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La gran casona de los Bemberg en la calle Montevideo 1250 está a salvo: el juez Roberto Gallardo emitió este miércoles un lapidario, claro y duro fallo que no sólo prohíbe que la toquen siquiera sino que asigna responsabilidades al errático Ejecutivo porteño. Para mejor este fallo –que es firme y sobre el fondo de la cuestión, no ya sobre un amparo– se suma a que el próximo martes la Comisión de Planeamiento de la Legislatura vota el despacho para declararla patrimonio protegidísimo. Y todo indica que los miembros no van a disentir con la Justicia y que el tema pasará rápido al plenario de diputados. Al mismo tiempo, un buen sector del norte de Caballito quedó liberado de torres cuando se rezonificó hasta 10,50 m, un logro de los vecinos pioneros en esto de protestar. Para completar las buenas noticias, la absurda ley que la inmobiliaria del cardenal Bergoglio y su militante legislativo Santiago de Estrada lograron pasar la semana anterior puede ser vetada una vez más. Como nada es perfecto, la procuración porteña insiste en convencer a su jefe y cliente, Jorge Telerman, de que las leyes se tienen que votar cuatro veces y algunos legisladores le siguen dando vuelta a la protección de Parque Avellaneda, pese a que es un parque y, por eso, propiedad pública. Ah, y el Ministerio de Cultura se mandó otro papelón típico de las Chicas Superpoderosas.

EL FALLO

Como el gobierno progresista resultó vacilante, apichonado y cómplice de los intereses económicos de la piqueta, los vecinos terminaron saliendo a la calle a detener las demoliciones indiscriminadas. Caballito fue de los primeros y logró que el gobierno porteño declarara la emergencia y suspendiera los permisos a las torres. Los vecinos de Basta de Demoler empataron con el delicioso petit hotel de Callao al 900 –lo están demoliendo, pero se reconstruirán dos de sus salones más valiosos– y ganaron con honores, copa y medalla en el caso de Montevideo 1250.

Resulta que un buen día de este invierno se desayunaron con que la vieja residencia de los Bemberg iba a ser demolida, con remate de sus antigüedades estructurales y todo. Rápidamente, presentaron un amparo ante el juez Gallardo para frenar la destrucción. El juez porteño lo concedió, atendiendo los argumentos de los vecinos y la información legal aportada por el equipo de la diputada Teresa de Anchorena, que preside la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, y por el también diputado Jorge Enríquez. Ahí se dio el papelón de que fuera la ciudad la que apelara, antes mismo que la empresa destructora que quería reemplazar la hermosa casa francesa con otro mediocre objeto de vidrios. La Cámara rechazó las apelaciones con un fallo que daba ganas de estudiar Derecho: no sólo se hacía lugar al amparo sino que se afirmaba taxativamente que si un edificio está siendo considerado como patrimonio, sea por el Ejecutivo como por el Legislativo, debe ser protegido, el lote inhibido y las demoliciones nunca, jamás de los jamases, autorizadas. Este miércoles, el juez Gallardo emitió su fallo final, no sobre el amparo sino sobre la cuestión de fondo, la demolición o preservación de la casa. Es un escrito que alegra el corazón.

Gallardo historia clínicamente las presentaciones y los argumentos de cada parte, recorriendo la construcción jurídica del patrimonio cultural como objeto legal y como derecho de los ciudadanos. Con claridad total, le explica a la empresa destructora –Fideicomiso Inmobiliario Iq Plaza Vicente López– que proteger un edificio patrimonialmente no es una limitación espantosa del derecho de propiedad privada sino uno de los tantos límites que la vida en sociedad le pone a la propiedad privada.

Después empieza lo bueno. En el capítulo tres del escrito, Gallardo habla sobre la responsabilidad del gobierno porteño en el entuerto. “No puede excusarse (al gobierno porteño) por su inacción”, truena el juez, “y mucho menos por las acciones realizadas en sentido contrario al cumplimiento de sus deberes”. Gallardo agrega que todo esto “dará lugar, de corresponder, a la reparación del daño que se pudo haber causado por dicha conducta errática. No puede de forma alguna desligarse la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pues es su obligación e interés primordial velar por el resguardo del patrimonio cultural”. Más claro, habría que echarle agua. Y eso de “conducta errática” es una exactitud completa.

Como el juez no es zonzo, agrega un párrafo que va directo a la inacción ñoña de nuestro Ejecutivo. Es cuando aclara que para que el gobierno porteño actúe ni siquiera es necesario que se cometa un ilícito, “pues la tutela es procedente aun frente a hechos o actos válidos, que cuentan con autorización administrativa”. Esto es porque “por sí solas, las disposiciones constitucionales y legales no garantizan la efectiva protección del patrimonio cultural. Para eso es necesario que el Estado eleve esta meta a un verdadero objetivo de gestión, con permanente y efectivo control”.

Con estos argumentos sólidos, el juez afirma que “la destrucción de la finca objeto de estas actuaciones agravaría aun más la situación del ya deteriorado acervo cultural, artístico y arquitectónico de esta urbe, causando perjuicio irreparable a la comunidad que la habita, a las generaciones venideras y al medio ambiente”.

Y entonces toma sus decisiones. Primero, le impone las costas al gobierno porteño, “toda vez que su conducta dio lugar a la articulación de la presente acción de amparo”. Segundo, prohíbe “en forma definitiva cualquier modificación, destrucción, demolición y/o cualquier acción que implique alteración alguna del inmueble”. Y tercero, le da seis meses al gobierno porteño para que regularice la protección y le comunique perentoriamente qué hicieron, y mientras tanto ordena que su resolución sea inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, para que nadie pueda hacerse el oso de aquí en más.

¡Qué buena prosa tiene Gallardo! Hasta en el gobierno porteño pueden entender lo que dijo. De todos modos, este martes la Comisión de Planeamiento de la Legislatura va a tratar el proyecto de catalogación de Montevideo 1250, que tiene preferencia para ser votado el 22 de noviembre.

Por supuesto que quedan cosas por resolver. Por ejemplo, el incumplimiento de los deberes de funcionario público del genio legal que autorizó la demolición, lumbrera que reside en el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, Dirección General de Fiscalización de Obras, al que de paso podrían investigarle las finanzas. O el juicio que la empresa destructora podría hacerle al gobierno porteño por la confusión maliciosa con que se manejan estas cosas. Resulta que todo esto es una interna entre los ministerios de Cultura, débil y vacilante, y de Planeamiento, que se ríe de la idea de proteger. Ahora este cacareo entre ministros puede costar un dineral, que pagaremos entre todos.

CABALLITO

Otra buena noticia es que en Caballito habrá zona libre de torres y hasta de edificios de departamentos. No en todo el barrio, que en buena medida está perdido para el campeonato, ni en las avenidas, donde el código suicida pretende que se edifiquen murallones de departamentos. Pero sí en dos zonas, una delimitada por Aranguren, Juan B. Justo, Donato Alvarez, San Martín y Honorio Pueyrredón, y otra más pequeña alrededor del Durand, entre Acoyte, Díaz Vélez, Acevedo y Avellaneda. Para deleite de los vecinos, el proyecto de los diputados Anchorena, Baltroc, Gramajo y Olmos fija la altura en 10,50 metros.

Esto significa, a la mezquina altura mínima de hoy en día, planta baja, dos pisos plenos y un tercero en retiro. O, en el caso de las casas más viejas, de planta baja y primer piso, un segundo piso parcial.

Lograr esta rezonificación fue un largo trabajo de negociación entre políticos y vecinos, donde nadie logró su utopía pero todos salieron ganando. Como suele ocurrir, esto trae claridad al mercado inmobiliario, que ahora sabrá qué se puede hacer y dónde, sin miedo de ofender a los vecinos.

VETOS Y PAVADAS

La semana anterior, la inmobiliaria que dirigen el cardenal Jorge Bergoglio y su socio, el macrista legislador Santiago de Estrada, logró revertir el veto de Jorge Telerman a un pastiche impresentable. Como se recordará, la iglesia de Flores demolió a escondidas, un sábado por la noche de 2003, la casona de los Piana en la calle Membrillar, a metros de Rivadavia. La idea era librarse de la casa, despejar el terreno y venderlo a un desarrollador para que haga un edificio. La demolición fue clandestina e ilegal porque la casona estaba protegida, era parte del APH de Flores. Los vecinos frenaron ese delito y el caso pasó a juicio. Por desgracia para la iglesia, la ley sanciona estas picardías dejando construir sólo el 70 por ciento de lo demolido. Así se caía la operación inmobiliaria.

Como la iglesia de Flores no podía resolver el problema, entró en acción la Iglesia, a través de De Estrada, político tan católico que comenzó su carrera con Onganía y tiene como apodo, qué casualidad, El Cardenal. De Estrada logró que se aprobara una ley descatalogando Membrillar, con 31 votos. Telerman la vetó y De Estrada volvió a la carga y el jueves pasado logró 32 votos para sancionar el ilícito. Sus cómplices esta vez fueron Acuña, Amoroso, Araujo, Baltroc, Bergenfeld, Borrelli, Cantero, Destéfano, Devoto, Enríquez, Farías Gómez, Godoy, González, Gramajo, Kravetz, Lo Guzzo, Majdalani, Melillo, Michetti, Morando, Moresi, Mouzo, Onega, Peña, Rabinovich, Santilli, Suppa, Talento, Talotti, Urdapilleta y Vitali.

Pues parece que el saliente gobierno Telerman tendrá un nuevo gesto de dignidad y va a vetar otra vez el engendro. En Planeamiento ya tienen listos los considerandos para recomendarle al gobierno porteño rechazar otra vez la treta. Son los mismos de la vez anterior, porque De Estrada ni se molestó en cambiar el texto de la ley. Simplemente quería cumplir con su verdadero referente político –que es la Iglesia y no el PRO– y mostrar qué poderoso que es.

Mientras, en otra muestra de la conducta errática que tan agudamente detectó el juez Gallardo, el Ministerio de Cultura que conducen las Chicas Superpoderosas hizo circular un proyecto para catalogar el edificio de Montevideo 1250 y la hermosísima casona de Las Heras 1725, esa residencia estilo San Petersburgo en la cuadra de la escuela Prilidiano Pueyrredón. Esto demuestra que la ministra y su subsecretaria de Patrimonio literalmente no saben qué pasa a su alrededor: Montevideo se trata el 22, como se explicó más arriba, y Las Heras ya se trató. Tanto, que la ley inicial hasta se publicó en el Boletín Oficial de la ciudad. ¿No habría que llamar al profesor Utonio?

Para terminar, la procuradoría general no desistió, como había trascendido, de recomendarle a Telerman que las APH fueran aprobadas por ley. Esto es incomprensible, ya que las APH ya fueron aprobadas por la Legislatura, con doble lectura –o sea, votadas dos veces– y el Código dice claramente que deben ser reglamentadas por decreto. O aquí hay algo raro, o el procurador quiere cambiar los procesos legislativos y hacer que los diputados voten las APH cuatro veces...