujeres que la inseguridad callejera, sorpresiva y con desconocidos, y que el sistema de monitoreo de ese grito silencioso ante el miedo responda pronto y eficazmente al rescate de la víctima amenazada o en peligro.

Ya hay experiencias en Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Morón y Lanús, entre otras localidades de distribución de dispositivos de localización y alerta a autoridades de la fuerza de seguridad. En esos casos, las provincias o municipios compran de su presupuesto el dispositivo y, a través de la Justicia u organismos contra la violencia familiar, lo entregan a las víctimas. El aparato es un GPS que empodera y tranquiliza.

En las comisiones de Justicia y de Familia, Niñez y Adolescencia del Congreso Nacional se encuentra el estudio de un proyecto para nacionalizar su uso. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, una propuesta para garantizarles a las bonaerenses en riesgo un llaverito que le puede cerrar las puertas al miedo, espera que en el Senado se dejen de disputar quién se apropia de la agenda de la inseguridad y se aboquen a la inseguridad íntima que más aqueja a las mujeres.

El precio de cada botón le costaría al Estado 1500 pesos por unidad, según el presupuesto que le informó a Las 12 la empresa argentina Coradir S.A., que lo fabrica en San Luis, y 100 mil pesos el software, según cálculos de una municipalidad. Por supuesto, hay que sumarle la necesidad del monitoreo y los efectivos para dar respuesta.

Para dimensionar el costo económico y el beneficio en prevención, por ejemplo en 2013 sólo la Defensoría General de la Nación atendió 1492 casos de violencia de género en el ámbito familiar. Y casi 300 personas por mes se acercaron a consultar. El 99 por ciento fueron mujeres. Y la mitad se encontraba en situaciones graves y urgentes, ya que un 51 por ciento era de riesgo alto o altísimo y un 39 por ciento riesgo medio, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y sólo el 1 por ciento de las denunciantes sufrió una sola vez maltrato. La mayoría, durante dos a diez años. Por lo tanto, si a esas 746 mujeres que se acercan a denunciar con un riesgo alto se les puede proveer de un adminículo para guardar entre los dedos y prevenir abrir las manos para defenderse de un puño, al menos, se otorga una estrategia de defensa. El costo del resguardo, en el ejemplo de estos casos subrayados en rojo por organismos del Poder Judicial, sería de 111.900 pesos en un año.

Otro ejemplo: en Tucumán, el 47,7 por ciento de las denuncias atendidas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia provincial están en alto o altísimo riesgo (y también sufren una altísima frecuencia de episodios de violencia) y sólo el 2,3 por ciento no tiene ningún riesgo, de las 10.671 personas atendidas desde el 19 de abril de 2010 al 17 de junio de 2014. Un dato escalofriante, entre las consecuencias psicofísicas de cómo la violencia afecta a las mujeres: 389 víctimas intentaron suicidarse.

A nivel nacional, el principal y nuevo dato que existe de potenciales víctimas es que la Línea 144 recibió 16.516 llamados, desde el 17 de septiembre de 2013 hasta el 30 de junio del 2014. Hay 14.258 casos de violencia de género y 2258 rellamados de casos anteriores, según las cifras de la Subsecretaría de Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Consejo Nacional de las Mujeres.

Por supuesto, los riesgos son que la víctima sea la que tenga que estar en permanente estado de paranoia sin disfrutar de su libertad, que se potencie una sociedad cada vez más vigilada y controlada, que la tecnología instale un panóptico sobre las vidas de las mujeres que, justamente, querían salir del control machista. Que por activar la alarma una mujer pueda aumentar el riesgo frente a su agresor y que termine expuesta a una situación de alta conflictividad, sin que el rescate de las fuerzas de seguridad llegue a tiempo. Sin embargo, la expansión de la tecnología como una herramienta de comunicación a través del teléfono celular (que, aunque la mujer llame al 911 no sabrían quién es ni qué riesgo corre) y la probabilidad de recibir ayuda frente a una nueva agresión, prevalecen en el debate.

“El Botón Alerta Temprana produce en la víctima una sensación de seguridad porque cuando lo activa las personas que lo operan ya saben que es una víctima de violencia, con lo cual sólo explica que el agresor está cerca y no se revictimiza como cuando llama a otros teléfonos”, contextualiza Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro. Su compañera, Ada Rico, enmarca: “Los botones tienen que ser una herramienta más que pueda ofrecer la Justicia en todo el país, sólo para las víctimas que tengan medidas de restricción. En realidad, el que tendría que estar controlado es el agresor, pero estamos muy lejos de ello. Por eso, en los lugares que existe, el resultado es muy bueno”.

La polémica sobre la efectividad o el marketing de las nuevas tecnologías en políticas de seguridad también llegó al gobierno nacional. Ya hubo conversaciones que por ahora no se concretaron, según funcionarios que piden reserva de su identidad, para implementar la distribución de dispositivos en todo el territorio y no sólo en algunas localidades. Aunque, por ahora, no se encaminó esta propuesta. “Es una necesidad urgente”, remarca el ex diputado (mandato cumplido) Gustavo Ferrari, actual asesor general de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y quien propuso, en 2011, la iniciativa en el Congreso de la Nación para que el Poder Ejecutivo sea el encargado de proveer a las víctimas el sistema de alerta conectado con las fuerzas de seguridad.

Ferrari sostiene: “Las nuevas tecnologías permiten a los Estados dotar de herramientas eficaces que resguardan y empoderan a las mujeres frente a las situaciones de violencia. El botón antipánico es un mecanismo de aviso inmediato a las autoridades y fuerzas de seguridad en forma georreferenciada, y es un probado elemento de defensa. Este tipo de avances tecnológicos deben ser puestos en práctica lo antes posible para las víctimas de violencia doméstica”. La diputada Virginia Linares (GEN) sigue los pasos del proyecto, aunque lamenta que “estuvo a principio de año entre los temas para que estudien los asesores y lo tenemos en nuestra agenda, pero no hemos podido avanzar... todavía”.

En la provincia de Buenos Aires se dio un paso más, ya que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para poder implementarlo en todo ese territorio, en noviembre de 2013, y luego pasó al Senado. Ahora tiene despacho de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia: aunque está estancado en las comisiones de Presupuestos e Impuestos, y Asuntos Constitucionales y Acuerdos, por las discusiones sobre la policía comunitaria entre las distintas agrupaciones políticas. No se entiende que la inseguridad íntima tiene su propia urgencia y características. Y si esta iniciativa no se trata antes de fin de año pierde estado parlamentario.

La impulsora es la legisladora bonaerense Karina Nazabal, del Frente para la Victoria. Ella subraya que “la tecnología nos resuelve a diario la vida cotidiana. Esta vez nos da la posibilidad de llegar antes cuando una mujer que, aun teniendo sus medidas judiciales, está siendo violentada y necesita ayuda. Con este dispositivo buscamos garantizar una intervención más ágil por parte de las fuerzas de seguridad que, a través de un centro de monitoreo, recibirán inmediatamente el pedido de auxilio de la víctima. Muchas veces la clave para evitar una víctima fatal está en llegar a tiempo con una palabra, con una política pública o con un móvil policial”.

En esta iniciativa bonaerense tendrían acceso al botón antipánico todas las personas en situación de violencia familiar que lo requieran –o si lo pide el fiscal o la fiscal de la causa al juzgado interviniente– y por el tiempo que la Justicia disponga que la víctima necesita ser monitoreada. Además, se estipula que el dispositivo de alerta puede ser empleado como medio de prueba en el proceso judicial, especialmente si se graban conversaciones que muestren la violencia psicológica o quede constancia de sonidos de golpes. Además, si se aprueba, se tendría que crear el Registro de Dispositivos de Control y Monitoreo, que contendría una base de datos con toda la información de los botones entregados. El punto complejo es que se tienen que hacer convenios con los centros de monitoreo y control existentes en los municipios, pero la laguna puede estar en las localidades más pobres, atrasadas o sin servicios y, de esta manera, se pueden producir inequidades geográficas. Por eso, se invita a los municipios a adherirse al sistema normativo. Y se autoriza al gobierno de la provincia de Buenos Aires a adecuar el presupuesto para realizar la inversión necesaria.

En la Ciudad de Buenos Aires hay 1562 botones activos por violencia intrafamiliar y se realizaron, a través de su uso, 229 detenciones de agresores. “Los botones resultan una herramienta fundamental de cuidado, prevención y asistencia a víctimas, ya que el aparato está conectado con la Central de Monitoreo de Alarmas Fijas y Móviles, desde donde se envían los mensajes de alerta al Comando Metropolitano. Trabajamos articuladamente desde las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, porque queremos que las mujeres se sientan acompañadas, seguras, que sepan que existe una salida a las situaciones de violencia”, asegura la ministra de Desarrollo Social porteño, Carolina Stanley.

En Lanús, el intendente Darío Díaz Pérez estableció que en todos los casos de violencia de género para los que la Justicia pida la provisión del botón antipánico se entreguen inmediatamente (a cargo del Poder Ejecutivo local) para fortalecer a las mujeres. Hasta ahora fueron requeridos por vía judicial en cuatro casos. Y se seguirán entregando en el contexto de la intervención interdisciplinaria en los barrios, desde la Coordinación de Políticas de Género y Diversidad Sexual.

En Morón, el intendente Lucas Ghi incorporó el botón de auxilio para prevenir casos extremos de violencia de género después de que Alejandra Córdoba fuera asesinada por su ex pareja, Claudio Pagliuca, el 4 de octubre de 2012. Ya se entregaron 30 alarmas conectadas con la Central de Monitoreo y Coordinación de Emergencias del Municipio a 30 víctimas cuya situación está judicializada y corren riesgo de muerte. No se trata sólo de un silbato. También hay asistencia integral en el Centro Vivir Sin Violencias, que atiende, en promedio, mil consultas por año.

TRES SEGUNDOS

para pedir ayuda

–¿Qué esperás? ¿Qué esté muerta? –le preguntaba, enojada, Verónica, ex trabajadora doméstica y actual empleada en una panadería, a quienes atendían su causa judicial por la agresión del hombre con el que estuvo 23 años en pareja. En 2008, hizo su primera denuncia por violencia física. Y empezó a ir al Centro de la Mujer de Morón. Se refugió en un hogar, pero el agresor la encontró y se llevó a sus hijos, una nena que hoy tiene 9 años y dos varones de 13 y 16 años. La policía los recuperó. Pero antes tuvo que escuchar que le dijeran, en la Justicia, que un padre no se roba a sus hijos. Lo tuvo que escuchar ella porque no tenía abogada. El sí. Y se robó a sus hijos –hay padres que sí roban a sus hijos– dos veces. También, el padre, los ahorcaba, los asfixiaba, los bañaba con agua fría y los hacía dormir en un gallinero.

En 2012, Verónica se mudó a lo de su mamá. El no entendía de límites. “Te vas a quedar sin puerta”, la amenazó. Y arengaba: “A mí no me meten preso”. Ella esperaba, despierta, lo peor. Y, desvelada, vigilaba durante la noche junto a 20 litros de agua. El 16 de junio de 2012 tuvo que usarlos. A las dos de la mañana, él le prendió fuego la casa. “La Justicia nada, me prendió fuego y nada”, se queja. La inseguridad es íntima y es distinta a la inseguridad que llena de blablá y envalentona a los políticos en campaña. A Verónica le pedían testigos y a las dos de la mañana no hay testigos que vean cómo arrasan con la vida de una mujer dentro de sus paredes venidas abajo por la violencia. El derrumbe es como un dominó que voltea todo y la única víctima no es la mujer. Su hijo mayor, a la semana del incendio, se escapó de lo de su padre y volvió con ella. “No sé por qué la Justicia no se los sacaba”, se pregunta Verónica. El agresor se enfureció ante la huida. Volvió a atacar y cometió un único error: lo hizo a las dos de la tarde y los testigos (los grandes ausentes en las causas de violencia familiar) aparecieron para demostrar que el agresor le había roto todos los vidrios. En ese momento, le pusieron custodia policial las 24 horas por tres meses. El agresor también tenía restricción a su casa, a la escuela y a los lugares donde practicaban deportes los chicos. “Pero él nunca respetó nada”, advierte la mujer. Una vez, incluso, llegó hasta los dos metros del grupo de ayuda para mujeres en situación de violencia. Hasta ese momento, todas las órdenes de la Justicia eran como arena entre las manos, que se escurría sin poder generar ninguna barrera. Por eso, el gobierno de Morón le otorgó un botón antipánico en 2012. Verónica es un claro ejemplo de por qué implementar su funcionamiento. “Lo tuve que usar, y muchas veces, más de 15, y hasta tres veces por día”, contabiliza. Ese aparatito de la mitad de tamaño que un celular, con un botón para cargar y otro para pulsar, se convirtió en su aliado. Cada vez que él aparecía contaba uno, dos, tres segundos con la yema del pulgar apretado y respiraba. Ya había llamado. Entre los siete y los diez minutos aparecía una camioneta de la Municipalidad de Morón y la policía en el lugar que ella estuviera. El le dejaba notas, la amenazaba, pero se tenía que ir. “La Justicia es lenta y te enojás porque te dicen: ‘¿Estás lastimada?’. Y si no ven las consecuencias, no te ayudan. Pero son cosas que de a poquito van mejorando”, relata Verónica con un currículo de 50 denuncias como víctima de violencia de género.

–¿Te sirvió el botón antipánico?

–Me sirvió para protegerme. Lo ideal sería no haberlo usado. Pero, por lo menos, te resguarda. Y llegan bastante rápido a ayudarte. El viene y te golpea, te deja notas, te despierta a las trompadas, pero lo hace en tres minutos, ya sabe que enseguida viene la policía. Y cada vez que tocás el botón, tenés que ir y hacer la denuncia. También pude hacer grabaciones con amenazas a mí y a los chicos. El fiscal después de ver tantas denuncias lo mandó a detener, en 2013, por desobediencia, y fue preso un año a la cárcel de Olmos. Ese año estuvimos tranquilos. Tuvo un juicio abreviado con una pena excarcelable y salió en libertad el 22 de marzo de este año. No sé si aprendió la lección o está planeando algo. Creo que va a andar rondando, vigilando. Yo sigo con miedo. Tengo el botón encima. Me lo dieron por 60 días más. Necesito tenerlo porque él no respeta límites. Y ante eso tengo que estar prevenida. Lo llevo. Para algo sirve. Me siento menos sola. Y cuando te empezás a sentir protegida, te sentís más fuerte. Yo pesaba 40 kilos, no comía, no dormía, tenía las persianas de mi casa siempre cerradas. Ahora soy otra, con ganas de vivir.