Soy consecuente con lo que hice en mi provincia, y no voy a tener una actitud diferente” respecto del tratamiento del proyecto que giró Diputados, precisa la senadora Silvia Gallego, del Frente para la Victoria, autora de la Ley de Procreación Responsable vigente desde hace una década en La Pampa. “El o la que requiera como solución a una problemática respecto de seguir teniendo hijos o no, o simplemente prefiera adoptar los métodos de ligadura de trompas o vasectomía, tiene el derecho de acceso, y además es obligación desde la salud que esas personas sean informadas de los pros y los contras.” A su entender, las opciones que tanto escozor provocan en algunos sectores “no deberían ser masivas en el sentido de que esos métodos sean los únicos que determinen la cantidad de hijos y los espacios intergenéricos. Pero no se puede negar la existencia de situaciones en las que este tipo de prácticas son necesarias para evitar, por caso, enfermedades que se retransmiten a los hijos”. Bastan otros ejemplos: mujeres a las que se les debe practicar una cesárea en cada parto. “He conocido casos de hasta siete cesáreas, todas realizadas en hospitales públicos. Esas mujeres no logran acceder a una ligadura tubaria porque algunos profesionales dicen que pueden ser acusados de haberlas mutilado. Si fallecen por un nuevo embarazo o estallido de útero nadie se hace cargo, y no hablo de casos hipotéticos.”

Precisamente, la ventaja de la ley “es que el hospital público tendrá que realizar estas prácticas y las obras sociales y prepagas deberán cubrírselas a sus afiliados. Creo que esto se enmarca en el derecho a decidir de cada persona y no me parece que sea discriminación hacia los pobres para que no tengan hijos. Por el contrario: es dar las mismas posibilidades a todos, con o sin recursos, con un Estado que las garantice”. Para eso, Gallego se propone despejar el camino de posibles trampas que obstaculicen el acceso a los métodos. “Sucede que la ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud, pero hay que dejar muy claro que más allá de los objetores, la institución tiene que garantizar las prácticas a las personas que las requieran.” Su intención es crear un registro de objeción en el hospital y en los colegios profesionales, “para que esos médicos tengan la misma objeción de conciencia en el área privada. Porque es necesario poner blanco sobre negro en las relaciones médico-paciente”. Cuestión de derechos humanos, advierte, cuando le mentan las políticas de limitación de natalidad que dejan oír los altavoces más conservadores. “No podemos seguir pensando que tod@s controlan responsablemente su sexualidad: cientos de miles de mujeres son violadas aun dentro de la relación familiar y no pueden manejarlo, porque son revictimizadas. Debemos permitir que la gente pueda decidir. Y eso es libertad.”