El año pasado presenté tres proyectos para difundir la idea de que el que promueve la venta de sexo es parte de un engranaje delictivo, lindante con una forma de esclavitud moderna –compra y venta de seres humanos– y con el delito de trata de personas.

El destino que corrieron esos proyectos da cuenta de la diferencia que hay entre un gobierno nacional con decisión política y otro, local, para el que lo que le suceda a quienes son explotadas en su propio territorio le importa poco.

Uno de los proyectos propone la creación del programa para eliminar la promoción y difusión de la prostitución en los medios de comunicación con sede en la ciudad de Buenos Aires. Este programa contempla la realización de campañas permanentes para concientizar a la población sobre el delito de la explotación sexual y la trata de personas y, especialmente, que el Gobierno de la Ciudad no otorgue pautas publicitarias y propaganda oficial a aquellos medios de comunicación que publiquen entre sus contenidos espacios publicitarios o avisos clasificados de oferta sexual. La discusión de nuestro proyecto de ley en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud se estancó a lo largo de todo este año y estábamos, en este momento, elaborando un dictamen dividido sin el PRO.

En definitiva, en la Ciudad no hemos encontrado más que trabas. En cambio, la resolución de la presidenta Cristina Kirchner de firmar un decreto antidiscriminatorio basado en la ley de violencia de género y en la ley de medios de comunicación avanza los debates legislativos. Esto se llama interpretar el reclamo y las propuestas del movimiento de mujeres.

* Legisladora porteña, Diálogo por Buenos Aires.