Ya es cosa del pasado suponer que los ciudadanos sólo se expresan en los asuntos públicos con su voto –cada dos o cuatro años, según mande el calendario electoral– o en grandes movilizaciones y piquetes en el espacio público. Hay formas más sutiles y muy efectivas. También debería haber quedado en desuso pensar que los temas referidos al patrimonio cultural y en especial a la preservación arquitectónica y paisajística son cuestiones limitadas a vecinos nostálgicos o a especialistas alejados de la realidad cotidiana de una gran ciudad como Buenos Aires. Malas noticias para los políticos y funcionarios que sólo desearían preocuparse por un puñado de temas de una tradicional y limitada agenda política. Así lograrían evitar tener que rendir cuentas en la gestión del día a día o hacerlo, en el mejor de los casos, en época de campaña electoral. Y también podrían evitar tomar decisiones oponiéndose a intereses poderosos en pos del bien común.

Todo esto ha cambiado. Los fructíferos reclamos de los vecinos de Caballito contra las torres indiscriminadas se multiplicaron en acciones vecinales que demandan la preservación del patrimonio en los distintos barrios de Buenos Aires. De Recoleta a Parque Avellaneda, de Devoto a Floresta, de Barracas a Belgrano, de Villa del Parque a Palermo, y hoy en plena efervescencia en Floresta y San Telmo, por citar algunos casos representativos, los ciudadanos demostraron que hacen escuchar su voz, y crean el contexto político para que los funcionarios y políticos que sí se comprometen con el tema tengan el espacio para actuar. Los números son elocuentes: en los primeros diez años de existencia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se sancionaron 54 leyes de protección del patrimonio; en los últimos dos y medio fueron votadas más de 35.

La voz de los vecinos se expande hoy por blogs, correos electrónicos y a través de la prensa y en la Justicia, y ya es más que un simple reclamo. Es una opinión autorizada, avezada en códigos y leyes de protección patrimonial, muy consciente de los derechos constitucionales que consagran la preservación del patrimonio cultural como un derecho más y tan exigible como otros.

Si duda, esta nueva presencia en la escena política local habrá sorprendido a los asesores de las comisiones de Obras Públicas, Tránsito y Transporte, Planeamiento Urbano y Presupuesto y Hacienda, cuando un centenar de vecinos se dieron cita en la Legislatura, con las normas vigentes en la mano, exigiendo ser escuchados previo a la ejecución del proyecto denominado “Prioridad Peatón” que amenaza con alterar el patrimonio cultural del Casco Histórico de la Ciudad.

Llegó la hora de tomar nota: a los vecinos hay que escucharlos todos los días y más cuando se trata de obras de gran envergadura y dudosa legalidad, que ponen en riesgo la calidad de vida de un barrio.

* Licenciado en Relaciones Internacionales, especializado en gestión cultural. Jefe de asesores de la diputada Teresa de Anchorena (CC).