Parque Avellaneda es un parque con un viejo casco de estancia y algunos otros edificios, todos públicos. Hace años que existe una Mesa de Trabajo y Consenso que reúne a funcionarios y vecinos, es presidida por Alberto Oliveira Rial y tiene fama de trabajar y bien. El problema es que el proyecto para transformar al parque en un Area de Protección Histórica está encontrando incomprensibles resistencias de parte de ciertos legisladores. El proyecto incluye al parque –propiedad pública–, una escuela que funciona en otro viejo casco de estancia, y algunas manzanas de vivienda popular del barrio Marcelo T. de Alvear, que reúne edificios de la década del veinte a la del setenta y funciona como una suerte de catálogo de ese tipo de arquitectura. Como se ve, la APH debería salir sin problemas porque toma un parque y una escuela, que ya son propiedad de la Ciudad, y una serie de edificios que por su naturaleza no pueden venderse en conjunto o remodelarse.

¿Qué pasa entonces? Pasa el Copua, el pintoresco consejo creado para hablar del Plan Urbano Ambiental y que ahora se está arrogando facultades inconstitucionales, tomando velas en un entierro al que nadie lo invitó. El Copua está discutiendo Parque Avellaneda hasta con planos equivocados, que nadie sabe quién aportó ni por qué. Y ya tiene antecedentes de embarrar la cancha en los casos de Barrancas y Parque Chas. Sería interesante que alguien mostrara el sustento legal por el cual el Copua tiene derecho a pronunciarse en este tipo de temas, y desde cuándo sus opiniones son vinculantes. Ya se sabe que les sirve de excusa a los que quieren detener toda protección al patrimonio, pero eso no es un sustento legal o constitucional.