En política, ocuparse de los temas de fondo, alejados de la coyuntura y sin rédito mediático, no es una cualidad que abunde entre la dirigencia. La actividad deportiva tampoco es la excepción a esa regla. Por lo tanto, resolver que en 180 días las distintas confederaciones y asociaciones modifiquen sus propios estatutos para hacerlas más democráticas, es una medida estratégica que, cuanto menos, sorprende. Esta determinación fue adoptada por Claudio Morresi, el secretario de Deporte que cuando llegó a su cargo decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados. Acaba de firmar una resolución que ya había sido anunciada durante una reunión el 19 de noviembre pasado y de la que participaron el Comité Olímpico Argentino (COA), la Confederación Argentina de Deportes (CAD) y los representantes deportivos de casi todas las provincias. El ex futbolista pretende que los hombres que conducen aquellas organizaciones no se perpetúen en sus cargos. Y hasta sugiere que se verán en dificultades para obtener respaldo económico del Estado si rechazan su propuesta: dos mandatos consecutivos –de cuatro años cada uno– como máximo y, después sí, cada uno a su casa.
La decisión de Morresi venía comentándose en el ambiente deportivo desde aquel encuentro del viernes 19 de noviembre. Y quienes le endosan segundas intenciones, más allá de los principios democráticos que contiene la propuesta, sugieren que está destinada a acabar con dirigentes apoltronados en sus sillones que no cuentan sus mandatos en años... sino en décadas. El caso más emblemático es el del coronel de artillería Antonio Rodríguez, quien preside el COA desde 1977. El militar, justamente, participó de la reunión desarrollada en el Cenard donde el secretario de Deporte difundió que un pilar de su política es la democratización de las federaciones y confederaciones. Pero sólo se limitó a escuchar el comentario y a exponer sobre temas diferentes.
Julio Grondona, otro directivo de mucho peso y presidente de la AFA desde abril de 1979, sugiere que la norma que impulsa Morresi no está destinada a removerlo de su cargo (ver recuadro). Líbero lo consultó sobre el tema, al igual que a Fernando Aren, el titular de la CAD, al propio Rodríguez y a otras voces que, a favor o en contra, se pronunciaron sobre el marco legal que se viene.
Morresi, por supuesto, justificó la idea en que “se busca llevar adelante la democratización y la transparencia de las instituciones deportivas porque esto se relaciona con la política de Estado que definimos para esta etapa. No es una imposición, pero consideramos que la reforma constitucional de 1994, con dos períodos presidenciales sucesivos como máximo, debe aparecer en los estatutos. Y, además, nos basamos en el artículo 19º de la Ley del Deporte para hacer cumplir la resolución”.
En efecto, la Ley 20.655, denominada de Fomento y Desarrollo del Deporte, que se promulgó el 2 de abril de 1974, sostiene: “Con relación a las instituciones deportivas, el órgano de aplicación (es decir, la Secretaría) podrá establecer los recaudos necesarios para su constitución y funcionamiento y dictar normas generales en cuanto a su régimen estatutario. Asimismo, estará a su cargo la fiscalización del cumplimiento de dichas disposiciones”.

El estatuto del ’56

Durante la autodenominada Revolución Libertadora, en 1955, la CAD-COA (por entonces estaban unidos la Confederación y el Comité Olímpico) fue intervenida por la dictadura de Aramburu-Rojas. Así fue cómo, separados los dos entes deportivos, al frente del COA los militares colocaron al general Fernando Huergo, representante de la esgrima –como muchos otros dirigentes de ese deporte que han dominado la historia del movimiento olímpico en la Argentina– y ejecutor de dos medidas arbitrarias.
La primera generó inmediatas y demoledoras consecuencias en el deporte de la época. Una vez que la Libertadora creó la Comisión Investigadora deIrregularidades Deportivas Nº 49, “fueron suspendidos de por vida los campeones mundiales de básquetbol, el remero olímpico Guerrero, los corredores Osvaldo Suárez y Walter Lemos y hasta el campeón sudamericano de bochas, el cordobés nacido en Las Varillas Roque ‘Chilín’ Juárez, entre otros grandes atletas”, escribió en su documentado libro Historia Política del Deporte Argentino el ex subsecretario de Deporte Víctor Lupo.
Los efectos de la segunda orden que ejecutó Huergo todavía se perciben en el presente. Al decir del doctor Aren, peronista y ex integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), “el estatuto con que se rige hoy el Comité Olímpico Argentino es del ’56, o sea el de la Libertadora. Sus modificaciones, tanto de forma como de fondo, fueron supervisadas por el Comité Olímpico Internacional y Huergo las llevó a cabo”.
Es curioso. Pero Aren es prosecretario del COA por el sóftbol, cuya confederación preside desde 1966, superando, incluso, a dirigentes imperturbables como Rodríguez o Grondona. Y como abogado que es, sugiere con un comentario que parece estudiado: “El estatuto del Comité Olímpico hoy no sería aprobado por la Inspección General de Justicia”.

Dirigentes en apuros

En ese marco de estatutos nacidos a la sombra de una dictadura (el del COA) o adecuados a reglas fijadas por entidades internacionales como la FIFA (el de la AFA), el debate que comienza a encender la resolución de Morresi se anticipa tan fundacional como atractivo. Se supone que habrá dificultades instrumentales y además políticas, entre las que podría citarse la promulgación de una futura Ley del Deporte o la instrumentación de la que se votó en 1974, normas que superan cualquier resolución que pueda emanar de un organismo del Estado como la Secretaría de Deporte o cualquier otro.
Por lo pronto, el proyecto del ex futbolista y militante por los derechos humanos está sujeto al análisis de la Jefatura de Gabinete de la cual depende el área de Deporte y, si todo sigue un curso normal, antes de que finalice enero podría ser enviado para su notificación a las distintas organizaciones. Desde ese momento, empezarían a correr los 180 días para la transformación de los respectivos estatutos.
Aunque todavía no rige este plazo, hay dirigentes que ya comenzaron a inquietarse por la ola democratizadora que impulsa Morresi. El presidente de la Confederación Argentina de Patín, Ernesto González Molina, le pidió a la CAD mediante una nota que convoque a su consejo asesor para tratar la iniciativa de la Secretaría. Este dirigente, sin embargo, debería preocuparse por problemas demasiado más graves que lo mantienen en jaque judicial. Y es que podría salir eyectado de su cargo –que ejerce en forma casi vitalicia– mucho antes de que lo alcance la resolución de Deporte.
A principios de diciembre, se conoció su procesamiento por administración fraudulenta en una causa que tiene en su despacho el juez federal Julián Ercolini. Se trata de una investigación sobre los gastos del Mundial de Patín Carrera disputado en Mar del Plata en 1997. A González Molina se le imputa haber presentado boletas falsas para justificar gastos hasta por 220.000 pesos/dólares de la convertibilidad, que había aportado la Secretaría de Deporte durante la segunda fiesta menemista (1995-1999).

Del fútbol al sóftbol

Es evidente que las urgencias de la AFA no son las mismas que las de sus similares de lucha, sóftbol o canotaje. La asociación que preside Grondona puede procurarse por sí sola los dólares necesarios para cubrir una gira por Asia o Africa, inclusive lo que demande una prolongada concentración previa a un torneo mundial. A tal punto, que no le pide dinero al Estado; por el contrario, se lo reclama. Todos los años, en su memoria y balance, hace constar una deuda que no parece resignada a cobrarle al Estado por 1.085.937,77 pesos, en concepto de subsidios, aportes y donaciones estatales que tiene origen en la resolución 1549 de 1982. En cambio, ¿cómo harían para sobrevivir el atletismo, las pesas o el judo si no dispusieran de fondos estatales? ¿Qué representa en dinero una eventual negativa a modificar sus propios estatutos para una confederación deportiva? El propio Aren da una idea: “La Confederación de Sóftbol que presido necesitó, para concurrir al Mundial 2004 que se disputó en Nueva Zelanda y en donde clasificamos octavos entre dieciséis países, unos 118.000 pesos. En 2005 está previsto el Mundial Juvenil de varones en Canadá, una delegación tiene 24 integrantes y sólo por pasajes, yo diría que el costo asciende a cerca de 40.000 dólares. Si a ese certamen le sumamos el Premundial de Guatemala para mujeres, más algún torneo junior, la cifra aumentará considerablemente”.
Resulta evidente que cualquier disciplina con limitaciones económicas semejantes al sóftbol no puede competir en el exterior sin la asistencia de la Secretaría o, en mucho menor medida, de los aportes que se procure por su cuenta. Por eso Aren, también presidente de la CAD, se queja ante la posibilidad de que se corten los respaldos económicos: “No nos gustó que se haya anunciado la resolución de la Secretaría como una condición para recibir ayuda. Porque la medida de democratizar las federaciones puede ser interesante para aquellas donde haya muchas personas que elegir en cada cargo. Pero la realidad indica otra cosa. Son muy pocas las voluntades predispuestas”.
César Francis, el secretario general del Foro “Las entidades deportivas en manos de los socios”, que también fue invitado a aquella reunión del 19 de noviembre, suscribe sin reparos la iniciativa: “Adhiero porque indica un cambio en el corto plazo que, en el mediano plazo, deberá conseguirse mediante una ley. Se trata de una batalla cultural en el seno de la dirigencia y nadie debe sentirse molesto porque el Estado tutele la democracia en las federaciones deportivas. Además, los dirigentes no pueden argumentar que no estaban avisados de estos cambios”.
Dice una sentencia popular: el que avisa no traiciona. Y es que, se supone, algo va a ocurrir en las estructuras que extienden su hegemonía desde hace décadas sobre el amplio mapa del deporte argentino. Enhorabuena que así sea. Una bocanada de aire fresco siempre hace bien cuando se calienta una silla.