Un crimen ocurrió hace diez años, el otro es tan reciente que apenas cumplió tres semanas. Sin embargo, los asesinatos de Daniel García y Fernando Blanco, dos jóvenes que pagaron con sus vidas la osadía de ir a ver un partido de fútbol, guardan algunas semejanzas. La primera deviene de las insostenibles coartadas que esgrimieron los presuntos homicidas. En el primer caso, barrabravas amparados por el poder político. En el segundo, policías federales que deben responder al poder político. La búsqueda de justicia por la pérdida violenta de un hijo también vincula a las dos familias. Tanto que Liliana, la mamá de Daniel, una incansable luchadora, llevó su solidaridad a los padres de Fernando el día en que lo velaron. La muerte de García, ocurrida el 11 de julio de 1995 en Paysandú, Uruguay, nunca fue investigada por la Justicia de ese país como correspondía. Angel y Clara, los papás de Blanco, claman ahora para que no les pase lo mismo a este lado del Río de la Plata.
Las similitudes entre dos títulos sugieren una coincidencia clave entre ambos episodios. El diario uruguayo La República informó el 28 de junio pasado: “Cayó la coartada: ahora deberían ordenar la detención de los violentos barrabravas argentinos”. La noticia refiere a lo que ocurrió con el chico García, que hoy es apenas una foto en las manos de Liliana. Página/12, el 3 de julio pasado, tituló sobre el fallecimiento de Fernando, de apenas 17 años: “Se cae la coartada de la Federal en la muerte del hincha de Defe”. Dos coartadas, dos versiones distintas que explican las muertes, pero que llevan por el camino errado hacia la impunidad.

De Morón a Paysandú
¿Qué puede ocurrir entonces con la investigación sobre aquella noche del ’95? La República sostiene que la causa que estuvo a punto de prescribir “podría tener un avance importante si la jueza María Elena Mainard junta las pruebas que hay contra los barrabravas de los clubes del fútbol de ascenso, Deportivo Morón y Tigre, y ordena –como lo pide la familia de la víctima– la detención internacional de los involucrados en el asesinato”.
Después de diez años de innumerables viajes al Uruguay, presentaciones ante los distintos magistrados que demoraron el expediente y trámites ante la Cancillería que realizó Liliana de García, se hizo algo de luz. Y la causa tuvo otro envión vital, gracias al testimonio que brindó ante la doctora Mainard, el periodista argentino Diego Spina, actual subsecretario de Comunicación Institucional del Municipio de Morón. Su declaración se basó en unos videos de seguridad tomados en el estadio Artigas de Paysandú durante el encuentro que jugaron la Argentina y Chile en la Copa América del ’95.
En ellos, Spina individualizó a tres barras de Morón. Alberto Salomón, alías Carly, uno de los señalados, negó haber estado en Paysandú el 11 de julio de 1995, basándose en un argumento que a la postre se comprobaría falso: dijo que visitó a su amigo Máximo Manuel Zurita, más conocido como Cadena, mientras éste se encontraba detenido en la comisaría 1ª de Morón. En la seccional se puede verificar que no existe registro de esa gentileza que tuvo Carly con otro de los sospechosos de matar a García, el ex líder de la barra brava del gallo.
“Está claro que estos grupos no tendrían posibilidad de subsistir sin un apañamiento institucional”, afirma Spina. Su planteo no es en abstracto. Alude a los comprobados lazos entre el locutor-intendente de Morón durante la década del ’90, Juan Carlos Rousselot, con la barra brava del gallo. Maridaje que se expresaba en el número de legajo 79.269 con que Cadena había ingresado al sector de Servicios Públicos de la comuna, a razón de mil pesos por mes.
Pero las relaciones de la pesada local no culminaban ahí, y lo comprobó la mamá de Daniel García durante la consecuente investigación paralela que desplegó. Se sorprendió cuando desde la comisaría 1ª de Morón, a cuyo frente estaba Adolfo Vitelli –el mismo que luego llegaría a la jefatura de la Bonaerense–, se enviaron fotos muy extrañas de los presuntos asesinos de su hijo al juzgado de Paysandú. Periodistas de Morón que asistieron a una conferencia de prensa brindada por el ex comisario, también vieron las instantáneas. El voluminoso Cadena era tan delgado como un faquir y los demás parecían chicos que recién habían tomado la Primera Comunión.
Aun hoy, en el juzgado uruguayo, se recuerda cuál fue la respuesta que recibieron los agentes de Interpol enviados a investigar en Morón los rastros de los barrabravas. “No los conocemos”, les dijeron en la seccional que comandaba Vitelli. Con el tiempo, el municipio cambió de manos y Cadena se mudó a la oposición del actual intendente Martín Sabatella. Y, así como antes golpeaba a vecinos que protestaban contra un negociado cloacal de Rousselot, pasó a dar bifes, pero del lado de afuera. Ahora está conchabado en el Sindicato de Empleados Municipales. Alguna vez quiso ocupar la intendencia que defendió en tiempos de Rousselot y hasta fajó a militantes de la CTA y vecinos de Ituzaingó durante un cacerolazo.
Cadena, a esta altura todo un símbolo de la patota –aunque no el único bajo sospecha en el caso García–, también es un conspicuo integrante de los Borrachos del Tablón, el mote con que se conoce a la barra brava de River. Y su amigo Carly fue denunciado penalmente por Sabatella debido a una amenaza de muerte que le propinó en la propia intendencia. El edificio que, en tiempos de Rousselot, era un protectorado de los violentos.

De Núñez a Parque Patricios
Daniel Rivera, el tío de Fernando Blanco, conoce al comisario inspector Carlos Arturo Kevorkian, de algunas reuniones que mantuvieron en el barrio de Núñez. Allí participó junto a un grupo de vecinos inquietos por la ola de inseguridad en encuentros relativos a ese tema. Pero no es en esa zona donde murió su sobrino sino en las inmediaciones de la cancha de Huracán, en Parque Patricios. El día del partido entre Chacarita y Defensores de Belgrano, el funcionario policial comandaba el operativo junto al comisario Fernando Gabela, a cargo de la seccional 28ª. Kevorkian había sido cambiado de circunscripción y se volvió a cruzar con el tío del chico que murió mientras estaba en manos de la Federal.
Rivera cuenta que le gritó con cierta desesperación tras la salvaje represión a la hinchada de Defensores. Buscaba a Fernando y no lo encontraba. Kevorkian se dio vuelta, detuvo sus pasos y no lo reconoció. Estaba vestido de civil, como varios de los policías que se infiltraron en la tribuna desde la que su sobrino bajó vivo e intacto, hasta que pisó la avenida Amancio Alcorta. Allí se lo vio por última vez, tironeado de su cabellera larga, y recibiendo palazos a diestra y siniestra. Esas imágenes las reprodujo Canal 9 y ahora están agregadas a la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 26, por homicidio culposo.
La familia de la víctima contrató a dos abogados: los doctores Juan Carlos Pinto y Carlos Branca. Este último es el mismo ex juez federal destituido primero y absuelto después en una causa por contrabando. Aquel proceso no le impide ejercer la profesión de abogado, pero sí resulta contradictorio con su actual defensa –al menos en el libre ejercicio de las opiniones– el hecho de que en otros tiempos patrocinó a un policía de la Federal acusado de armarles causas a inocentes. La Correpi señaló esta particularidad, allá por el 2001, cuando Branca defendía a un efectivo de la comisaría 30ª del barrio de Barracas, vecina a la jurisdicción de la 28ª donde ahora deben colectarse las pruebas por el asesinato de Fernando.
El resultado de la autopsia todavía no se difundió, pero a los familiares del chico –un ex estudiante de la Escuela Técnica Raggio, que amaba al rock, a Boca y a Defensores de Belgrano– les hace presentir lo peor. Su tío Daniel le recordó a Líbero que “un médico de la clínica donde falleció nos dijo que tenía una fractura detrás de la oreja derecha y que sangraba por ese oído. Hay cosas que deberán aclararse, como saber quién dio las órdenes y qué fue lo que pasó con Fernando entre el momento de la detención y su muerte. Hay gente que ya se ofreció para salir de testigo y que nos contó cómo ingresó golpeado al celular. Nos sentimos apoyados por el ministro del Interior, que nos recibió la semana pasada, pero queremos llegar al ciento por ciento del esclarecimiento del hecho, como el mismo Aníbal Fernández se comprometió”.
Separados por diez años, los crímenes de Daniel García y Fernando Blanco esperan por dos fallos que honren la memoria de las víctimas. Es deseable que Angel y Clara no tengan que recorrer el mismo y largo camino que Liliana, una madre que jamás se rindió, pero que aguarda desde 1995 una respuesta.