En el número de la semana pasada publicamos la historia de Laura, una rosarina de 28 años que en 2002 (en ese entonces apenas pasaba la mayoría de edad) se encontró sin trabajo y con un hijo que mantener. Para salir de esta situación, se vio obligada a prostituirse durante un tiempo, en el que buscó otras alternativas, y pronto consiguió trabajar como empleada doméstica en una casa. En esa época de urgencias, poco sabía esta mujer de la lucha que emprendería siete años después para lograr que se reconozca su derecho a estudiar. Es que a tres meses de haber entrado en el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) para seguir la carrera de policía, fue expulsada por ese antecedente. Y de ese antecedente se tiene constancia porque el Código de Faltas provincial penaliza la prostitución escandalosa, el travestismo y la ofensa al pudor (como se detalla en la página 6 de este suplemento, esta medida represiva empuja a las mujeres en situación de prostitución a buscar refugio en departamentos privados o cabarets donde son explotadas por proxenetas aunque, claro, no ofenden el pudor).

Laura no se cruzó de brazos, segura de sus derechos y de su historia: recurrió al Inadi, se reunió con el fiscal provincial Jorge Barraguirre y terminó el 2009 con un dictamen que no sólo avala su derecho a volver al ISEP sino “los efectos devastadores” que tiene el artículo 81 sobre las “mujeres, los jóvenes, los pobres y las solteras”, según el propio Barraguirre, en un paso más hacia la anulación definitiva de esos tres artículos, y que obtuvo en noviembre pasado la media sanción a la ley que los derogaría definitivamente.

La historia de Laura resalta el mecanismo puesto en marcha cuando una mujer intenta (y logra) hacer lo que las voces conservadoras le piden (“que busque otro trabajo”) y vuelve a poner bajo la lupa la discriminación por género y condición social del que la Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) es uno de los principales brazos luchadores. A la vez, también delata qué tipo de mecanismos se ponen en juego para evaluar si una persona –una mujer– podría ser capaz de convertirse en policía: para el cuerpo de seguridad de Santa Fe Laura no era una de ellos, aunque sí, seguramente, podría alimentar la “caja chica” de la fuerza.