En esta Buenos Aires año verde en la que Ejecutivo y Legislatura hablan de patrimonio, y en la que ministerios históricamente enfrentados por el tema como Planeamiento y Cultura ahora hacen planes en conjunto, el lobby de la piqueta no desapareció. Ya no juega de local, como en tiempos de Ibarra, cuando en los más altos cargos se reían a los gritos de la idea de catalogar edificios (lo hacían en los despachos con la misma actitud con que se cuentan ciertos chistes en los vestuarios). Pero la piqueta tiene dos fuertes argumentos y un ámbito semioficial donde todavía es fuerte. Los argumentos son el económico, por el colosal negocio de demoler y reemplazar con edificios baratieri pero rentables, y el ideológico, por la convicción religiosa de los profesionales de que sólo lo nuevo vale. El ámbito donde se atrincheraron estos dos machetes es esa rara criatura llamada Concejo del Plan Urbano Ambiental, órgano nacido para asesorar sobre temas urbanísticos de medio ambiente y planeamiento que se está metiendo, sin base legal ni mandato político, en el tema patrimonio para poner palos en la rueda.

Este panorama quedó en claro este martes en la reunión de asesores de la comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Estas reuniones se realizan regularmente y son parte del mecanismo normal de tratamiento de proyectos y leyes. Los diputados porteños tienen asesores que se especializan en los temas que siguen sus referentes, y estudian, negocian y definen políticas. Sus diputados no podrían físicamente estar en tantos lugares a la vez y este mecanismo de delegación tiene validez formal en el sentido de que los asesores se reúnen y hablan en nombre de sus jefes, aunque el o la diputado/a tienen, por supuesto, la palabra final.

La reunión del martes en Planeamiento estuvo presidida por Bárbara Rosen, su directora –cada comisión tiene un director que no es un diputado sino un asesor–, una arquitecta que fue nombrada en ese puesto originalmente por el diputado Olmos y ahora por la presidenta de la comisión, la diputada Silvina Pedreira (FPV). Rosen fue miembro del Copua y este martes mostró claramente que su corazoncito y sus ideas siguen firmemente del lado de la piqueta.

En la reunión estaba también Oscar González, que es asesor del diputado Alvaro González y es nada menos que un ex director del Copua. Había representantes de ONG como Basta de Demoler, Apevu y los vecinos de Parque Avellaneda, del Ministerio de Cultura y del de Desarrollo Urbano, además de asesores de los otros diputados miembros de la comisión. También estaba presente un cierto personaje poco conocido, pero de gran influencia, el arquitecto David Kullok, especialista en urbanismo y planeamiento urbano, y un enemigo público del patrimonio edificado.

La primera cosa rara de la reunión fue el temario que fijó Rosen, completamente dedicado a proyectos de catalogación y preservación del patrimonio. Como directora, Rosen tiene el poder de fijar el temario, pero en la práctica estas listas suelen reflejar los temas que les interesan a los miembros de la comisión. Esta vez no fue así: el temario fue estrictamente de los temas que le interesan a Rosen, que no pareció advertir que resulta llamativo que una comisión de Planeamiento de la Legislatura se fijara un temario que parece de la comisión de Patrimonio.

La reunión era para discutir proyectos que tienen que ser tratados por los diputados miembros de la comisión. Si los asesores aprueban el asunto, el tema pasa al voto de sus jefes políticos. Rosen detuvo ocho temas y en todos los casos presentó la misma razón: o el Copua se oponía, o el Copua observaba, o el Copua no se había pronunciado.

En cuatro de los casos, la excusa exhibida por Rosen roza la inconstitucionalidad. Son cuatro edificios –el Hotel Metropol, las casitas ferroviarias de Humboldt al 1100, la casa Bemberg en Montevideo 1250 y un conjunto en Lafinur al 3000– en los que el Copua no tiene ni remotamente alzada. Según la ley, es el CAAP, el consejo asesor en temas de patrimonio, el que tiene que tratar, votar y recomendar estos temas. La ley no menciona al Copua, que se arroga derechos –que no tiene– a opinar sobre un edificio individual.

Los otros cuatro proyectos que observó Rosen en nombre del Copua son más complejos, pero también muestran más la hilacha de por dónde circula el esfuerzo de lobby corporativo. Los cuatro temas bloqueados se refieren a Areas de Protección Histórica, conjuntos o ambientes de la Ciudad. En este caso se trata de la ampliación del APH del parque Tres de Febrero, de la creación de otro APH en Barrancas de Belgrano –iniciativa de Marta Varela–, de la reglamentación del APH de Flores y un conjunto de normas de manejo del Parque Avellaneda. Son temas que abarcan áreas de la Ciudad en las que un ente dedicado al medio ambiente podría concebiblemente opinar.

¿Qué hace el Copua? Obstruir, con argumentos que rozan el absurdo. Por ejemplo, afirmar que la preservación de edificios históricos en el casco viejo de Flores contradice el Plan Urbano Ambiental. Si un puñado de edificios históricos afecta el PUA, debe haber algo errado con el PUA, ya que no se entiende desde la lógica en qué afecta la ecología. También convendría recordarle al Copua que el APH Flores tiene mucha más solidez legal que ellos mismos, ya que fue votado con doble lectura en 2000, mientras que el Concejo fue votado una vez y todavía no tiene segunda vuelta y sanción firme.

Otra pajaronada es la oposición del Copua al andamiaje legal del Parque Avellaneda. Aquí aparece como vocero el arquitecto Kullok, que afirma que la idea “ata las manos” para el desarrollo del parque. En un punto, atarle las manos a cierta gente no sería una mala manera de preservar un parque repleto de edificios históricos, con un barrio de arquitectura singular y una densidad todavía manejable. Por otro lado, esto huele a pensamiento corporativo: el Parque Avellaneda se maneja con un mecanismo participativo con los vecinos que, obviamente, le molesta a un experto como Kullok.

Porque Kullok es realmente un experto, un miembro del establishment de la piqueta. Se recibió con diploma de honor en la FADU/UBA en 1963, lo que significa que fue formado como cuadro en una ideología que no era el comunismo sino el modernismo demoledor. Kullok es profesor titular en la facultad que lo formó, dirige becarios e investigadores, maestrías e institutos, y fue director general de Habilitaciones en el gobierno de Ibarra. Una de sus frases destinadas al bronce es que “no hay que preservar el patrimonio porque la identidad se construye y deconstruye una y otra vez”.

Este tipo de platitudes pasan por ideología. Por suerte, los profesionales jóvenes ya no les dan pelota a estas cosas.

Entre Rosen, Kullok y González –el asesor–, el Copua tiene bien cuidadas las espaldas en la comisión. El Copua está sirviendo ahora para hacer política sin pagar los costos políticos de buscar excepciones y mantener la Ciudad como zona liberada para hacer negocios inmobiliarios. Esto es porque sus miembros no son electos –los nombraron la Legislatura y el Ejecutivo– y en general son agradablemente desconocidos para el público.

A todo esto, la titular de la comisión, la diputada Pedreira, no está de acuerdo con nada de esto. La diputada explicó a m2 que ella tampoco entiende por qué el Copua opina en temas de patrimonio y por qué no se renuevan sus miembros –consejeros como Kullok llevan años operando tranquilos– algo que le reclama al Ejecutivo. En rigor, es el Ejecutivo que tendría que poner orden en las áreas de competencia del Copua. Ahora que el gobierno de Macri está tomando actitudes sanas y enérgicas con respecto al patrimonio y otros temas urbanos, no debería bancarse una central del lobby con paraguas oficial.