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Por Gustavo Veiga

La lógica política del conflicto que mantiene paralizado al fútbol resultó muy elemental, aunque no su lógica económica. Desvanecidas las primeras pistas –la presunta maniobra que perjudicaba al derrotado candidato Mauricio Macri era una de ellas–, ahora deberá seguirse el rastro del dinero. Transcurridas dos semanas de suspensión, el inamovible Julio Grondona irá mañana por su octavo mandato consecutivo al frente de la AFA en una asamblea ordinaria que se producirá cuando los clubes no reciben ingresos, Futbolistas Agremiados acecha con una amenaza de paro y Torneos y Competencias, la propietaria de los derechos televisivos, por el momento observa a prudente distancia. “Si no hay fútbol es como si hubiéramos cerrado una fábrica”, repite un Grondona cercado. Pero las metas y tiempos del juez Mariano Bergés y el funcionario de Seguridad Deportiva Javier Castrilli no contemplan esa cuestión como prioritaria.
La suspensión del fútbol va dejando una estela de disputas que tiene antagonistas bien delineados. El Gobierno y Luis Barrionuevo, Castrilli y Grondona, Bergés y Agremiados y, en el combate de fondo, los dirigentes y las fuerzas de seguridad. “La policía es el gran rival de los clubes”, le sintetizó a Líbero el presidente de una institución de Primera División que, además, le hace reproches al ex árbitro y ahora titular del Prosef (esa especie de laboratorio que estudia la conducta social expresada en el fútbol). “No puede ser que Castrilli no se plante ante la policía. Si tiene huevos que remueva a los comisarios que no hacen nada para controlar a los violentos...”, afirmó ofuscado.
Para sostener su acusación, el dirigente aportó un ejemplo: “Cuando las hinchadas de los clubes grandes vienen a nuestra cancha, la policía nos pide que dejemos entrar gratis a quinientos, ochocientos o mil hinchas porque no tienen plata para las entradas y así evitamos problemas. Es la misma policía que después nos exige el derecho de admisión para evitar que ingresen los violentos”. El equipo multidisciplinario que colabora con Castrilli realizó en agosto una encuesta con oficiales de policía que, en un 83 por ciento, se mostraron favorables a la aplicación de aquel mecanismo selectivo de ingreso a los estadios. Los efectivos consultados también ratificaron que mantienen diferencias con los dirigentes, los responsables de seguridad de los clubes y hasta los árbitros.
Sin embargo, en ocasiones, las discrepancias se convierten en connivencias. El 7 de junio de este año, cuando jugaron El Porvenir y Belgrano de Córdoba, un delantero de este último equipo, Luis Villalba (ex River y Racing), recibió un piedrazo en la frente que le provocó un tajo y por el cual debió salir en camilla. El episodio careció de repercusión porque el árbitro no suspendió el partido y el veedor del Comité de Seguridad bonaerense no colocó ni una palabra en su informe sobre la agresión. ¿Era corto de vista? No, sólo que se trataba del comisario de la zona que, cuentan, mantiene una fluida relación con Enrique Merelas, el presidente de El Porvenir.
Desayuno con Castrilli
El jueves por la mañana, el hombre en quien confió el ministro Gustavo Beliz para poner en caja a los violentos del fútbol recibió en la cartera de Justicia a una decena de periodistas. El encuentro se prolongó por espacio de cuatro horas, con algún ligero intervalo. En semejante espacio de tiempo, se pudo comprobar en detalle cuán firmes son las convicciones de Castrilli en la cruzada que emprendió primero en la Provincia de Buenos Aires –hace cuatro años– y ahora desde el gobierno de la Nación. “Estoy dispuesto hasta dejar la vida...” sentenció, y luego siguió con apotegmas de ese tipo como “debe quedar claro que se inició este camino y no tiene retorno” o diagnósticos sobre su tarea: “Es un trabajo microscópico que no veremos ni en cuatro o cinco años. Si no en diez o más...”
El ex árbitro también endilgó responsabilidades: “Ellos –por los dirigentes– crearon el Frankestein y ahora tienen que hacerse cargo” y aunque deslizó que la quita de nueve puntos incorporada al reglamento de la AFA no es la panacea, mencionó que en los trabajos de campo realizados por sus colaboradores se comprobó que “a las barras bravas también les duele la quita de puntos. ¡Nueve puntos son un desastre!”, exclamó. Cuando se le fundamentó que esta sanción podría ser utilizada con un afán extorsivo por los hinchas que no reciban prebendas, les sugirió a los dirigentes que acudan a la justicia y se ofreció él a acompañarlos.
Castrilli nunca abandonó su tono admonitorio: “Todos tienen que coincidir en terminar con este tipo de comportamientos delictivos. Y yo, desde el lugar que ocupo, tengan la plena convicción de que denunciaré a quien deba denunciar. Caiga quien caiga...” Asimismo, aclaró algunos puntos de las modificaciones reglamentarias ya acordadas con la AFA, como uno que podría generar distintas interpretaciones en el futuro. Se trata del último párrafo del artículo 80º del Reglamento. Dice: “Las sanciones previstas en este artículo –el que incorporó la quita de nueve puntos– se aplicarán a cualquier hecho producido antes, durante o después del partido, dentro o fuera del estadio”.
El ex referí juzga que si una hinchada se niega a aceptar un cacheo a una cuadra de la cancha, media hora antes de un partido y provoca desmanes que obligan a la policía a reprimir, ese hecho, por sí solo, hará pasible al club con que se identifica ese grupo del castigo referido en el artículo 80º. O sea, desde multas a la quita de puntos. Grondona, consultado unos días antes, respondió que Castrilli estaba equivocado en ese aspecto. El director del Prosef aceptó que los cambios “son perfectibles, ya que pueden ocurrir hechos que no estén contemplados ahora”. Y para que no quedaran dudas, agregó: “Nos interesan las causas y no los efectos. Parecería que vamos a dinamitar todo, pero no, no es así...”
A las consabidas críticas que recibe el ex referí de los dirigentes y de Agremiados, se sumó la semana pasada un miembro de la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional). Daniel Estragá, en un artículo que difundió la agencia Argenpress en Internet, primero afirmó: “...el negocio de las Policías es otro. El negocio es que haya quilombo. Que haya violencia en el fútbol...” y luego se preguntó: “¿No será que Prosegur o alguna otra empresa de seguridad está atrás? ¿No será que el Sheriff es socio de alguno que puede proveer otro modo de seguridad al espectáculo del fútbol?”.
El propósito de ir incorporando la vigilancia privada y que ciertos directivos del fútbol suscriben –aunque la mayoría por ahora se opone– no empezará a instrumentarse hasta 2004 ya que, se argumenta, “la policía no puede abandonar de golpe” su tarea de custodia en las canchas. El reemplazo de los cuestionados servicios adicionales por sociedades anónimas de seguridad es un tema espinoso: la actividad se delegaría en empresas cuyo origen, composición y capacidad profesional estáncuestionadas en muchos casos y a las que se transferiría un negocio que hasta ahora manejaban distintas cúpulas policiales. Sería un cambio de figuritas. Y, quizá, peor aún.
En Argentinos Juniors, hasta fines de los años ‘90, la vigilancia del polideportivo Malvinas corría por cuenta de la empresa “Fast”, que pertenecía al cuñado del genocida Carlos Suárez Mason, otro ex represor: Félix Alejandro Alais, alias el “Oso”, ex comisario de la Federal e integrante de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). En River, durante la presidencia de Alfredo Davice, se conchabó a un grupo de carapintadas liderado por el mayor Jorge Jándula para mantener a raya a la barra brava y que se ocultó en el club durante el levantamiento del coronel Mohamed Alí Seineldín el 3 de diciembre de 1990. Estos son apenas dos ejemplos de las dificultades que puede presentar en el futuro el más controvertido de los puntos que integra la batería de medidas impulsada por Castrilli.
La nota de Estragá, el miembro de la Correpi, concluye que “supone un pingüe negocio que algunos le quieren sacar a las fuerzas de seguridad para pasárselo a los privados”.
Manso y reelecto
Mañana a las 20, en el salón de Actos de la AFA, Julio Grondona será reelecto por séptima vez al frente de la asociación que preside desde abril de 1979 y, de ese modo, iniciará su octavo período consecutivo de gobierno que culminará el 25 de octubre de 2007. El máximo dirigente del fútbol argentino arriba a esa instancia con cierto desasosiego, producto de la acumulación de problemas que, en otras épocas, su ímpetu y férreo manejo unipersonal hubieran resuelto en un santiamén.
Cuentan quienes lo conocen que está manso como nunca. A tal extremo, que le parecieron razonables –quizá por ser también inevitables– varias de las ideas que terminó imponiendo Castrilli. El ex empleado que lo denunció cuando abandonó el arbitraje y al que definía como un “desequilibrado”. Hay un paralelo entre este momento y la situación de debilidad que atravesó Grondona a mediados de 2001. El 10 de mayo de ese año se firmaba un convenio entre los clubes y Agremiados –avalado por la AFA– que permitió levantar una huelga que interrumpía el fútbol y que implicó un desembolso de 43 millones de pesos. Con el tiempo, el dirigente se arrepentiría de los plazos de pago, porque los aceptó bajo la presión del Mundial Sub 20 que se le veía encima y un Congreso de la FIFA que se desarrollaría simultáneamente en Buenos Aires.
Ahora, como entonces, Grondona está dispuesto a todo para que se reanude el fútbol. Y sólo por su situación de evidente debilidad puede comprenderse por qué aceptó cambios que critican con acidez algunos de sus pares, el gremio de jugadores y también los técnicos. La fábrica debe reabrir sus puertas. Pero el precio a pagar, otra vez, será demasiado alto.