Sábado, 8 de noviembre de 2008 | Hoy
Los vecinos de Caballito fueron precursores en eso de frenar la epidemia de torres. Pero ahora están preocupados con otra idea de desarrollo gigantesco al que el gobierno porteño le agregó una vuelta curiosa y hasta sospechable. Resulta que la megaconstructora IRSA quiere levantar un shopping de inmensas proporciones, por lejos el más grande de la Capital y de los más grandes del país, en un terreno privado pegadito a los talleres ferroviarios de Caballito. IRSA se acercó al gobierno porteño para pedir un convenio urbanístico, que es una figura legal por la cual se puede hacer una obra de características especiales de un modo controlado en algún lugar de la ciudad donde los reglamentos lo impiden. Que es el caso de Caballito Norte, donde alturas y factores de ocupación fueron drásticamente limitados.
Lo que IRSA propone es inmenso. Sobre la calle Avellaneda –legalmente una avenida, pero no tan ancha como parece– se alzaría un shopping de cinco plantas y una torre de oficinas. La propuesta, calculando FOT y anchos de calle, permitiría construir 156.000 metros cuadrados con una altura máxima de 38 metros. Para dar una idea de escala, el Alto Palermo tiene 34.000 metros cuadrados, el Paseo Alcorta 56.000 y el Abasto unos 70.000. Sólo el enorme y suburbano Unicenter superaría este proyecto con sus casi 200.000 metros cuadrados.
Los vecinos se ven venir un colapso generalizado de su barrio, cosa entendible solamente con pensar en el tránsito que puede generar semejante mole. Desde SOS Caballito señalaron que el informe técnico de tránsito es negativo, que no hubo informe de impacto ambiental y que el reporte de planeamiento es, por supuesto, positivo.
Lo que opina el Ejecutivo es especialmente importante porque resulta que el gobierno porteño no tomó la idea de hacer un convenio, como pedía IRSA, sino que fue por más. La Comisión de Planeamiento recibió en cambio un proyecto de modificación de la legislación aplicable a la parcela. Esto genera dos diferencias, una inmediata y otra de mayor plazo. La primera es que IRSA podría venderle la parcela a un tercero para que haga alguna otra obra, y esa parcela tendría un valor superior porque está exenta de la legislación del barrio. Con un convenio urbanístico esto no pasa, porque los convenios son específicos para el que va a hacer la obra. La segunda consecuencia es crear el antecedente de modificar este tipo de legislación cuando aparezca alguien con un proyecto importante.
Y hay pocos proyectos más importantes que los que haga IRSA: el PRO y el Frente para la Victoria ya anunciaron su apoyo a la generosa idea del Ejecutivo.
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