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Por Gustavo Veiga

La crónica de Ferro es una de las tantas crónicas del despojo institucionalizado en los ’90. El club que la Unesco distinguió en 1988 por ser el que más hizo a favor del deporte en América todavía no pudo zafar de los intereses rapaces. Pero esa historia de abusos amparados desde un juzgado comenzó a hacer agua. La suspensión del juez Rodolfo Herrera que tenía en sus manos la quiebra –y que todo indica será destituido por el Consejo de la Magistratura– robusteció a quienes pretenden acabar con el contrato leonino que le permite al empresario Gustavo Mascardi controlar a su antojo los principales recursos que genera la institución. Tres causas penales por graves delitos están en curso contra el magistrado, los integrantes del órgano fiduciario que él designó, los representantes de Gerenciar SA y Swiss Medical Sports SA y cuatro ex directivos que, en este caso, están procesados por administración fraudulenta.
Mientras tanto, y pese a sucesivas apelaciones, la quiebra continúa firme, aunque ahora debe resolver la instancia otro juez, Margarita Braga. En ese contexto, la firma que explota el fútbol de Ferro insiste en cobrarles un bono contribución a los socios cuando el equipo juega en su estadio; desde que se firmó el gerenciamiento, el 28 de marzo de 2003, al club no ingresó ni un centavo. Ni siquiera por el promocionado Quilmes Rock que se inició el viernes en Caballito mientras, a la misma hora, el equipo perdía con la CAI de Comodoro Rivadavia en la cancha de Huracán.
Uno de los fundamentos que pretende impugnar la actividad de Gerenciar está basado en un simple cálculo. Si son o han sido 600 los futbolistas que pasaron del club a la empresa (entre infantiles, juveniles y profesionales), el costo promedio de cada uno ascendería “a la módica suma de 283 pesos”... Porque Mascardi y su gente accedieron al negocio con apenas dos pagarés por 170 mil pesos como garantía. Walter Porta –el desplazado presidente de la comisión directiva residual– y Luis Russo –quien lo sucedió en ese cargo– dividieron esa suma por la cantidad de jugadores entregados. “Ni en los rincones más empobrecidos del Africa, los afortunados gerenciadores podrán adquirir jugadores a un precio más ventajoso...”, sostuvieron en un escrito elevado al depuesto Herrera.
El desempeño que viene cumpliendo la jueza Braga y el órgano fiduciario nombrado por ella –que ya no tiene integrantes permeables a las influencias de Gerenciar– complicó la actividad de los explotadores del filón adjudicado durante la feria judicial en enero del 2003. Es tan tirante la relación con los fiduciarios Laura Matozzi, Patricio Igarzábal y Francisco Gerardo que la gerenciadora los intimó a pagar alrededor de un millón de pesos porque, momentáneamente, no puede cobrarles la entrada a los socios cuando Ferro juega en su propia casa. Derecho que, para el acaudalado inquilino, devendría del contrato de gerenciamiento. Una cláusula a su medida así lo estipula: “Fijar valores o precios de taquilla o ticket y de entradas y abonos y el acceso al estadio en caso de partidos como local, en los cuales los asociados deban pagar por asistir a tales eventos”.
La empresa de los Mascardi apenas logró ese propósito durante un encuentro. Utilizó viejos bonos contribución del club –a los que estampó su propio sello– y llegó a efectivizar el cobro de esa manera. La comisión directiva residual interpuso un amparo, Gerenciar apeló y este trámite judicial quedó ahora en manos de la Cámara. Pero no es sólo en la Justicia comercial donde el magnífico emprendimiento –renovable hasta por 27 años– ha tenido problemas.
En el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 10, a cargo interinamente del doctor Adolfo Calvete, se tramita la causa 74.845/03 por los delitos de cohecho agravado, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y administración fraudulenta en la que están denunciados Herrera; su adlátere, el intermediario inmobiliario Aleardo Echeverry (hermano de un prestigioso ex dirigente fallecido); los representantes deGerenciar y también los de Swiss Medical Sports, la empresa que desistió –a diferencia de la primera– de gerenciar la sede y las actividades deportivas que excedieran al fútbol.
Según el abogado y ex vocal de Ferro, Eduardo Gabriel Sreider, quien hizo una de las declaraciones más detalladas ante la Justicia, Swiss Medical Sports quería despedir a todos los empleados del club, que sus indemnizaciones fueran pagadas por Ferro y durante cuatro años no abonar canon, condiciones fijadas bajo la tutela del doctor Herrera. “El gancho que seguramente llevaba a Swiss Medical Sports a hacer el negocio era facultar a sus asociados a utilizar las instalaciones del club y asociarlos”, afirmó Sreider bajo juramento. La frustrada gerenciadora es una iniciativa deportiva de su homónima, Swiss Medical Group, que, curiosamente, tiene en su directorio a Pablo Ariel Herman, el secretario de actas de Boca.
Además de esta causa, Calvete tramita otra: lleva el número 9385/04 y es la que se sigue contra el juez Herrera por enriquecimiento ilícito. Por último, en el Juzgado Criminal Nº 12, a cargo del doctor Ricardo Warley, continúan procesados por administración fraudulenta los ex directivos del club Marcelo Corso, Héctor Hermida, Raúl Tauz e Isidro Cabral. Los dos primeros sufrieron embargos por 2 millones de pesos y los dos últimos por 150 mil. Todos ellos habían asumido la conducción del club en diciembre de 1996. Esta causa data del 2001, tiene el número 13.414 y es la única anterior al gerenciamiento.
Todo indica que las investigaciones podrían propiciar la apertura de nuevos expedientes judiciales para, entre otras cosas, determinar si Gerenciar no licuó activos del club y desvió fondos por la transferencia de jugadores.
Jorge Gallelli integra en la actualidad el Tribunal de Disciplina de la AFA y ocupa ese lugar en representación de Ferro. Se trata también de un personaje clave en el traspaso del fútbol y la locación del estadio. De acuerdo con la declaración judicial de Sreider, realizada el 22 de diciembre de 2003, Gallelli fue quien le manifestó que la empresa se retiraba del club si no le cedían en forma inmediata a los futbolistas Cristian Tula y Maximiliano Velázquez. Uno de los encargados de aplicar sanciones a los jugadores que participan en los torneos de la AFA, esta vez, sabía para dónde tenían que patear esos valores surgidos del semillero. No era para su club, era para la sociedad anónima de Mascardi.
Gallelli también se reportaba a las órdenes del juez ahora suspendido. “Cuando Herrera le dio el original (del contrato de Tula y Velázquez), le dijo que se reuniera de forma urgente con Gallelli, pues lo quería firmado ese mismo día”, cuenta Sreider en la misma declaración testimonial. La disposición del miembro del Tribunal para con su señoría lo inducía a tomar ciertas iniciativas. Durante una reunión efectuada en un café vecino a los bosques de Palermo, se ofreció a explicarle a un grupo de socios las bondades del gerenciamiento cuando había un pedido de nulidad de ese contrato dando vueltas. En el club se cuenta que aún continúa ligado a Gerenciar, pese a que habría sido desplazado del staff principal de la empresa.
Peor le ha ido al juez que se decía hincha de Ferro. Por catorce votos a cero, el Consejo de la Magistratura aprobó el procedimiento para removerlo del cargo, del que podría ser destituido en los próximos seis meses. Según el dictamen conocido el 23 de septiembre pasado, “lo que importa, en cuanto a la incumbencia de los órganos llamados a juzgar la actuación de un juez, es si existió mal desempeño funcional y/o mala conducta individual de parte del magistrado con menoscabo en la alta función encomendada. Ello parece fuera de discusión toda vez que el diálogo mantenido por éste con el supuesto inversor y con el arquitecto Echeverry evidencia una grave infracción a las normas morales por falta de escrúpulos y de principios éticos, que seguramente han lesionado en forma severa su confiabilidad ante una sociedad cuyos integrantes debieron haberobservado el programa televisivo del 3 de diciembre con la misma perplejidad revelada por algunos empleados del Juzgado Comercial Nº 3”.
La emisión a que se refiere el dictamen es de Telenoche Investiga, cuya cámara oculta desentrañó la operación de Herrera y Echeverry para digitar una licitación que favoreciera a un inversor ficticio en perjuicio de Ferro. A partir de ese momento, todos los actos realizados por Herrera quedaron sospechados de corrupción. Entre otros, el contrato de gerenciamiento que benefició a la empresa que preside Emilio Mascardi, pero que en rigor maneja su hijo, Gustavo. El mismo que hace poco le confesó a la revista Sports Business su idea de “llegar a tener un equipo por cada división del fútbol dentro de cinco años”.