[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La violencia de quienes la practican a los tiros o son cómplices desde sus despachos oficiales o en un club es como una alcantarilla. Por debajo huele a podrido, mientras que por arriba todos siguen caminando como si nada los afectara. La anunciada tragedia que no se produjo por la interna de La Doce sólo marca una pausa. Se sabe: no hay salida en las actuales condiciones, apenas parches. Es más: la sensación es que todo será peor en un 2015 electoral, donde las barras bravas saldrán a cotizarse como patotas multipropósito.

En el territorio más caliente, la provincia de Buenos Aires, se destinará una buena cantidad de policías de la nueva horneada para controlar el fútbol. Además, el secretario de Deportes bonaerense, Alejandro Rodríguez, espera por el demorado tratamiento de un proyecto de ley en el Congreso, que para el funcionario sería el punto de partida para erradicar a los mercaderes del aliento.

En la Capital Federal queda claro qué herencia dejó el jefe de Gobierno y candidato presidenciable, Mauricio Macri. El dirigente que puso a dedo en Boca, Daniel Angelici, negociaba con la barra oficial y ahora lo hace con la disidente. Todo en medio de un destino que parece inexorable y al que apenas falta ponerle la fecha de la próxima muerte.

Rodríguez tiene a su cargo la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos) bonaerense. Pero Roberto Laino, el funcionario que conduce el ente, responde políticamente al ministro de Seguridad, Alejandro Granados. Para el secretario de Deportes, la Agencia es un incordio, ya que lo distrae de otras funciones específicas de su área, y por cada hecho de violencia que ocurre debe salir a dar explicaciones. Eso le da más exposición pública, pero también puede volvérsele en contra (ver aparte).

Laino fue director de compras del municipio de Ezeiza donde Granados es figura omnipresente, también su director de Ceremonial y de Acción Social, juez en el Tribunal de Faltas y concejal del Frente para la Victoria, entre otros cargos. El último que ocupó fue como secretario de Seguridad. En el territorio que debería controlar se produjo una reunión que, por curiosa, no dejó de ser previsible.

El periodista Pablo Carrozza, un investigador sobre cómo funcionan las internas en las barras bravas, describió el encuentro en un artículo del diario Perfil: “La semana pasada, Carlos ‘Enano’ Martínez, custodio del presidente de Boca, Daniel Angelici, convocó a Debaux (N. de R.: por Fido, el líder del sector oficial de La Doce) a una reunión en Quilmes para acercar a las partes y que ambos bandos pudieran convivir en paz al menos hasta fin de año, cuando el mandamás xeneize tenga que refrendar su cargo en las urnas. Producto de esa reunión –que no llegó a buen puerto por la repentina aparición de (Rafael) Di Zeo y (Mauro) Martín junto a otros barras armados–, el grupo de Fido le dejó un mensaje a la dirigencia cerca del Parque Lezama y frente a la Bombonera: “Angelici, los muertos los pagás vos”.

La reunión en Quilmes demuestra cómo interactúan dirigentes y barrabravas, per se o por interpósita persona. Angelici, durante cuya gestión la Justicia descubrió una red interna en el club que entregaba carnets truchos a la barra, es un presidente cuestionado. Las críticas son combinadas: por los flojos resultados de Boca en 2014 y por el manejo del club, con La Doce bien adentro. Ahora será con Di Zeo y Martín como jefes y ya sin Debaux, que cedió el liderazgo.

El también empresario de los juegos de azar anunció que irá por su reelección en diciembre, aunque esta vez no está muy claro si tendrá el apoyo de Macri. Una fuente de la política boquense le dijo a Líbero que el jefe de Gobierno porteño apoyaría la candidatura del ex vicepresidente José Beraldi. Cualquier socio está en condiciones de presidir el club si cumple con los requisitos. Uno de ellos es el propio Di Zeo, quien el 7 de junio de 2013 anunció esa posibilidad (“Me encantaría ser presidente de Boca”, dijo), mientras al mismo tiempo pedía el blanqueamiento de La Doce.

El proyecto de ley que pretende atacar a las barras bravas en dos frentes (tipificando su figura en el Código Penal, al igual que la reventa de entradas) es una herramienta que el gobierno de Daniel Scioli elevó al Congreso nacional el año pasado por medio de un diputado que ya no es diputado y sí intendente, y que coquetea entre dos filiaciones políticas, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador: Martín Insaurralde.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, donde descansa el proyecto desde abril de 2014, es presidida por la diputada del PRO, Patricia Bullrich. Hasta hoy no hubo dictamen favorable ni desfavorable, suele explicar Rodríguez, quien deposita demasiadas expectativas en la norma.

Resulta evidente que desde un fallo bisagra del 17 de mayo del ’97 –que condenó a siete barrabravas de Boca liderados por el fallecido José Barritta–, los jueces llegaron más lejos con el artículo 210 del Código Penal que habla de asociación ilícita, que con la ley 23.184 de 1985 sobre violencia en los espectáculos deportivos y sus modificatorias, la 24.192 de 1993 y la 26.358 de 2008.

En todas ellas se menciona en el artículo 5º de su régimen penal, que “será reprimido con prisión de uno a seis años el que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el presente capítulo”. Hubo decenas de casos, aunque casi ninguno investigado a fondo ni probado en los tribunales, que pudieron terminar en condenas para dirigentes de fútbol, funcionarios políticos y sindicalistas.

Las leyes están, pero hay que aplicarlas. Una nueva, como la que le propuso el sciolismo al Congreso, ¿se utilizará? La experiencia indica que no. O tal vez sí: se juzgará con ella a los impresentables integrantes de una barra, los mercenarios del fútbol que se mueven por dinero y hacen del aguante su bandera. Está muy lejos el día que pase lo mismo con sus padrinos políticos.

[email protected]