La casa Cobo sigue a medio demoler, todavía amparada por la Justicia que, en apelación y ya sin la jueza Sara Nasif a cargo, suspendió su destrucción total. La Municipalidad de Tigre impuso a los dueños una fuerte multa de 150 mil pesos por demoler sin autorización y la empresa se apareció con una sorpresa: al parecer firmado en diciembre de 2003 por el entonces secretario de Gobierno, Ernesto Casaretto, que afirma que la casona no está protegida y se puede demoler nomás. Esto no quita que Progrup SA se “olvidó” de hacer el trámite de permiso de obra –en este caso, de demolición—, pero es un fuerte argumento sobre la cuestión de fondo. Mientras, un despido puso en llamas a los activistas de La Mosquitada, que según el intendente Sergio Massa usan “consignas pedorras”, y un funcionario tigrense dijo que “la Cobo es la última casa patrimonial que se va a demoler”.

La casa Cobo había sido incluida en el precinto de preservación edilicia R4C1 por ordenanza 613/83. En agosto de 2003, el director de Obras Particulares, el arquitecto Eduardo Barbieri, informa que esta ordenanza debía ser aprobada a nivel provincial por el Ministerio de Gobierno, lo que nunca sucedió. Es más: las arquitectas Beatriz Rodríguez y María del Carmen Copani, asesoras del ministerio, se pronunciaron en contra y hasta pidieron que se derogue la ordenanza (¡qué buen antecedente para estas profesionales!). En 1999 se había sancionado un nuevo código de zonificación por ordenanza 1894/99, que no mencionaba siquiera el tema, por lo que el arquitecto Barbieri –otro crédito para la profesión– se pronunciaba porque la asesoría legal interviniera en el tema.

Esta asesoría envía el 14 de noviembre de 2003 una escueta nota en el mejor abogado, dejando el tema en la mayor oscuridad. El subsecretario de Gobierno de Tigre, Eduardo Sofía, le agrega al pie y a mano una nota diciendo que se debe devolver la nota para que la asesoría se pronuncie sobre el tema de fondo. El 20, Vicente Pla (asesor) se pronuncia diciendo que no hay limitaciones para demoler la casona. El final de la saga de papelitos lleva la firma de Casaretto, dando quince días para recibir objeciones u observaciones, y cerrando el tema.

Resulta como mínimo curioso que todo el mundo se rindiera tan fácilmente. Por ejemplo, un código de zonificación no tiene particular influencia sobre el patrimonio que es un régimen especial. La ordenanza que protegía la casa Cobo era específica para ese edificio y que un código nuevo hablara de alturas, FOTs y cotas en esa región no afecta que el predio fuera patrimonial. Pero todo esto fue realizado bajo la administración interminable de Ricardo Ubieto, cuyo partido Acción Comunal perdió a fin de año las elecciones ante el FPV de Sergio Massa. Ubieto confundía progreso con megatorres, de las que pobló el partido, y evidentemente pensaba que entre más grande el negocio, mucho mejor. El patrimonio era un factor inexistente, pese a que era presentado una y otra vez como un gran argumento para el turismo. Estas políticas continuaron tras la muerte en funciones de Ubieto, que fue continuado por su presidente del Concejo Deliberante, Hiram Gualdoni, y su secretario de Obras Públicas Guillermo Zwanck, ambos arquitectos y ambos socios comerciales del también arquitecto y actual director de Obras Particulares –o de Aplicación del Código de Zonificación, como se llama ahora—, Pablo Ricca.

En el gobierno de Tigre se indignan con estas cosas y las señalan, justamente, como una herencia dejada por un partido y un intendente muy cuestionables en estas cosas. Hasta explican que se trabaja en la formación de una comisión para investigar irregularidades. Pero pasan las semanas y sigue sin reunirse –sin existir– la comisión que revisará el status de 45 edificios que Massa considera patrimoniales. El nuevo intendente ya tuvo el coraje político de bajar por ordenanza las alturas, cumpliendo una promesa de campaña, por lo que es esperable que haga lo mismo con el patrimonio. Y podría comenzar por los 45 edificios que él mismo considera patrimoniales.

Pero no es lo que parece que va a ocurrir. El gobierno municipal parece haberse convencido de que la movilización por el patrimonio es política y contrera, y está tomando medidas. Mientras Massa dice que las consignas de La Mosquitada son “pedorras”, pasan cosas que parecen represalias. Resulta que en Tigre hay muchos ñoquis y comenzaron las revisiones de contratos, cancelaciones y ceses. En el Museo de Arte de Tigre la lista de revocaciones comenzó con una pasante de 19 años, Lucila Dovalo, que el viernes 7 se enteró por teléfono de que su pasantía había cesado. Dovalo es estudiante de Medicina de la UBA y trabaja en el MAT desde el 17 de octubre de 2006, por un convenio entre ambas instituciones. Según cuenta, su foja de servicios es “muy satisfactoria” –expresión legal– y no registra sanciones ni problemas.

Pero Dovalo es una de las firmantes del amparo para detener la demolición de la casa Cobo. El mismo viernes, sus amigos de La Mosquitada decidieron protestar su despido y eligieron hacerlo el sábado en el desfile de modas que se realizaba en el Museo para conmemorar, curiosamente, el Día de la Mujer. Ese sábado comenzaron a sonar los teléfonos de varios Mosquitos. Era Sergio Castro, el director ejecutivo del Museo –el artístico es Diana Saiegh—, que había rebotado todos los llamados el día anterior pero que, enterado de la protesta, les aseguraba a todos que el lunes al mediodía iba a recibir a Dovalo con el secretario de Turismo Ambrosini, de quien depende el MAT, para resolver “favorablemente” el tema.

Los muchachos suspendieron la protesta y se reunieron con los vecinos que se acercaron igual en la estación fluvial. Los vecinos les dijeron que desconfiaban de las promesas de Castro, pero que aceptaban su decisión. Tenían razón, ya que no hubo reunión el lunes. Castro no apareció, no dio la cara, no aceptó llamados y mandó a decir por una administrativa que todo se posponía. No es manera de tratar a una señorita, y menos a una de apenas 19 años, señor Castro.

En la municipalidad juran que Dovalo no fue despedida sino que su pasantía simplemente no fue renovada, que no hubo la menor intencionalidad política y que no es la primera ni será la última. Pero Abel Jorge, director de Recursos Humanos de la municipalidad, le dijo a Dovalo que era raro que la hubieran despedido a ella sola, entre tantos pasantes. Fue al pasar que Jorge dijo eso, porque el tema de su conversación era que algún día Dovalo se iba a reír de lo que le estaba pasando.

Y eso tampoco es modo de tratar a una señorita.