La bella casona de los Bemberg en Montevideo 1250 terminó teniendo un valor simbólico muy peculiar. El año pasado, esta residencia tan francesa y elegante fue el centro de una protesta cívica que terminó en un amparo judicial para evitar su demolición. El amparo derivó en una cuestión de rango constitucional porque los demandantes –Basta de Demoler– plantearon que no puede ser que una constructora demuela con urgencia un edificio para no darle tiempo a la Legislatura de decidir si la cataloga o no. Como los permisos de demolición los emite el Ejecutivo, resultaba que uno de los poderes impedía de hecho que el otro ejerciera sus funciones. Los jueces aceptaron el argumento y sentaron jurisprudencia: el solo hecho de que un proyecto de catalogación tenga estado parlamentario “congela” el edificio en cuestión y el Ejecutivo no puede autorizar demoliciones, ni siquiera remodelaciones. La Ciudad apeló, como es obligatorio, y perdió ante la Cámara. Fue entonces que el Ejecutivo se allanó al fallo, figura legal que indica que aceptaba lo decidido y renunciaba a apelar. Esto es rarísimo y muestra la fuerza contundente del argumento legal.

Para variar, el proyecto de catalogación de este tesoro –es una casa realmente notable– era de la diputada Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión Especial de Patrimonio de la Legislatura, cuyo equipo asesoró de cerca en el amparo. El 22 de noviembre de 2007, el plenario de la Legislatura aprobó en primera lectura la ley 1605, catalogando la casa Bemberg. Como el tema era tapa de los diarios y ya había quedado recontra claro que el patrimonio se había transformado en otro tema más de la agenda política porteña, el voto a favor fue unánime.

Estos meses desde el voto fueron casi mareantes para los que se habían acostumbrado a los tiempos geológicos de la protección al patrimonio edificado. Hubo casos como el del Colegio LaSalle, en el que el mismo Mauricio Macri se puso a la cabeza de la catalogación de un edificio, y hubo un visible cambio en la actitud de políticos y funcionarios respecto al tema.

Lo que no cambió todavía es el bizantino sistema para catalogar un edificio. Resulta que el Ejecutivo puede mandar a pintar todos los semáforos de amarillo canario con una simple orden y el Legislativo puede declarar que Buenos Aires sea bilingüe con un voto simple, pero para catalogar un edificio hay que penar por partida doble. El sistema de doble lectura parece diseñado justamente para darles tiempo a los especuladores de demoler lo que quieran antes de que termine el larguísimo trámite, tan largo que de hecho se podía hasta comprar deliberadamente propiedades en trámite –a menor precio– para demolerlas de apuro.

Por eso es que el petit hotel de enfrente de la plaza Vicente López volvió a empezar su recorrido. Hubo audiencia pública en marzo y la ley con primera sanción volvió entonces a las dos comisiones que tocan estos temas, la de Patrimonio y la de Planeamiento. En Patrimonio, como era previsible, no hubo ni debate y el asunto se aprobó de inmediato. Las cosas raras comenzaron en la de Planeamiento.

El martes 12 de agosto se realizó la muy importante reunión de los asesores de los diputados miembros de la Comisión de Planeamiento. Estas reuniones tienen existencia formal y son parte de la cadena de pasos que toman todas las leyes: los asesores escuchan, debaten, discuten y acuerdan o no, el tema pasa a sus diputados y estos recomiendan o no que los proyectos se voten en el recinto. Ese martes, el asesor del diputado Alvaro González, del PRO, presentó ante sus colegas y ante el público que seguía la reunión de los abogados que representan el fideicomiso IQ, peculiar nombre de la empresa que quiere destruir la casa Bemberg. Este asesor también dijo que IQ tenía un permiso de demolición de la casa concedido antes del amparo. Esta afirmación es temeraria y seguramente equivocada, ya que IQ nunca presentó ante nadie ese permiso y nunca puso un cartel de obra con el número de trámite, como ordena la ley.

Los abogados de IQ plantearon muy sueltos de cuerpo que tenían permiso de demoler y que la inversión no le cierra a su cliente si no pueden construir por lo menos seis pisos por encima de lo existente. Curiosamente, pese a que les exigieron de viva voz el expediente de demolición aprobado, se negaron a mostrarlo, actitud de lo más exótica hasta para un abogado.

Entre los que exigían esto estaban los de Basta de Demoler y asesores de Anchorena y del diputado Avelino Tamargo, también macrista, vicepresidente primero de la Comisión de Cultura y miembro de la de Patrimonio. Fue entonces que se les recordó a los abogados de IQ que existían dos fallos judiciales diciendo que no correspondía demoler, que la Ciudad se había allanado y que todo esto era cosa juzgada. Los abogados se limitaron a decir herméticamente que sus clientes estaban dispuestos a preservar el edificio, sin explicar cómo harían el milagro de preservarlo y agregarle seis pisos a la vez. La directora de la comisión, Bábara Rossen, dijo que no correspondía debatir más el asunto, que debía pasar a los diputados.

Esto fue lo que ocurrió este martes 19 de agosto, cuando se reunió la Comisión de Planeamiento Urbano. No fue fácil la reunión, ya que el PRO, que tiene mayoría en la comisión, no parecía dispuesto a dar quórum. Finalmente los diputados se vieron, pero el macrismo explicó que no iban a firmar el despacho recomendando la catalogación. Quien dijo esto fue nada menos que Diego Santilli, que es vocal de la comisión que preside Silvina Pedreira (FPV), pero es también el vicepresidente primero de la Legislatura toda, con lo que no es un vocal cualquiera. Santilli es uno de los tres miembros de esta comisión que ya habían votado en la primera lectura el año pasado, antes del recambio. Los otros dos fueron Anchorena y Alvaro González, que parece tenerles una antipatía personal a las catalogaciones patrimoniales.

Con lo que el tema quedó básicamente en el aire en esta segunda vuelta. Este jueves, Santilli explicó a m2 que “estamos a favor de la catalogación y yo me inclino en un noventa por ciento por el grado cautelar”. Lo que el diputado indicaba así es que se le daría a IQ el grado más flexible de protección, que permitirá ampliaciones a lo existente con preservación de la fachada y de otros elementos, aunque no los seis pisos con que amenazaban los abogados. Santilli explicó que la preocupación de su bloque es saber exactamente qué trámites tiene hechos la constructora, por lo que va a consultar con el Ejecutivo –específicamente, con el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri– para que le explique “por plancheta” dónde están parados. El diputado confesó que lo preocupa “que terminemos en un veto y no tengamos después cuarenta diputados para levantarlo” por el riesgo de “un juicio contra el Estado” de la constructora. “Por eso es que creo que no cuesta nada tomarse unos días más para tratar el tema, aunque quiero que quede en claro que estamos a favor de la catalogación”.

El diputado Santilli no debería preocuparse tanto de un posible juicio, ya que la Ciudad ya tiene un fallo de Cámara que transforma la cuestión en cosa juzgada y la empresa IQ no tiene planos de demolición ni de obra autorizados. El único plano que consta que tienen es el de condiciones contra incendio, emitido por algún delirante en la DGROC en octubre del año pasado. Para esa fecha ya estaban los fallos emitidos y el asunto en todos los diarios, pero en Incendios parece que vivían en algún frasco. De todos modos, este plano sólo indica que el edificio que IQ pensaba construir cumplía el código en este aspecto y no que tenían permiso para demoler nada o construir nada en ese lugar.

Con lo que la cosa sigue en la próxima reunión de la Comisión de Planeamiento, con el diputado Diego Santilli debidamente informado por Héctor Lostri y dispuesto a mostrarse “a favor de la catalogación” con su voto.