En los últimos quince días de enero, mientras los medios enfocaban Mar del Plata, por las olas, el viento y las bikinis, la perita psicóloga Beatriz Malbrán atendía a sesenta personas en el Tribunal de Menores Número 1 de Mar del Plata. En sólo quince días, y en el medio de otras cincuenta denuncias, le llegaron diez casos de abuso sexual. Uno de ellos, fue el de V.O., la adolescente de 14 años abusada por su padrastro y embarazada.

“La mamá y ella vienen al juzgado a hacer la denuncia por abuso sexual. La adolescente tiene un gran nivel de angustia y su mamá está decidida a que se realice un aborto, sabía dónde hacerlo y cómo hacerlo, pero quería que fuera legal para que se resguarde la prueba genética contra el abusador. Yo sugiero la interrupción del embarazo, porque esta nena no está en condiciones psicológicas de sostener siete meses más de embarazo y el parto. Ella vive una situación de vulnerabilidad y fragilidad extremas”, advierte Malbrán.

La perita describe la evaluación de la adolescente: “Tiene una disociación patológica entre sus afectos y sus palabras, dificultad para expresar sus emociones, una tristeza silenciosa permanente, sobreadaptación y dificultad para conectarse, trastornos del sueño, conductas regresivas con un apego excesivo a su mamá y miedos nocturnos, deterioro de sus defensas psíquicas naturales, miedo a los varones e ideas suicidas”. Y cuenta cómo sufre las consecuencias de la violación del hombre al que ella llamaba “papá”: “La chica vive el embarazo como algo intruso e impuesto, no asocia los síntomas corporales, por ejemplo, los vómitos con su estado. Lo único que le importa es ocultarlo y que nadie se entere. Ella pide ‘quiero que me saquen eso’. No lo vive como un hijo”.

A pesar de que la Justicia tiene que investigar el abuso sexual, el fiscal general de Mar del Plata, Raúl Fernández Garello, apeló la decisión de la Cámara Civil de esa ciudad a favor del aborto en nombre del “niño por nacer” y, en consonancia con esa postura, le ordenó al fiscal Carlos Pelliza –que debe investigar el abuso y apresar al abusador (todavía libre)– que interrogue a Malbrán por supuestas irregularidades en la pericia psicológica. “Ahora me investigan a mí”, ironiza ella.

Malbrán tiene veinticuatro años de trabajo en el área de abuso sexual, veintidós en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y dos en el Tribunal de Menores. Además, su pericia fue avalada por el Comité de Bioética del Hospital privado de la comunidad de esa ciudad. Pero la estrategia de apuntar contra la psicóloga perita no es casual ni aislada. En la Argentina se viene produciendo un fenómeno conocido como backlash: el embate de los sectores más conservadores para hacer retroceder los avances en la defensa de los chicos y chicas abusados sexualmente. En ese marco, los peritos y psicólogos que tratan a los niños/as son sistemáticamente cuestionados, querellados y amedrentados. Esta reacción contra los profesionales de la salud provocó que gran cantidad de expertos dejaran la problemática del abuso, acorralados por los juicios en su contra. “En los abusos sexuales los psicólogos son los que aportan la palabra del chico o la chica y la prueba del abuso. Por eso, siempre se denuncia a los peritos para derrumbar la prueba, al punto de que ya hay pocos profesionales que se dedican a esta especialidad”, subraya Beatriz Malbrán.

Una de las acusaciones de Fernández Garello contra la pericia de Malbrán es que ella no citó bibliografía y que no está probado el daño a la adolescente. Ella replica: “El trabajo en un tribunal implica exceso de demanda y urgencia en la elaboración del informe para tomar medidas de protección a favor, en este caso, de la niña en riesgo y, por eso se realiza con la mayor premura posible. La mayor importancia reside en el contenido de lo que se dice más que en la formalidad de la exposición”. Y reafirma: “Esto no es casual, el backlash intenta frenar la investigación y denuncia de los abusos sexuales (que siempre se mantuvieron en secreto) a través del cuestionamiento permanente a las pericias. Se invierte la carga de la prueba y ahora los culpables somos los que decimos que el abuso existe”.