Se prevé que en marzo, junto con su Informe sobre femicidios correspondiente a 2013, La Casa del Encuentro envíe un proyecto de ley al Congreso nacional, para promover una iniciativa que determine la pérdida y suspensión automática de la patria potestad para los casos de progenitores que cometan el delito de femicidio contra las madres de sus hijas/os, y una asignación económica temporal para víctimas de violencia, otorgada hasta la mayoría de edad de hijas/os de víctimas de femicidios, no menor a un salario mínimo, vital y móvil. Se estima que el debate será duro, sobre todo con voceras y voceros judiciales de algunos sectores católicos, que consideran la revocatoria de la patria potestad de los femicidas “un tema muy controvertido como para ser impuesto por ley”. Algunas fuentes deslizaron que esos sectores se niegan a tratar la cuestión desde una perspectiva de política criminal, porque consideran que el abordaje debería hacerse desde el derecho de familia, y que cada caso sea analizado en forma individual.

La propuesta que llevará adelante la ONG, en sintonía con la incorporación del delito de femicidio en el Código Penal y la incorporación de la doctrina de protección integral del interés superior de niñas y niños, convertida en Ley 26.061, fortalecería el reconocimiento pendiente de la infancia como titular de derechos. “Se trata de sanear los daños y evitar la revictimización”, dice Fabiana Túñez, que ya logró el sí del senador nacional Gerardo Morales, comprometido a introducir el tema en la Cámara alta cuando inicie el período 2014.

Morales adelantó que “la pérdida de la madre por acción del padre implica un gravísimo conflicto en el vínculo. Está contraindicado imponerle a niñas/os víctimas la presencia del condenado o que éste mantenga algún tipo de poder sobre sus vidas (patria potestad), ya que estaríamos prolongando el maltrato a las/os hijas/os que fueron víctimas presenciales de actos de violencia contra sus madres”.

Túñez sostiene que “detrás de cada femicidio quedan hijas e hijos no sólo con el estigma y la vulnerabilidad e injusticia de haber perdido a su madre. Terminan siendo botín de guerra para que el agresor justifique su buena conducta y su reinserción en la sociedad”. En la actualidad, 34 profesionales voluntarias trabajan en La Casa del Encuentro de lunes a viernes, para asistir a víctimas de violencia y de trata, y a sus familias. Durante 2013 atendieron a 200 personas por mes.

Para algunas investigadoras feministas, como la diputada nacional Marcela Rodríguez, que encabeza el Grupo Justicia y Género (Ciepp), es muy difícil que juezas y jueces acepten quitarle la patria potestad a un hombre, “porque la Justicia argentina es machista”, advirtió a este suplemento en notas anteriores. Según Rodríguez, en la última década la mayoría de cónyuges condenados por matar a sus esposas recibieron penas atenuadas por considerarse que el hecho ocurrió en circunstancias extraordinarias, en tanto que la mayoría de mujeres condenadas por matar a sus maridos debieron cumplir cadena perpetua, asimetría que la diputada vincula directamente con un claro sesgo machista.

Sobre la onda expansiva que podría causar el proyecto en diferentes ámbitos judiciales, Túñez ataja que “la Justicia debe velar por los derechos a vivir una vida libre de violencia, y hay amplios sectores que están trabajando desde adentro para cambiar las cosas. Pero mientras no haya una real concepción de los alcances de esas violencias, seguirán operando grupos en algunos ámbitos judiciales que intentarán bastardear el consenso. De todos modos, esto tiene que ver con la decisión política de mostrar qué tipo de derechos queremos defender en esta sociedad”.