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Por Isabel Villar *

Del histórico cambio que puede protagonizar el Uruguay el próximo domingo, si por primera vez la izquierda representada por el Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría gana el gobierno nacional, no están ausentes las mujeres. Es más: las militantes de izquierda han luchado a brazo partido por alcanzar esa meta, dando ejemplo de trabajo conjunto más allá de diferencias sectoriales. En la campaña, además, destacan por su número y entusiasmo en actos y caravanas, y registran como nunca la confianza que les depositan las otras mujeres, las ciudadanas que definirán con su voto quiénes dirigirán los destinos del país durante los próximos cinco años.
Sin embargo, la visibilidad alcanzada en esos ámbitos no se refleja en el número y menos aún en los lugares que ocupan las candidatas en las listas electorales. En la disputa por el poder, las dirigencias de los partidos -masculinas en abrumadora mayoría– han vuelto a relegarlas a posiciones de escasa expectabilidad. La relación entre lugar ocupado en la lista y posible cosecha de votos –según intención de voto relevada por las encuestas de opinión pública– es inversamente proporcional. Tan es así, que es justamente en los partidos francamente minoritarios, que ni siquiera alcanzarán alguna representación parlamentaria, donde aparecen hasta candidatas a la vicepresidencia, como es el caso del Partido Intransigente y el Partido de los Trabajadores.
Las listas encabezadas por mujeres son excepcionales, y la escasez no distingue entre izquierda y derecha. Tomando como referencia los 10 primeros lugares, la población femenina crece preferentemente en los últimos.
Así las cosas, es que se puede pronosticar que en la próxima legislatura habrá todavía menos mujeres que en la actual, y en la actual son muy pocas: apenas constituyen el 10 por ciento en el Senado y el 12 por ciento en Diputados.
A diferencia del resto del Mercosur, en Uruguay no se llegó a adoptar ninguna medida de discriminación positiva, lo que podría haber contribuido a mitigar el desbalance que existe en la representación por género. El proyecto de Ley de Participación Política, que reservaba el 30 por ciento de las candidaturas a cargos electorales para las mujeres, naufragó el año pasado en la Cámara de Representantes, que sólo se atrevió a votar una tímida declaración de buenos propósitos; en el Senado no alcanzó a discutirse. Ni siquiera hay consenso a este respecto entre las actuales legisladoras, algunas de las cuales siguen apostando a la competencia, pese a ser sabido que en la confección de listas ese indicador es lo que menos pesa.
No extraña demasiado entonces que en materia de representación femenina en la próxima legislatura, la opción de máxima sea de 12 legisladoras y la de mínima de 9, distribuidas a razón de tres en el Senado y el resto en Diputados.
La izquierda es la que aporta el mayor número de candidatas, y entre ellas están también la mayoría de las que pueden llegar a ocupar efectivamente una banca. Tal es el caso de las tres senadoras que se pronostican, todas con experiencia legislativa anterior. Dos de ellas (la socialista Mónica Xavier y la comunista Marina Arismendi) son actuales senadoras; la tercera, Susana Dalmás, lo fue en una legislatura anterior.
También son de izquierda cuatro de las diputadas que tienen prácticamente asegurada la reelección: Daisy Tourné (Partido Socialista), Margarita Percovich (Vertiente Artiguista), Lucía Topolansky y Nora Castro (Movimiento de Participación Popular) y dos más con posibilidades Silvana Charlone (independiente postulada por el Partido Socialista) y la emepepista Mónica Travieso. En los partidos tradicionales la situación es todavía más dramática. Lo más probable es que el Partido Colorado, actualmente en el gobierno, no tenga ninguna mujer en el próximo Parlamento. El Partido Nacional, que disputa más cerca de la izquierda el gobierno nacional, aportaría dos: una ya diputada –Beatriz Argimón– por desplazamiento al Senado del titular al que supliría en la Cámara baja, y otra de nueva incorporación –la militante de base Sonia Etcheverry– bien posicionada en la lista del presidenciable Jorge Larrañaga.
La opción de máxima (12 legisladoras) podría alcanzarse por desplazamiento hacia el Poder Ejecutivo de un senador titular –Danilo Astori, predesignado ministro de Economía y Finanzas para un gobierno presidido por Tabaré Vázquez–, y en el caso de que otra diputada actual –Martha Montaner, Partido Colorado– acceda desde el interior del país por asignación de banca excedente en su circunscripción territorial.
Conscientes de que para las elecciones del 31 de octubre se había perdido la batalla respecto del Parlamento, hubo algunos intentos de comprometer la voluntad política de las dirigencias partidarias en cuanto a la conformación del Poder Ejecutivo.
Uno fue el de la única precandidata a la presidencia que compitió en las elecciones internas del 27 de junio pasado –Cristina Maeso–, quien comprometiera por escrito y bajo firma a todos los demás precandidatos -entre los que se seleccionaron los actuales presidenciables– a colocar la mayor cantidad de mujeres en sus listas, por un lado, y por otro a mejorar la representación de género en sus gabinetes si llegaban al gobierno.
Feministas y militantes de izquierda optaron por demandar directamente la equidad en el Ejecutivo, a través de lo que llamaron Iniciativa 50/50, que no requiere ley alguna para su implementación: con voluntad política alcanza, aunque suele ser lo más difícil de conseguir.
En una compulsa preelectoral, a la que sólo respondieron los vicepresidenciables Sergio Abreu del Partido Nacional y Rodolfo Nin Novoa del Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría, el primero no se atrevió a arriesgar una estimación numérica de ministras, y el segundo comprometió su empeño en lograr que sean al menos tres. Cualesquiera sean los resultados de las elecciones del próximo domingo, la hora de la verdad a este respecto llegará en marzo próximo.
Mientras, flamea la esperanza en miles de banderas de la promovida izquierda, en cuya gestión se depositan expectativas democráticas y de justicia social.

* Periodista de La República de las Mujeres, suplemento del diario La República.