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Por G.V.

Javier Castrilli propone seis medidas para avanzar en la lucha contra la violencia en el fútbol. La más conflictiva contempla la modificación del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA con el objetivo de imponer “sanciones ejemplificadoras”. El ex árbitro ya sugirió ante el Comité de Seguridad en el Fútbol que “los clubes cuyos simpatizantes incurran en conductas que originen la suspensión total del partido por escalamiento de cercos perimetrales” reciban “la quita de quince puntos como mínimo”, y si la suspensión es parcial, “cinco amonestaciones”.
Si la interrupción del juego obedece a “agresiones físicas de cualquier naturaleza que ocasionen lesiones fehacientemente comprobadas a personas, resistencia a la autoridad o daños en las instalaciones”, Castrilli entiende que de quince puntos, la quita podría ascender a “treinta puntos” o, directamente, “la pérdida de la categoría”. La otra disposición que provoca escozor entre los dirigentes es la que fija para el 2004 la contratación “de un servicio de seguridad privada” por parte de los clubes para dejar sin efecto la demanda de policía adicional. Obligaría a las instituciones de Primera División y sería optativa para las restantes categorías. En consecuencia, los uniformados sólo intervendrían en disturbios como el ocasionado por la barra brava de Chacarita en la Bombonera si la situación lo requiriera.
Además, el director del Programa de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos le reiterará hoy a Grondona que los espectadores deberán ver los partidos sentados de acuerdo con un cronograma gradual que finalizaría en el 2007, los estadios tendrán que reformarse y los clubes presentar a partir del año próximo un diagrama de seguridad y un plan de contingencias (emergencias médicas, prevención de incendios y evacuación de tribunas) con una antelación no inferior a las 96 horas de cada encuentro.