Se termina un año para recordar en cuanto patrimonio edificado. Esto es porque finalmente se aprobó una ley que es un real comienzo para ordenar el tema, y porque esta ley es producto de algo tan simple como difícil de conseguir: que el tema se politice y pase a ser parte de la agenda, como la salud, la seguridad y el tránsito. Es que 2007 fue el año de la protesta callejera contra las torres y la piqueta, el año de los amparos para salvar edificios y el año en que la Legislatura votó una ley con los vecinos de la ciudad mirando de cerca. En fin, el tema patrimonial salió de las publicaciones especializadas y la desesperanza para ser un tema más de política.

El proceso fue explosivo. En la primera mitad del año aparecían síntomas aquí y allá, como los lectores que mandaban fotos y denuncias de demoliciones indeseadas y hasta de aprietes absurdos, como la constructora que denunció a vecinos por tirarle un tomate a su cartel de obra en una cuadra tranquila de Villa Pueyrredón donde se alzaba el primer edificio en altura. Los vecinos de Caballito ya estaban haciendo masa crítica y poniendo en el temario cosas como cotas de altura y FOTs, mientras que los del Bajo Belgrano combatían proyectos inmobiliarios en un terreno que fue de la embajada soviética.

Las alegrías eran bien pocas y uno se encontraba envidiando a La Plata, que mal que mal y de prepo mostraba la voluntad política de frenar las demoliciones y las torres. Lo bueno pasaba por proyectos privados, como la gloriosa restauración de las galerías Güemes, que le devolvió a la ciudad una obra maestra de Gianotti que había sido vandalizada para modernizarla y medio que olvidada bajo el gris del abandono. La restauración volvió a ponerla en el mapa, levantó el nivel de los comercios, atrajo a turistas asombrados y resultó una estupenda inversión, lección que demuestra la diferencia entre ser un vivo y ser inteligente.

Foto: Alejandro Leiva

Desde la política todo parecía perdido. La boba administración de Jorge Telerman seguía siendo tan blanda como siempre, sólo que ya no se molestaba en fingir que era progresista. Las chicas superpoderosas –la ministra de Cultura Silvia Fajre y su secretaría de Patrimonio, ahora reciclada en Cultura de la Nación, Nani Arias Incollá– sacaban libritos y seguían sin mover un dedo para salvar algún edificio, aunque sea pa’ cumplir. El Ministerio de Planeamiento seguía en mano de los cínicos de siempre, que uno ignora si dejan demoler todo por convicción ideológica o por simples peajes. El “cardenal” Santiago de Estrada, en ejercicio de la presidencia de la Legislatura, logró que la Iglesia hiciera un negocito terminando de demoler, esta vez legalmente, una casa en Membrillar 64 que hasta era parte del APH de Flores. Le costó, tanto que puso a su real referente político, el cardenal (de verdad) Jorge Bergoglio, a llamar a diputados para que aprobaran la ley tramposa, papelón que llevó el tema a la tapa de Página/12. Cuánto que le debe Bergoglio a este militante católico...

El patrimonio parecía destinado a sobrevivir sólo por accidente y en los libros que el Cedodal sigue editando con su emperramiento ejemplar, o en las magníficas fotos de los que publica Larivière. Y entonces llegó julio y pasó lo inesperado.

Resulta que fue entonces que una empresa justo anunció que iba a demoler lo que resultó la gota que rebalsa el vaso. El petit hotel de Callao 924, donde funcionó por añares una mutual, es un edificio muy bello, cargado de vitrales, chimeneas, boiseries y herrerías de primera agua. Pero no es ni más ni menos hermoso que otros petit hoteles que ya cayeron para ser reemplazados, en el mismo barrio y en otros, por edificios de cuarta categoría. Lo que pasó con éste fue que un grupo de vecinos tomó la calle para intentar salvarlo, con lo que disparó el fenómeno.

“Basta de demoler” era hasta entonces más una dirección de mail y una red de contactos que otra cosa. Nacida pocos meses antes a través de El Fantasma de Recoleta –seguramente el mejor periódico barrial de la ciudad–. El Fantasma cubría las demoliciones y sugirió que los que se oponían se juntaran. Para julio, Basta de Demoler estaba listo para presentar un amparo judicial y debutar en sociedad. Hasta le hicieron un velorio al edificio. Lograron que el dueño ofreciera un futuro espacio con las antigüedades reinstaladas, para uso libre de grupos como Basta de Demoler.

A este empate por puntos le siguió enseguida un triunfo resonante, que marca un antes y después. En agosto, Basta de Demoler presentó otro amparo, esta vez por el notable edificio francés de los Bemberg en Montevideo 1250, cuatro pisos con detalles de fachada ya únicos. El juez porteño Roberto Gallardo emitió un fallo ejemplar, que frenó la demolición. La diferencia era que Montevideo estaba en la lista de Edificios Representativos de la ciudad y días antes de que se expidiera el permiso de demolición había entrado en la legislatura un proyecto para catalogarlo en firme. Gallardo entendió que no se podía demoler porque destruir el edificio iba a impedir que los legisladores ejercieran el poder con el que están investidos.

Más importante aún, Gallardo –y luego la Cámara, en apelación– dejaron en claro algo seminal: que el patrimonio tiene un valor material concreto y real, que debe ser amparado. El edificio a demoler tiene un valor intrínseco que puede y debe ser protegido por la Justicia. No es una molestia en el camino a construir un edificio nuevo y, ése sí, valioso. Esto es de una importancia enorme porque nunca había sido dicho.

Por supuesto, el gobierno porteño hizo la pajaronada de apelar, antes incluso que la empresa constructora. Perdieron como in the war y luego tuvieron la lucidez de compensar el tropezón con un gesto inédito, el de desistir formalmente de volver a apelar. Queda en el aire la responsabilidad del genio burocrático que ni se molestó en averiguar si se podía dar el permiso de demolición. Ese personaje algún debería responder con sus bienes y haberes por el daño causado.

Otra situación

Este éxito y la claridad meridiana de los fallos judiciales cambiaron completamente el panorama. La comisión de Patrimonio de la legislatura generó de inmediato cuatro proyectos para contener la situación y crear una emergencia patrimonial que frenara estos papelones. Los cuatro proyectos se unificaron, pasaron por las comisiones que corresponde rumbo al piso y fueron modificados políticamente. El 22 de noviembre de este año se votó el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial que, parcial y limitado en el tiempo como es, resulta la más amplia ley jamás aplicada en Buenos Aires en este tema. Básicamente, la ley frena toda demolición de los edificios comprendidos en la lista de Representativos –casi 3000 piezas–, de los sobrevivientes de los Premios Municipales y de los construidos antes de 1942 en el polígono que Telerman pretendió presentar como Paisaje Cultural ante la Unesco, una zoncera que terminó sirviendo para algo porque al fin y al cabo tenía existencia legal.

La ley crea un procedimiento especial para estos edificios especiales. Básicamente, no se pueden tocar sin un parecer del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, un ente que reúne Ejecutivo, Legislativo y organizaciones de arquitectos y que hasta ahora sólo hacía eso, asesorar. A partir de la ley, el CAAP tiene el poder de decir que un edificio no tiene valor patrimonial y permitir demolerlo, o decir que sí lo tiene, lo que automáticamente obliga a comenzar el trámite de catalogación.

A esta ley hay que apoyarla para que sea un éxito, pidiendo catalogaciones a granel y forzando, desde la política, a que el ejecutivo la cumpla. El patrimonio no es cosa de nostálgicos o historiadores, es un valor material palpable, un modelo de negocios que pone el eje en el edificio y no en el terreno. Esto no es ninguna novedad y fue comprobado una y otra vez en ciudades y países del mundo entero, donde muchos ganaron buen dinero y vieron sus propiedades valorizadas gracias a la protección.

Y todo con una calidad de vida mucho mejor que en, por ejemplo, San Pablo, una ciudad donde le dieron piedra libre al negocio a corto plazo y mirá como terminó.