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La ola reaccionaria –ninguna metáfora mejor que la marítima, parece que retrocede pero sólo para volver con renovada fuerza– tiene sobre su cresta a eximios surfistas: cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia –Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano– que acaban de prohibir la venta de la píldora llamada del día después, un método de anticoncepción de emergencia que evita el embarazo si se la ingiere hasta 72 horas después de un coito no protegido.
La noticia no podía ser peor, más si se toma en cuenta que el fallo fue emitido el mismo día en que se conocía otro arrebato conservador: una jueza de la Nación declaró inconstitucional la ley de salud reproductiva, que en medio de intensos debates fue aprobada el año pasado por la Legislatura metropolitana; aunque esta última medida sólo tiene efecto sobre las tres familias presentantes.
¿Habrán pensado los jueces de la Corte que su intervención directa sobre el cuerpo de las mujeres se daba justamente cuatro días antes del 8 de marzo? Difícil pensar que hayan tomado en cuenta ese pequeño detalle, preocupados como están por su suerte en el inminente juicio político que muchos de ellos deberán afrontar. ¿Sería conspirativo pensar en una secreta venganza por el tronar de las cacerolas, elemento que en más de un sentido alude a la condición de mujer? Lo cierto es que su fallo, sustentado en consideraciones filosóficas sobre el comienzo de la vida humana –para ellos sucede aun antes de que exista vínculo biológico entre la madre y el huevo y por eso la píldora sería abortiva–, intentó quitar una herramienta valiosa para la prevención de embarazos no deseados. Una estrategia que podría volverse inocua si se difundiera adecuadamente que el mismo efecto de la pastilla del día después puede lograrse ingiriendo en los plazos adecuados una cantidad mayor de pastillas anticonceptivas. Claro que cuentan a favor con la falta de información y de acceso de millones de mujeres al sistema de salud. Expuestas al juicio torvo, de los mismos que las condenan a no poder decidir cabalmente sobre sus cuerpos, que las califica como madres “irresponsables o desnaturalizadas”, por no poder hacerse cargo de los hijos que paren -¿recuerdan el caso de la jueza que en Córdoba decidió dar en adopción el hijo de una mujer pobre que no había cedido su patria potestad?-. Decisiones como la que tomó la corte son ciegas frente a la realidad de la mortalidad materna por complicaciones en abortos candestinos, realizados sin las condiciones sanitarias adecuadas. Es verdad, puede que ni siquiera se enteren, a pesar de que las estadísticas dicen que cada dos partos se realiza un aborto, las que mueren son las mujeres pobres.
El ámbito de la Justicia parece ser un refugio cálido para los dinosaurios que se niegan a desaparecer. Allí recurrieron los abogados Carlos Esteva, Roberto Castellanos y Eduardo Sequieros, quienes el año pasado consiguieron un recurso de amparo para evitar que sus hijos tengan acceso a los diferentes métodos de anticoncepción aprobados, como lo habilita la ley de Salud Reproductiva de la Ciudad. Ahora fueron por más: reclamaron la inconstitucionalidad de la ley por entender que vulnera la patria potestad de los padres, como si los adolescentes fueran objetos sin discernimiento. Tuvieron suerte, esta semana el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 34 les dio la razón. Esteva, el más agitado promotor del recurso, parece entender incluso mejor que muchas feministas que lo personal es político y no se conformó con educar a sus hijos de la manera en que más le guste sino que busca universalizar sus creencias, aun cuando así se niegue que los adolescentes tienen una sexualidad activa que les exige contar con información y atención médica adecuada.
Estas últimas noticias propias de la Edad Media, son sólo las últimas. En septiembre de 2000 un escrito aparecido en la primera página de la revista La Ley, firmado por el ex juez Eduardo Cárdenas, puso en evidencia una estrategia usada en más de un país que intenta rescatar el espacio perdido por el patriarcado frente a leyes que hicieron visible la violencia y el abuso sexual intrafamiliar. Cárdenas arremete contra los profesionales de la salud que actúan como peritos en esos casos acusándolos de tener “unavisión feminista en lo ideológico”, que, según él, construye una “versión canónica” que negaría “el abuso de las denuncias de abuso” promovida por madres que sufrirían el “síndrome de alienación parental”. Un fenómeno descripto por un único profesional norteamericano (Richard Gardner) en el que se produce “un lavado de cerebro a los hijos” para volcarlos en contra del otro progenitor. Este síndrome no ha sido reconocido por ninguna asociación médica o psicológica, sin embargo su argumentación y el escrito de Cárdenas han servido para promover juicios por mala praxis en contra de los peritos que determinan si hubo violencia o abuso en un menor. El artículo de Cárdenas fue publicado dos meses antes de que Adriana García enterrara a sus dos hijos, asesinados por su padre, ya que el juzgado interviniente en Mar del Plata había desestimado sus pedidos de suspender las visitas.
Con los mismos argumentos, desde tribunales se promueve un taller de revinculación entre padres acusados de abuso y sus hijos e hijas que funciona en el Parque Japonés. Allí las madres, obligadas por fallo judicial bajo pena de multas o incluso prisión –en virtud de la ley penal promovida por la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi), promulgada un año antes que la Ley civil de Protección contra la violencia familiar–, deben llevar a sus hijos e hijas en un continuo de una pesadilla que parece no tener fin. Nadie puede dudar de que el ámbito ideal para el crecimiento de un niño o niña es la familia, pero tampoco que la familia puede funcionar como perpetuadora de las relaciones de opresión –principalmente entre los géneros– y como reproductora eficaz de esas relaciones hacia afuera. Décadas de lucha del movimiento de mujeres permitieron que se haga visible la violencia y el abuso intrafamiliar –esto último era algo que parecía imposible en este país hace veinte años–, quitándole a la familia ese velo endulcorado que hacía suponer que sus relaciones se regían por la moral y el afecto. Pero es claro que la lucha continúa y que los dinosaurios apelan a la familia cada vez que lanzan su cruzada conservadora.
La intervención de la Justicia –y más precisamente, de los jueces– sobre el cuerpo de las mujeres es evidente, no sólo en sus fallos sino también en la apelación constante de los médicos que recurren una y otra vez a su amparo, amenazados por las interpretaciones retrógadas de la ley. Se puso de manifiesto este mismo mes cuando una joven de 18 años que ya había tenido un hijo necesitó autorización judicial para ponerse un DIU. Y cada vez que un caso de anencefalia obliga a una mujer a solicitar frente a los estrados que se le permita interrumpir ese embarazo que sin duda pone en riesgo su salud. No importa cuántos fallos a favor de la interrupción hayan sido escritos, la intervención judicial, con el calvario de sus tiempos procesales, parece ser la única opción para que una mujer ejerza su derecho a la salud.