Amaneció el día de Navidad en el penal de Ezeiza con su hijo Bautista, de siete meses. Ana María Fernández, quien fuera directora general adjunta de Control Comunal del gobierno porteño durante aquel diciembre de 2004 cuando ocurrió Cromañón, empezó a cumplir su pena de manera efectiva junto a los otros doce acusados por el incendio que se llevó la vida de 194 personas.

No pensaba que iría presa, pero los 3 años y 6 meses de su condena no son excarcelables y el mismo tribunal que decidió que los cumpla de manera efectiva decidió también denegarle un beneficio del que pueden gozar las mujeres detenidas con hijos o hijas menores de 5 años: la prisión domiciliaria. El argumento que adujo el Tribunal Oral número 24 es muy conciso: que el niño tiene otra madre que puede ocuparse de él. Ana María está casada legalmente con Gabriela Aguad y Bautista fue el primer bebé en la Capital en ser inscripto con partida igualitaria y el apellido de ambas. Desde que están en el penal, Gabriela los ve jueves y sábado y es la impulsora de una denuncia por discriminación en el Inadi, que si bien no es vinculante, se expidió con un dictamen de 14 páginas donde, entre otras cosas, explica que si el niño en lugar de dos madres tuviera una madre y un padre o si Ana María fuese madre soltera, el bebé ya estaría en su casa. Lo que es lo mismo que decir que lo que se está castigando, de alguna manera, es la elección sexual de la mujer condenada. Llama la atención que el fallo se sustente en bases tan homofóbicas, pero sobre todo que desatienda un principio fundamental de cualquier organización familiar: los roles. Mientras Ana María es la madre biológica, quien lo amamanta y quien se ocupó de su cuidado doméstico desde el primer momento, Gabriela trabaja y es sustento económico del hogar de la familia. No son moneda de cambio.

Con este caso, sale a la luz aquella respuesta invisible que parece dibujarse en el aire cada vez que alguien que ha obtenido derechos progresistas intenta reclamar otros, más de base. Si a los mismos derechos corresponden los mismos nombres, como decía la consigna del matrimonio igualitario, ¿las lesbianas no son todas iguales? Y si los grupos de diversidad sexual tanto hincharon con aquella consigna, que rápidamente “bajó” a la calle y se hizo carne en un pueblo que decidió apoyarla, ¿por qué ahora además reclaman por un derecho mucho más básico, si ya tienen lo que querían?

Al cierre de esta edición, la Sala 3 del Tribunal de Casación Penal, donde cayó la apelación a la medida, no se había expedido sobre si continuar con la prisión efectiva o rever y otorgar la domiciliaria. El miércoles 9 hubo una audiencia donde se presentó un defensor de menores, que ya había sido citado por el tribunal oral y de quien desoyeron la recomendación de otorgar el beneficio para no alterar la rutina del niño, quien ratificó su postura. También se presentó la Procuración con un amicus curiae a favor de Fernández y se abrió un abanico de organizaciones que están peleando por esta causa, como 100 % Diversidad y Derechos.

El mensaje inicial fue desalentador: no solo el crecimiento de la población femenina en las cárceles de todo el país tiene un ritmo vertiginoso, sino que en el caso de una mujer lesbiana (acusada además en una causa de la magnitud de Cromañón), la pena se utiliza como revancha. La letra invisible de fallos como éste indican que el hecho de “traicionar” el lugar social donde habitan lo “femenino” y lo “maternal” no solo se debe penar más fuerte sino que ellas no deben esperar ser menos castigadas si incumplen la ley, la escrita y esa que todavía flota en el aire según el deber ser más retrógrado.