El año pasado, el viejo edificio de los Bemberg en la calle Montevideo 1250 fue objeto de una revolución legal. Estos temas de amparos y jurisprudencias suelen ser interesantes sólo para gentes de toga, pero en este caso el fallo sobre el edificio fue central para el patrimonio. Para dar una idea de su importancia, basta ver el flamante escándalo que hay en Nueva York por las picardías de la piqueta: los preservacionistas de por allá todavía no encontraron la solución al problema. Por partes:

Montevideo 1250 estaba en proceso de catalogación cuando se anunció su demolición. El interior del edificio ya está perdido –fue arrasado y saqueado de sus valiosas antigüedades constructivas– pero su bella fachada seguía intacta. El grupo Basta de Demoler se presentó con un amparo para frenar la demolición, pero le faltaba un argumento de real poder. Resulta que a los abogados –y los jueces son abogados– lo que más los impresiona son los argumentos legales, no los emocionales o históricos, que funcionan pero no tanto. Los asesores de la diputada Teresa de Anchorena le aportaron al amparo un argumento central: si la empresa demolía nomás el edificio, la Legislatura no podía decidir si lo catalogaba o no. Es decir, una empresa privada podía fácilmente impedir que un poder constituido del Estado porteño cumpliera con su función central, la de legislar.

La Justicia encontró que la idea era preclara y obvia, y frenó la demolición. Como el amparo no era contra la empresa sino contra la Ciudad, porque ésta había dado la licencia de demolición, el procurador apeló. La Cámara fue tajante y encontró que no sólo el fallo de primera instancia era correcto en este caso, sino que debía aplicarse en general. Así se sentó un principio de oro, que el Ejecutivo no puede darle permiso de demolición a nadie que quiera destruir un edificio en proceso de catalogación. Así se paró una avivada que hacía que algunos empresarios o particulares demolieran de apuro apenas se enteraban de que se iba a catalogar su propiedad. Como el trámite es legislativo y puede tomar años, ni siquiera se apuraban tanto. Ahora, esas propiedades tienen el título inhibido.

El diario The New York Times acaba de dedicarle una extensa nota al mismo problema en su ciudad. El sistema en la Gran Manzana es diferente del nuestro, ya que Nueva York es un municipio y no una ciudad-estado como Buenos Aires. Allí hay una Comisión de Landmarks, palabra mañera para traducir que define algo notable, una marca en la tierra que también puede ser natural. Por conveniencia, digamos que la Comisión de Patrimonio tiene once miembros y la autoridad para catalogar edificios o lugares. La catalogación implica una prohibición de demolición y la obligación de presentar los planos de cualquier reforma. Las catalogaciones de la Comisión pueden entrar en detalles como permitir reformas parciales y prohibir que se toquen objetos como murales o escaleras.

Pero siempre hay un agujero por donde colarse y el más grande es que la Comisión tiene que anunciar audiencias y tiene que invitar a los dueños del edificio. Técnicamente hablando, una vez que la Comisión pone fecha, el edificio no se puede tocar, pero las trampas abundan.

La primera es que de acá a que se llega a la audiencia, el edificio es visitado y el dueño es avisado, cosa de ir hablando las cosas. Esto hace que varios corran a sacar permisos de demolición o de stripping, curiosa figura que indica que uno va a “secar” las paredes de un edificio, sacándole todo ornamento. Un ejemplo que cita el Times es el de las viejas caballerizas del Dakota, el edificio donde vivía Lennon. Las caballerizas estaban en Amsterdam y la calle 77, en el Upper West Side, zona que se está desarrollando con todo y hace rato dejó de ser un barrio barato. Buena parte del edificio era un garage, con algunos locales y oficinas. La Comisión llevaba años dando vueltas para tratarlo como patrimonio –son once y no dan abasto– y los dueños, Sylgar Properties, se veían venir la catalogación. Finalmente, la Comisión puso fecha y envió las comunicaciones.

Lo que ocurrió entonces fue ejemplar. En medio de la noche, una cuadrilla de obreros comenzó a sacarles los ornamentos a las caballerizas. El edificio era típico de su época, una caja completada en 1894 con ornamentos románicos y unas agradables ventanas de medio punto, redonditas, y un remate en el techo muy bonito, una gran moldura perimetral con un zigzag redondo. Los obreros picaron en cosa de horas toda esta gran moldura y para cuando salió el sol empezaron a romper y sacar los ornamentos que rodeaban cada ventana. Para el fin del día, el edificio era una caja cribada de agujeros y nada más.

La Comisión se reunió igual y trató el tema, pero bastó ver las fotos para entender que no había nada para preservar. Una concejala, que vive a la vuelta del edificio y vio la demolición, le preguntó indignada al abogado de los dueños si no sabían que no se puede hacer esto cuando se puso fecha para la audiencia. El abogado, impasible, sacó del portafolios el permiso de stripping debidamente sellado y fechado meses antes. Los dueños lo habían sacado por las dudas, para evitar que le catalogaran el edificio.

La ley neoyorquina no prevé castigos ni órdenes de reconstrucción para estos casos. Tampoco hay un mecanismo que invalide los permisos previos a las audiencias, con lo que la Comisión tuvo que aceptar la derrota. Hoy, en ese lote hay un carísimo edificio, el Harrison, diseñado por Robert Stern y comercializado por Related Company, con monoambientes de 700.000 dólares y semipisos de cinco dormitorios de cinco millones.

Otro truco es simplemente sabotear las catalogaciones. Es lo que hizo Gregg Singer, un empresario con pinta de galán al que la Comisión le catalogó un estupendo edificio que alguna vez fue la Escuela Pública 64 en el Village Este. El edificio es un primor de ese estilo francés peculiar de Nueva York, que consiste en hacer un edificio bastante a la inglesa, con paredes de ladrillo rojo, y rematarlo con una mansarda muy francesa en teja negra. La vieja escuela contaba además con una serie de dormers muy bonitos hechos en terracota blanca, un material muy de esa ciudad.

Pues Singer se encontró con que el último piso de la escuela, catalogada en junio de 2006, necesitaba reparaciones. Y él no quería hacer ninguna reparación en un edificio que quiere demoler. Entonces usó un permiso de obra para hacer reformas emitido en 2003, cuando la escuela todavía era una escuela, para mandar a retirar todas las terracotas y las tejas de piedra negra. No hizo picar las terracotas porque esos ornamentos valen una fortuna en el mercado de anticuarios.

La Comisión no pudo castigarlo: Singer tiene ahora un edificio mocho y obviamente busca deteriorarlo para que se lo clausuren y le permitan demolerlo.

Ya hay varios concejales que están preparando modificaciones a las leyes actuales y que están pidiendo a los gritos que las autoridades del Ejecutivo habiliten una base de datos que la Comisión pueda consultar y en la que pueda inhibir edificios. También piden que los permisos de obra caduquen y no duren años y años, lo que permite sacarlos y guardarlos en un cajón por si alguien te quiere catalogar. Y quieren que el Departamento de Obras tenga que consultar a la Comisión antes de dar permisos de stripping, esté o no catalogado el edificio.

Tal vez en Nueva York deberían leer nuestro fallo de la Cámara porteña, que solucionó al menos este problema de una manera clara y, nada menos, con rango constitucional.