A la empresa constructora Leonides no le gusta la parte de la Constitución que deja explícito que los argentinos tienen derecho a manifestarse y protestar. Esto es porque los vecinos de una de sus obras en la calle Artigas, en Villa Pueyrredón, llevan varios meses protestando e intentando que se atiendan sus denuncias de irregularidades. Esta semana, Leonides instruyó a su abogada Silvia Scataglini para que envíe una dura carta documento a algunos de esos vecinos exigiendo un pago de seis mil pesos por supuestos daños a la valla que cierra la obra. La letrada no tiene empacho en explicar que nadie espera ver ni un centavo: “El único objetivo es que los vecinos nos dejen en paz”, dijo a Página/12.

Leonides es una empresa de mediano porte que se enorgullece en diseñar, construir, financiar y vender sus propios edificios. La obra de Artigas 5277 es de seis pisos y con todo lo que la moda marca en materia de departamentos modernos: techos reglamentarios, no sea cosa de regalar algún centímetro, SUM, porcelanatos y la más estricta falta de imaginación o creatividad en arquitectura.

El lote de la calle Artigas, con las fajas de clausura y pintadas al pasar que parece que no merecen una demanda, como las de los vecinos. En el detalle, el cartel de permiso de obra con fecha 20 de diciembre, bastante después de la demolición.

El problema para Leonides es que comenzaron sus trabajos en plena efervescencia antitorres y, aunque su obra en Villa Pueyrredón es pequeña, los vecinos ya tenían contadas tres docenas de demoliciones y construcciones en pocas cuadras de un barrio todavía más de casas que otra cosa. Estos mismos vecinos se dirigieron a la Dgfoc, la dirección general que fiscaliza las obras en la ciudad, donde les dijeron que el solar de Artigas 5277 estaba ocupado por una casa: no había ni rastros del permiso de demolición, del de obra o de los planos de lo que se quiere construir. La carencia total de estos documentos obligatorios hizo que la Dgfoc finalmente inspeccionara el lugar y le hiciera correr la valla a la empresa, ya que ocupaba más de lo permitido en la vereda.

El 17 de diciembre, una tormenta derrumbó la valla. Y el 19 de diciembre la Dgfoc clausuró la obra pero, para asombro de los vecinos, los trabajos siguieron como si nada. El once de enero de este año, la obra fue nuevamente clausurada y al día siguiente los vecinos hicieron una clausura simbólica. Alguien, entonces, hizo una pintada que decía “Obra sin permiso”.

Esta pintada es la que origina el apriete de la constructora a los vecinos. Como la firma Leonides no puede identificar a la persona que la hizo, su creativa abogada les envió la carta documento a los habitantes del edificio lindero, decidiendo que debían ser responsables por su presencia constante en las protestas. La doctora Scataglini escribió que “en dos oportunidades han pintado las vallas de mi representada” (al parecer, sólo una, ya que a fines del año pasado se pegaron unos cartelitos) y por tanto tienen que pagar “pesos seis mil”. Con esa estupenda falta de respeto que tienen los textos legales, la carta intima a pagar en tres días corridos y se reserva el derecho de accionar. La letrada no quiso hablar demasiado del tema –ya había salido por las radios y la empresa le pidió bajar el perfil– pero sí aclaró que el objetivo no es cobrar: “Es que dejen de pintar y protestar”.

Foto: Jorge Larrosa

En medio de estos legalismos apareció uno peculiar: el cartel de obra, conspicuo ausente en la famosa valla. El cartelito, que es obligatorio, indica que el permiso de obra fue emitido el 20 de diciembre. Si eso es cierto, Leonides ya llevaba un buen rato trabajando sin permiso, por ejemplo con la demolición de la casa preexistente.

Este caso aparece como una miniatura –un Mini Me– de lo que inventó KOAD S.A., una empresa mucho mayor que construye dos torres de 34 pisos, 120 metros de altura y 42.000 metros cuadrados en Caballito. El gigantismo de la obra desesperó a los vecinos, que hicieron varias marchas protestando. En una, donde había 250 personas, alguien hizo una pintada en el acceso principal del obrador en Vallese 753. KOAD le inició una demanda civil a Mario Oybin, de SOS Caballito, a Gustavo Desplats, coordinador de la Protocomuna Caballito, y a la Protocomuna misma, lo que es un error de principiantes ya que una asociación civil mal podría hacer una pintada, acto humano y no civil. Los demandados y la demandante ya tuvieron su audiencia obligatoria de mediación el 19 de febrero y se reencuentran el 30 de marzo. Nueve días antes se realiza otra protesta junto a asambleístas de Gualeguaychú y Esquel, que también fueron demandados por la minera Meridian Gold.

Evidentemente, las constructoras percibieron que hasta el paquidermo burocrático reacciona ante los vecinos en la calle y que los porteños simplemente no quieren ni torres ni una ciudad con densidades de Hong Kong. Y están probando la chicana legal para frenar las protestas. La estrategia no parece funcionar –las marchas y actos seguirán– y habrá que ver qué dicen los tribunales.