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La Legislatura porteña debatirá a partir de marzo un proyecto sobre Ley del Deporte que contempla declarar inembargables e inejecutables los bienes de todos los clubes de la Ciudad de Buenos Aires por un lapso de diez años. A su vez, la Secretaría de Deportes de la Nación pretende impulsar una normativa similar en el Congreso nacional. Ambas iniciativas tienen como antecedente en común una propuesta similar que en Entre Ríos ya cuenta con media sanción por parte del Senado provincial. Gerenciadores privados y entidades gremiales que representan a los trabajadores de las instituciones deportivas manifestaron su oposición y prometen plantear la inconstitucionalidad de estas leyes, si son aprobadas, ante la Justicia Federal.
El legislador Nilcíades Peña –del Partido de la Revolución Democrática, titular de la Comisión de Deportes de la Legislatura Porteña– es el impulsor de esta iniciativa que comenzará a debatirse cuando se inicie el período de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña. “La intención es preservar los bienes de los clubes, que brindan una importante función social a la comunidad, y resguardarlos de cualquier medida judicial que posibilite su liquidación”, explicó el legislador en diálogo con Líbero. El proyecto se conoce como Ley del Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, y otorga también algunos otros beneficios impositivos y legales para las instituciones deportivas. “Hay clubes que están en peligro porque un bufetero se cortó el dedo y le hizo juicio. Bueno, este proyecto plantea desligar a los clubes de reclamos de este tipo”, señaló Peña. La ley contempla la creación de foros de discusión barrial sobre el deporte, donde participarían distintos actores sociales, como escuelas, comisarías, clubes y demás entidades intermedias.
Pero la propuesta de Peña no es la primera que se presenta en un cuerpo legislativo del país. En noviembre del año pasado, la Asociación de Clubes de Paraná (Acludepa), que agrupa a instituciones de la capital entrerriana como Universitario, Unión Arabe, Patronato y Echagüe, entre otras, impulsó un proyecto de ley para declarar inejecutables los bienes que tuvieren los clubes de la provincia por un período de diez años. La propuesta establece además que los ingresos corrientes de las entidades deportivas sólo serán susceptibles de medidas cautelares hasta un máximo total del 20 por ciento. Se condonarán también las deudas impositivas y de prestación de servicios públicos que los clubes mantengan con la provincia. El Senado entrerriano le dio media sanción y la Cámara de Diputados deberá tratarlo en las próximas semanas.
En tanto, la Secretaría de Deportes se manifestó interesada en estos dos proyectos, el presentado en Entre Ríos y el que se tratará en Capital Federal, y decidió impulsar en el Congreso de la Nación una iniciativa similar. Mauro Conti, uno de los coordinadores del Programa Nuestro Club, aseguró que la secretaría trabaja junto a varios legisladores nacionales para elaborar una norma que proteja a “todos los clubes del país”. Conti le manifestó a este diario que el Poder Ejecutivo presentará en abril un proyecto que le otorgue facilidades impositivas y que perdone deudas a los clubes que se encuentren en dificultades financieras. “Queremos que se resguarde un capital social muy importante para las distintas comunidades del país. En toda la Argentina tenemos más de 7 mil clubes y no puede ser que todos se vayan cayendo sin que se haga nada. Salvaguardar a estas instituciones es una manera de asegurar la continuidad del deporte amateur en la Argentina. No obstante, el funcionario aseguró que las sociedades deportivas sin fines de lucro que se encuentran en situación de quiebra “difícilmente” puedan beneficiarse con esta ley. “La intención es legislar hacia delante, no creo que podamos modificar nada en aquellos casos en los cuales está interviniendo la Justicia”, remarcó Conti.
De todos modos, esta propuesta cosecha algunas críticas. Norberto Castaños, gerenciador del fútbol profesional del club Belgrano de Córdoba, calificó este proyecto como una “barbaridad que favorecería a quienes no cumplen con sus compromisos. Si los clubes llevan a cabo operacionescomerciales, deben estar sujetos a las mismas obligaciones que tienen las sociedades comerciales. Darles un trato especial sería plantear una cuestión discriminatoria”, consideró el empresario.
A su vez, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, un gremio que representa legalmente a los jugadores que se presentan como acreedores en los clubes concursados o en quiebra, anticipó que el gremio recurría este proyecto ante la Justicia para pedir su inconstitucionalidad. Marchi remarcó que existen varios proyectos similares en varias provincias y opinó que si declaran inejecutables los bienes de los clubes sería “un premio para los directivos que no pagan. Si esto prospera en el Congreso, recurriremos a la Justicia para plantear su inconstitucionalidad”, sentenció el dirigente gremial.
Al respecto, César Francis, vocero del Foro Social para la Defensa de las Entidades Deportivas, consideró que proteger a los clubes que prestan una función social es una “medida adecuada”, pero reconoció que además debiera de sancionarse con mayor dureza a los dirigentes que lleven a cabo administraciones dolosas al frente de un institución deportiva. “Los dirigentes deben responder con sus patrimonios cuando en un club se detecten pasivos demasiado onerosos como producto de una gestión”, indicó Francis. En ese sentido, Peña aseguró que la Ley del Deporte planteará esta posibilidad: “Queremos una legislación que defienda los intereses de las entidades deportivas que brindan un beneficio a nuestra ciudad. No buscamos la impunidad para los fundidores de clubes”, remarcó. Y agregó: “No vamos a impedir que se embarguen recaudaciones o dinero que ingrese, por ejemplo, en concepto de una transferencia, pero no dejaremos que rematen una sede o un gimnasio donde los colegios de la ciudad imparten clases de educación física”, puntualizó el legislador.

Producción: Leonardo Castillo.