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A la AFA puede salirle muy cara aquella decisión de mudar la Selección Nacional a Rosario para jugar con Brasil. A 37 días de la concluyente derrota, decenas de damnificados que no pudieron ingresar a ver el partido porque les cerraron las puertas del estadioavanzaron en su reclamo para conseguir un resarcimiento económico, tanto en la Justicia como gracias a un recurso administrativo que prevé la Ley de Defensa del Consumidor. Las demandas van desde los 5 mil hasta los 20 mil pesos, aunque la asociación que preside Julio Grondona evitó que aumentara la cantidad de juicios proponiendo un canje de entradas entre el partido del 5 de septiembre y el que se le ganó con sufrimiento a Perú.

“Lo que pasó fue una bofetada a la sociedad y nada menos ocurrió en un encuentro del seleccionado y contra Brasil. Por eso estamos ante una situación que en Derecho puede denominarse como de incidencia colectiva”, señaló Gustavo Feldman, el abogado que patrocina a más de treinta espectadores que tenían su entrada y se vieron impedidos de ingresar al Gigante de Arroyito. En la AFA, en cambio, descargan la responsabilidad sobre lo que ocurrió en la Municipalidad rosarina. “Sus inspectores mandaron cerrar los ingresos cuando con el cuentaganado comprobaron que se había colmado la capacidad”, confió una fuente de la entidad que, además de los juicios, quedó expuesta a recibir una multa de hasta 5 millones de pesos.

La imagen patética de casi 3 mil personas apretujadas, contenidas por un vallado y un cordón policial, que mostraban su entrada con el brazo en alto sin poder franquear la puerta número 1 de la cancha de Central, aún puede observarse en un video colocado en Internet. Es la prueba más contundente de la proverbial desorganización que domina al fútbol argentino desde hace décadas. Mientras eso ocurría, cerca de doscientos integrantes de la barra brava local, liderados por Andrés “Pillín” Bracamonte, ingresaban por otro acceso después de pactar con la policía cómo hacerlo cuando se habían cerrado las puertas.

Esa situación discriminatoria explica en parte por qué la AFA será denunciada ante la Justicia de Santa Fe y la Secretaría de Comercio Interior de la provincia. El próximo viernes 16, la asociación deberá presentarse a una audiencia convocada en el último organismo. Feldman denunciará allí los casos de dos espectadores a quienes se les impidió ver el partido y que reclaman la devolución del valor de la entrada y el equivalente a cinco canastas familiares (unos 5 mil pesos), la máxima pena económica prevista en la Ley de Defensa del Consumidor. Como el abogado asesora a más de treinta personas, el reclamo superaría los 150 mil pesos, sin contar una multa que podría recibir la AFA de 500 a 5 millones de pesos.

El estudio rosarino de Feldman y Miguel García patrocina a ese grupo de espectadores, pero no a todos los damnificados. En la AFA le confirmaron a Líbero que se recibieron entre treinta y cuarenta cartas documento de personas que amenazan con demandas en la Justicia Civil por valores que van de 10 mil a 20 mil pesos. “Es un disparate, porque en el caso de una muerte en un accidente de tránsito, el monto que se fija, por lo general, ronda los 40 mil pesos. Y en esta situación se trata del daño moral por no haber ingresado a un partido de fútbol”, completaron la idea en el área legal de la asociación.

Aquella noche del clásico con Brasil se quedaron afuera el director técnico Edgardo Bauza; el ex diputado nacional y propietario de medios, José Luis Manzano; su socio, el abogado y dueño de América 2, Daniel Vila; y el ex intendente rosarino Héctor Cavallero. Ellos son los más conocidos entre los 3 mil que vieron frustrado su propósito de ingresar al estadio, pero no harán juicio. Sí un chaqueño al que asesora Feldman y que viajó desde su provincia a Rosario y no aceptó canjear la entrada por otra del encuentro con el seleccionado peruano, como sugirió la AFA. “¿Quién le costearía los gastos a Buenos Aires?”, se preguntó el letrado.

“Estamos ante una situación de incidencia colectiva por el marco sociológico en que se dio el hecho. Influye que son varios los damnificados, el daño causado, la posición que tiene la AFA en el mercado que, está claro, es monopólica. Los derechos de incidencia colectiva son evidentes”, agregó Feldman. “Hemos recibido a razón de ocho cartas documento por día. Algunas también son contra la AFA y la municipalidad de Rosario. La existencia de una norma en la provincia de Santa Fe que determina cuándo se debe cerrar un estadio, como sucedió esta vez, señala la responsabilidad del municipio local. Ellos cerraron las puertas, no la AFA”, dijo el abogado que está respondiendo las demandas. Y agregó: “Hasta se recibió la carta documento de una persona que ingresó al partido con una entrada de invitación”.

A propósito, Horacio Ghirardi, el secretario de gobierno del municipio, había comentado a los pocos días de producida la estafa contra los espectadores: “Vamos a poner a disposición de la Justicia toda la documentación que tengamos para esclarecer si hubo gente que entró con entradas falsas. Además nos parece importante que quien pagó su entrada y no pudo ingresar sea resarcido. Que quede claro que todo el personal municipal actuó con responsabilidad”. El palo contra la AFA no se hizo esperar: “Cuanto menos su manejo fue desprolijo con relación al desempeño institucional, el control de las entradas y a cómo informó que se iban a vender en Rosario”.

El fiscal Esteban Franicevich fue el primero que investigó los episodios ocurridos antes del partido, desde por qué faltaron localidades para la venta hasta la connivencia que existió entre oficiales de la policía rosarina y la barra brava de Central. “Hay cuatro imputados. Tres son policías y uno, Pillín Bracamonte. Calculo que en los próximos días serán citados a prestar declaración indagatoria. La instrucción la realiza el Juzgado Nº 12 a cargo de la doctora Mónica Lamperti”, le informó a este medio el fiscal.

La diferencia entre quienes consiguieron presenciar el partido y aquellos que se quedaron sin entrar es igual a la que existe entre los 30 mil espectadores que caben en el estadio y los 3 mil que sacaron una entrada de cartón pintado. Es cierto que hubo como 1500 periodistas extranjeros, 200 barras comandados por Bracamonte, unos cuantos hinchas que hizo pasar la policía sin entradas y “una laxitud deliberada en el control de acceso a la cancha”, según apuntó Feldman. Por eso, si sus clientes no llegaran a un acuerdo con la AFA en la Secretaría de Comercio, es posible que los juicios también alcancen a la Confederación Sudamericana y a la FIFA. El partido fue por las Eliminatorias mundialistas, de ahí la idea.

El sábado se volvió a la cancha de River. La cancha que Diego Maradona comparó este año con el potrero de Villa Fiorito donde jugaba en su infancia: “Es un pisadero, está desastrosa”, había dicho antes del partido contra Colombia. Sin embargo, la experiencia de Rosario resultó peor remedio que la enfermedad del Monumental. Brasil se floreó, 3 mil personas resultaron estafadas en su buena fe, las condiciones de seguridad escasearon y la AFA ahora deberá responder ante decenas de juicios.

El fiscal Franicevich hizo una síntesis precisa de lo que pasó en su ciudad con una sola frase, mitad crítica, mitad premonición: “Salió todo muy mal, nunca más van a jugar acá”.