El gobierno de Mauricio Macri resultó una sorpresa en los temas patrimoniales: es el primero que se toma en serio esa agenda como una más en la vida política porteña. La tozuda negativa a entender que así como se habla de seguridad, salud, semáforos, baches, escuelas e infraestructura, entre otros muchos temas, también hay que hablar de patrimonio les costó unos cuantos dolores de cabeza a jefes de Gobierno anteriores. Macri parece haber entendido este simple asunto.

Lo que no quiere decir que las políticas que alzan y demuelen espacios o edificios en nuestra ciudad sean siempre atinadas o que se escuche siempre a los ciudadanos. El caso de los terrenos que bordean al Parque Avellaneda son un ejemplo de lo que pasa cuando se desconoce la movilización de los vecinos: ya hay un amparo concedido y apelado, ya hay un pedido de informes de la Legislatura, ya hay un barrio enojado.

Todo empieza, por paradoja, con una buena idea, la de mudar el gobierno porteño a Barracas. La idea es que casi todo –no el Ministerio de Cultura, que tiene su bello palacio en La Prensa, por ejemplo– se concentre en los terrenos de los hospitales psiquiátricos de la zona sur. Esto no sólo permitiría consolidar sedes y hacer que cierta gente se pueda reunir más fácil, sino que permitiría liberar y tal vez vender docenas de edificios que no siempre sirven para su uso actual. Lo mejor, sin duda, sería la inyección de gente e inversiones en un área deprimida de Buenos Aires. El gobierno porteño hasta aclaró que no va a demoler los edificios patrimoniales de los hospitales.

Pero mudarse a los terrenos psiquiátricos implica mudar esos centros de atención, y aquí empieza la mala gestión. Resulta que en junio aparece un llamado a licitación para construir un centro de internación de tamaño medio en una franja de terrenos en la avenida Olivera, entre Directorio y Rodó. Legalmente, se trata de cuatro lotes que físicamente forman una franja de 35 metros de ancho y 200 de largo bordeando un conjunto de nueve edificios construidos hace muchos años para el Banco Hipotecario Nacional. Toda esta tierra –la de los edificios y la que ahora está en disputa– pertenecía originalmente a la casa de los Olivera y fue recibida por la vieja Municipalidad porteña junto a las que formaron el Parque Avellaneda. La ciudad le cedió los terrenos al banco para construir estas viviendas y hace añares que el Banco les devolvió a los porteños esta franja.

Como la tierra nunca se usó para nada, fueron los vecinos –el consorcio de los nueve edificios– los que la cuidaron. Como se ve en las fotos, el lugar ya es una verdadera plaza con añosa arboleda a la que se le instalaron luminarias y juegos, y a la que se le construyeron accesos y senderos. Es una plaza sin nombre, porque para la ciudad no es una plaza, que bordea el barrio Marcelo T. de Alvear.

Ahí, según la licitación, se construiría un psiquiátrico. Ver la forma del terreno, la arboleda que tiene y su cercanía a tantas viviendas basta para dejar pensativo a cualquiera sobre la conveniencia de tal uso en esos lotes. Pero además hay problemas legales. Los vecinos, muy ayudados por el diputado porteño Sergio Abrevaya, que presentó un duro y detallado pedido de informes sobre el proyecto, se movilizaron para defender su plaza y se presentaron con un amparo ante la Justicia.

El amparo resultó tan fuerte y tan claro que la Justicia porteña levantó su feria de invierno para atenderlo, algo que se hace sólo si se prueba la urgencia de un caso y que resulta muy inusual. El lunes 28 de julio entró el amparo, ya que los sobres de la licitación se abrían este lunes 4 de agosto. Los vecinos plantearon que los terrenos en cuestión están zonificados UP, una urbanización parquizada, con lo que no se puede construir. Como ya venían de reunirse con el Ministerio de Salud y el de Planeamiento, sabían que la Ciudad –concretamente, Planeamiento– afirmaba que los terrenos eran una U2, donde sí se puede construir. El argumento complementario fue, entonces, que aun si los terrenos fueran U2 y no UP, no se podría construir un centro de salud tan grande, de 48 camas. El jueves 31 de julio, la Justicia hizo lugar al amparo y paró la licitación. Exactamente una semana después la Ciudad apeló –como es su deber formal y explícito–.

Uno de los misterios de esta situación es para qué se llegó a ella. Los vecinos cuentan que hasta les señalaron a Planeamiento y a Salud otros terrenos y edificios municipales en el mismo barrio que se podrían utilizar para construir el Centro de Salud Mental que se necesita, sin taparles su plaza. En Planeamiento les contestaron más o menos que era legal construir en esos terrenos, que eran propiedad municipal y que el código lo permite. La medida cautelar de la Justicia y el escrito del diputado Abrevaya indican que no todo es tan claro. Políticamente, esto suena a la habitual tozudez de Planeamiento a la hora de escuchar al público votante.

Y lo notable del asunto es que estos cuatro terrenos están incluidos en el proyecto de Area de Protección Histórica del Parque Avellaneda en el que trabaja la Legislatura desde el año pasado, con input y diálogo entre todos los bloques. Que haya un proyecto en la Legislatura ya impide las obras y el PRO no está mostrando ninguna voluntad de torpedear el proyecto, al contrario. Con lo que nuevamente se termina en la conclusión de siempre: hay sectores del ejecutivo que muestran una cultura permanente de hacer las cosas como quieren y no hay votantes, cambios de autoridades o protestas que les hagan entender.