Una de las depresiones de esta vida es preocuparse por el patrimonio. Es que, como en la novela negra, los buenos suelen perder. Destruir le resulta más fácil que construir a los seres humanos, y ni te cuento si son argentinos, rara tribu que demuele lo que se ensució en vez de limpiarlo. Por eso es raro que se pueda festejar algo en este campo, como hay que festejar que este jueves el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, haya vetado el engendro legal que le armaron en la Legislatura el macrista Santiago de Estrada y el inefable “kirchnerista” Miguel “Pancho” Talento. Este inesperado dúo pasó una ley para blanquearle un negocio a la parroquia de Flores, dueña de un inmueble histórico en la calle Membrillar demolido de noche y a las apuradas para evitar ese cepo tan incómodo, la catalogación como edificio patrimonial.

La casona de Membrillar 68 es de las últimas del siglo XIX que le quedan a un barrio que supo ser hermoso, de cielo abierto, y hoy es una aglomeración de departamentos. Catalogada como edificio histórico en la APH 15, fue casi totalmente demolida a escondidas en 2003, de noche y sin permiso. Los vecinos evitaron que la casa desapareciera y que su dueño, la iglesia de Flores, tuviera el terreno despejado para venderlo.

El tema pasó a juicio, ya que la ley es explícita y clarísima: si uno demuele un edificio catalogado sólo puede construir un 70 por ciento de lo demolido. El negocio, claro, es construir un edificio de varios pisos, no un chalecito, por lo que la parroquia se movilizó. Ganar el juicio es difícil si no imposible, ya que a un juez no debe impresionarle que le presenten un hecho consumado: la casa transformada en yuyal y tapera. Por eso el tema pasó a la Legislatura porteña, con la estrategia de pasar una ley especial que “descatalogue” la casa de Membrillar.

De Estrada es un hombre de la Iglesia que parece capaz de defender cualquier cosa con tal de obedecer a sus mandos naturales, con lo que presentó el proyecto de ley. Talento obedeció mandos aún más naturales: su señora madre es persona activa en la parroquia de Flores, con lo que su hijo apareció como co-sponsor del engendro legal.

Lo de engendro no es exageración, ya que si se descataloga un edificio después de demolerlo se consagra con fuerza de ley una impunidad maravillosa, la de comprar barato un bien patrimonial, destruirlo y después buscarte un amigo en la Legislatura que blanquee todo. O la mamá de algún amigo en la Legislatura...

El jueves 21 de diciembre, nuestra increíble rama legislativa sancionó el bodrio, con el incomprensible voto de personas como Norberto La Porta, que demostró palpablemente que en ciertas cosas no priman los principios sino el intercambio de figuritas, que alcanzó justo para reunir los 31 votos necesarios. En el debate y en la audiencia pública que lo precedió se escucharon argumentos que van de lo falluto –la libre disponibilidad de la propiedad privada, los fines nobles a los que se aplicaría el dinero– a lo tonto, como el de la legisladora Baltroc, que dijo que no había sido la Iglesia la que demolió la casa sino un grupo de okupas, seguramente psicóticos, que destruyeron la única vivienda que tenían. El ARI, Polimeni, Varela y Acuña votaron en contra y hablaron claramente sobre la impunidad. Teresa de Anchorena, legisladora por el ARI y presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, había mandado horas antes de la sesión una carta documento al Ministerio de Obras Públicas porteño pidiendo que se sancione a los demoledores.

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial de la ciudad el Decreto 138 con el que Jorge Telerman simplemente veta la ley elucubrada por De Estrada y el hijo de la señora Talento. El veto explica que Membrillar “ya se encuentra catalogado por la Ley 449, texto ordenado por Decreto 844/03, reglamentándose su catalogación a través del expediente 23.171/02”. Como la casa está catalogada, ordenada y reglamentada como bien patrimonial, explica el veto, “no corresponde la modificación del Parágrafo 5.4.12.15 del Código de Planeamiento Urbano a través de la derogación del acápite 8 (esto es, no corresponde la ley votada en diciembre) toda vez que se estaría validando la demolición sin permiso de un edificio catalogado, lo que amerita el veto”.

Imposible ser más claros. Este veto frena una fuerte agresión al sistema legal de protección del patrimonio, que no es exactamente una fortaleza inexpugnable y necesita voluntad política para funcionar. Telerman acaba de mostrar que, cuando quiere, la tiene.

Al fin una buena.