La triste aventura de la casa Cobo en el Tigre está empezando a dejar al descubierto cómo se manejan ciertos negocios inmobiliarios en esa región del norte bonaerense. La vieja casona está a medio demoler; la Municipalidad de Tigre ruge para despegarse de la ilegalidad de todo; la jueza interviniente cae en contradicciones más que llamativas y un funcionario municipal termina siendo parte central del ilícito cometido y a la vez perito. Por lo que no sorprende que este señor termine recomendando que la demolición sea total.

La vieja quinta de los Cobo todavía se alza en la primera esquina de la avenida San Martín de Tigre, esa de las palmeras en el cantero central que nace apenas se cruza el puente desde la rotonda de las palmeras. Su inmenso terreno siempre despertó la codicia ajena y ya en 1989 el fallecido intendente Ricardo Ubieto la liberó de toda protección en un decreto que no tenía ni considerandos, no sea de dar explicaciones. La quinta había sido incluida en el casco histórico creado en 1979 durante la dictadura y había sido vuelta a proteger en 1983. Pero hace 19 años se liberó todo y pronto se vio por qué: el terrenazo de unas cuatro manzanas fue prontamente dividido y poblado de casas y dúplex, con la municipalidad local poniendo calles nuevas para ayudar al negocio.

Foto: Bernardino Avila

Aun así, la quinta –o el Club Tigre, como todavía le dicen por los muchísimos años en que fue su sede– seguía imponente en un terreno más que importante, con el edificio sobre la esquina y buena parte de la verja original entre sus enormes árboles. Deteriorada y cachuza, llegó renqueando a este capítulo que auguraba su destrucción completa. Aquí la historia se politiza.

Resulta que sus actuales dueños son un grupo de inversores que nació como empresa en tiempos de Alfonsín. De activistas universitarios renovadores, los muchachos pasaron a empresarios de turismo, y ahora, se ve, a inversores en el sector. La quinta estaba condenada para hacer un Howard Johnson, parte de la cadena que tiene un sistema a la McDonald’s, por franchising, donde empresarios sueltos se afilian, reciben know how y servicios, y usan la marca, sin que la empresa madre tenga que construir los hoteles. El gerente para estas cosas de la Howard Johnson es nada menos que Alberto Albamonte, efímero político ucedeísta que tuvo su cuarto de hora en los ochenta enfrentando justamente al alfonsinismo.

Ya el año pasado se hablaba por todo Tigre del proyecto inmobiliario en la quinta Cobo, lo que terminó como parte de la movilización general contra las torres que tomó esa ciudad. Quien vaya al Tigre hoy verá su horizonte puntuado por altísimos edificios de un horror estético aumentado porque esa ciudad todavía tiene horizontes: las torres son imposibles de evitar. Odiadas, fueron uno de los argumentos de campaña del actual intendente Sergio Massa, del FPV, que cumplió decretando el fin de esa tipología en el centro y en la “isla” de Tigre. Por su orden 165/08, lo más alto que se puede erigir en esos distritos ahora es de veinte metros y se acabaron las viviendas multifamiliares.

Un grupo de amigos, muy joven y todos estudiantes, se concentró en la quinta Cobo. En diciembre, como para dar testimonio, el grupo hizo un acto en la esquina del edificio y se llevó la sorpresa de que fueran 200 personas y se juntaran 800 firmas. Alentados, comenzaron a pedir entrevistas con funcionarios locales y contactaron o fueron contactados por grupos afines en la Capital. Terminaron con el nombre de No a la Demolición, ayudados por la diputada porteña Teresa de Anchorena y la bonaerense Liliana Piani, e ignorados por los funcionarios locales, que les dijeron cosas como que estaban muy ocupados organizando el Carnaval.

La semana pasada todo hizo crack: apareció una inmensa máquina de demoler de esas que parecen existir sólo en los dibujitos, con una bola de metal colgando de una cadena, y le empezó a pegar a la quinta hasta dejarla a medio caer. Lo que había pasado era que los dueños de la propiedad pensaron que habían encontrado un resquicio para zafar de la atención ajena. Los de No a la Demolición habían presentado un amparo preventivo para que la quinta fuera protegida, explicando que la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos estaba tratando su protección y que la diputada Piani había presentado en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que la declarara patrimonio histórico. Su argumento exhibía la reciente jurisprudencia porteña, en la que en dos instancias la Justicia consideró que no se puede demoler y listo en esos casos porque sería permitir que un particular o un Ejecutivo vedara al Legislativo su capacidad de legislar. Además de proteger un bien material histórico, se protegía un bien de rango constitucional y muy importante.

Pero los amparos en la provincia de Buenos Aires no tienen fuero propio, por lo que el caso fue a parar a la manos poco hábiles de un tribunal del Trabajo, el 3 de San Isidro, y a la mesa de Sara Nasif. La jueza no parece haberles prestado demasiada atención a los argumentos constitucionales y de separación de poderes y, el miércoles 13 de febrero, rechazó el amparo por considerar que no corría prisa, no había ninguna urgencia ni peligro. La doctora Nasif se conformó con pedir informes a la Municipalidad de Tigre sobre la situación legal de la quinta y sobre si había permiso o no para demolerla.

Dicen los sabios que a veces la vida te tapa la boca. Se puede agregar que a veces lo hace rápido: a la mañana siguiente de la decisión de la jueza, ahí estaba la maquinota rompiendo la casa Cobo. Esto llevó a la doctora Nasif a romper su rutina, explicada por su secretario mientras se negaba a poner a la juez al teléfono –“la doctora no habla de sus casos por teléfono, venga en persona a ver si lo quiere atender”–. Según el secretario, la doctora Nasif trabaja hasta las 13, pero ese día tuvo que acercarse a la quinta Cobo. Sucede que el teléfono no paraba de sonar con las llamadas de periodistas, vecinos y la diputada Piani.

La doctora terminó en la quinta a media tarde y clausuró la obra porque nadie pudo mostrarle el permiso de demolición, que no existía ya que jamás fue pedido. Bastante más tarde aparecieron funcionarios municipales por el lugar, ya que los vecinos seguían ocupando la esquina. Se lo merecían: la quinta Cobo no desapareció completamente sólo porque algunos se interpusieron físicamente entre la casa y la máquina. Eso, en castellano, es poner el pecho.

Así quedó la cosa, con una jueza en ridículo –“no corre apuro” y horas después tiene que apurarse al lugar– y la nueva administración de Massa en medio de denuncias de coimas y demás etcéteras. El municipio se apresuró a multar fuertemente a los infractores, se presentó en la Justicia como demandante y emitió declaraciones condenatorias. El problema es, para su desgracia, que la cuestión es más compleja.

En la esquina de San Martín y el río quedó una casona decimonónica a medio demoler. La jueza Nasif ordenó a la municipalidad que determine si la estructura se puede sostener como está o si resulta peligrosa para la seguridad pública. Pero resulta que la Municipalidad de Tigre es la parte demandada en el amparo que atiende Nasif, por lo que los demandantes –No a la Demolición– pidieron que se nombre a un perito independiente, neutral respecto de las partes, para que dé su parecer. La jueza se negó y así la demandada tiene el privilegio de determinar si se termina o no de demoler la casona. Esto es tan absurdo que no podría ocurrir en la ciudad de Buenos Aires, donde se arranca de la necesidad de un peritaje independiente de las partes y dependiente del juez.

Pero el encargo le recayó al arquitecto Pablo Ricca, director general de Aplicación del Código de Zonificación de Tigre. Ricca, a la velocidad del rayo, presentó un parecer diciendo que, qué casualidad, hay que terminar con la demolición de la quinta Cobo. El fallo de Ricca no extraña por dos razones. La primera es que él es quien debería haber prevenido la demolición, que le cae directamente en el escritorio, y debería haber alertado a su jefe, el subsecretario de Planeamiento Urbano, ingeniero Pablo Dameno. Ninguno de los dos movió un dedillo para detener la desaparición de la casona, y eso que Ricca tenía una denuncia preventiva de los No a la Demolición semanas antes de que la máquina entrara en acción.

La segunda razón para que Ricca sea un entusiasta de la demolición de la casa Cobo es que forma parte del estudio Gualdoni, Ricca, Zwanck, firma power si las hay. Gualdoni es Hiram Gualdoni, que fue presidente del Concejo Deliberante de Tigre en tiempos de Ubieto y su sucesor cuando el intendente murió en funciones. Zwanck es Guillermo Zwanck, que fue subsecretario de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano en las gestiones de Ubieto y de su socio Gualdoni. Cuando se armó el negocio de la quinta Cobo y se dibujaron los planos del Howard Johnson, ambos socios estaban en funciones. Ahora, con la piqueta, está el tercer mosquetero, Ricca.

Y lo más irónico es que Ricca no sólo recomienda demoler sino que será él mismo el encargado de hacerlo. Como ahora es un tema “de seguridad”, la municipalidad se encarga de la obra. Hasta se las paga a los delincuentes que la empezaron en orsay.

El abogado Diego Hickethier, que asesora a la diputada Teresa de Anchorena, acaba de presentar en su nombre otro pedido para que la jueza designe un perito independiente. Anchorena se interesa en el tema porque es vocal de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, a la que le presentó una lista de decenas de inmuebles patrimoniales de Tigre. El pedido es para que alguien exento determine si la quinta puede ser reconstruida o, si no es posible, para que se haga la lista de lo que se preservará: los árboles, la reja perimetral, los pisos, los elementos arquitectónicos rescatables. Es un hecho que el Howard Johnson no podrá construirse ahí –el proyecto supera la ocupación legal del terreno y es demasiado alto–, por lo que habrá que modificar el uso del lote y perfectamente pueden salvarse estos elementos.

Mientras se observa con asombro creciente la actuación de la jueza, ya se están preparando contramedidas: el ingeniero Dameno y el arquitecto Ricca serán denunciados en los próximos días por incumplimiento de los deberes de funcionario público, algo que implica fastidios como que te revisen las cuentas. Como la explicación de su inacción es una incompetencia insalvable o algo aún peor, serán los primeros en ser denunciados en una administración que no tiene ni dos meses en funciones y ya tiene un escándalo.

El tema patrimonial está en la agenda política y ya tiene filo.