La ley 2548, que puede fundar por fin un régimen que proteja en serio el patrimonio porteño, sigue en temario para ser votada este jueves 26. Y eso que tuvo que pasar por una situación más que preocupante el martes pasado, cuando se reunieron los asesores de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, que dirige la lobbista Bárbara Rosen. Fue un festival de desubiques, falsos argumentos e intentos de sabotaje que salvó la presidenta de la comisión, la diputada Silvina Pedreira (FpV), que garantiza que el proyecto sale sin trabas. Es más, Pedreira se está apurando a preparar la reunión de diputados para que todo salga bien, se vote a tiempo y no sea bloqueado por intereses comerciales.

Lo que va a votarse este jueves es una ampliación en el tiempo y el espacio de una ley ya “procesada” dos veces. La 2548 pasó por comisiones, recibió despachos y fue votada en diciembre de 2007. En diciembre de 2008 fue ampliada por un año pero afectando el mismo espacio urbano. Este espacio era el bodrio del Paisaje Cultural que Ibarra/Telerman quisieron venderle a la Unesco como tesoro de la humanidad y que terminó en bochorno internacional. Pero como el espacio tenía alguna que otra entidad legal, se lo usó para preservar el patrimonio.

Esto se hizo con gran simplicidad, invirtiendo el barroco trámite actual. Quien quiera demoler una casa antigua fuera del perímetro no tiene más que pasar por ventanilla por el Mercado del Plata y hacer un trámite normal. No importa si es la última casa chorizo, un palacete francés o la pulpería sobreviviente: no hay inhibición alguna. Pero el que quiera preservar un edificio se mete en un camino espinoso, donde tiene que documentar la casa, buscarle un padrino legislador, empujar el tema por comisiones y llevarlo al voto de la Legislatura. Y entonces tiene que volver a empezar todo de nuevo. Esto se llama “doble lectura” y es evidente que fue inventado para proteger poco y nada.

La 2548 es más simple. Todos los edificios erigidos hasta 1940 inclusive están en principio inhibidos. El que quiere demoler uno pasa por la misma ventanilla de siempre y presenta el mismo trámite. Pero el funcionario avisa que hay que consultar al Consejo Asesor en Asuntos de Patrimonio, el CAAP. El Ejecutivo tiene que mandarle el trámite al Consejo rápidamente y el CAAP tiene que expedirse igual de rápido. Si el edificio es demolible, la carpeta vuelve al Mercado del Plata y no hablemos más. Si es protegible, la carpeta va a la Legislatura, que decide si se cataloga o no.

Los lobbies de las constructoras y de los grandes estudios pusieron el grito en el cielo y anunciaron desempleo, quiebras y catástrofes, con el Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanistas al máximo volumen. Con más de un año de funcionamiento de la ley en el Paisaje Urbano, queda en claro que no llovieron sapos y no nos comieron las langostas, excepto las que llegaron de Wall Street. Pero los lobbies continúan.

A fines de 2008, el Ejecutivo sorprendió a propios y ajenos al proponer que se extendiera el nuevo régimen por dos años y a toda la ciudad, idea que se materializó en un proyecto de Patricio Distéfano (PRO), en un comunicado de prensa de Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano (y de inventarle opositores al gobierno porteño) y hasta del subsecretario Héctor Lostri. En el debate, varios bloques defendieron al máximo nivel el proyecto y el oficialismo explicó que el mismo Mauricio Macri lo defiende. La ampliación –en rigor, una modificación a una ley vigente– pasó volando por la Comisión de Cultura que preside Inés Urdapilleta (FpV) y por la de Patrimonio que dirige Teresa de Anchorena (CC). Faltaba Planeamiento.

Y ahí entra Bárbara Rosen, directora de la comisión, de profesión lobbista del Consejo del Plan Urbano Ambiental y de los que se oponen a la preservación del patrimonio. Este martes, día de San Patricio, Rosen arranca el tratamiento del tema dándole la palabra a una funcionaria del CPAU, el consejo profesional que debería representar toda la matrícula, pero es vocero de los grandes estudios. La funcionaria dice que el CPAU se opuso hasta por escrito, con una carta a Gabriela Michetti repitiendo sus lúgubres predicciones. Esto resulta rarísimo, ya que el CPAU no dijo lo mismo cuando los consultaron desde Cultura: se ve que saben con quién sí se puede hablar claro.

La funcionaria del CPAU agregó otro sofismo, diciendo que no se puede preservar si antes no está listo el “modelo territorial del Plan Urbano Ambiental”. Esto es uno de los temas favoritos de Rosen, que insiste en que el Consejo que asesora sobre ese Plan tiene alguna entidad, como si los hubieran votado los ciudadanos, y quiere que opine sobre temas patrimoniales. Rosen no contestó cuando otro asesor señaló que, si es por el Plan, también habría que congelar las demoliciones hasta que se apruebe el “modelo territorial”.

La siguiente persona invitada por Rosen se presentó como “una vecina de Parque Chas” que se oponía a la ampliación porque se creaban “problemas administrativos”. Con tino, los presentes le explicaron que la Legislatura no puede atender problemas administrativos, que son creados y solucionados por el Ejecutivo. Amablemente, le sugirieron que fuera, justamente, al Mercado del Plata a quejarse.

El asesor de Distéfano defendió con corrección el proyecto de su diputado, lo que generó una discusión abierta con Rosen. La directora dijo que “no existía” un régimen semejante en ninguna parte del mundo, una muestra de ignorancia llamativa en una funcionaria de ese rango. Facundo de Almeida, asesor de Anchorena, le explicó que en Río de Janeiro, en San Pablo y en Rosario, para no irse a Europa, existen hace años sistemas todavía más rigurosos.

Rosen se defendía diciendo que hay que debatir los proyectos, con lo que Almeida le recordó que la 2548 no es un proyecto sino una ley con más de un año en los libros y que estaban hablando de una ampliación. El asesor de Diálogo por Buenos Aires interrumpió diciendo que su bloque apoya “con entusiasmo” la idea, y lo mismo hicieron los otros bloques. La lobbista debía sentirse ya incómoda, porque atinó a decir en un momento que no entendía por qué había “tanto apuro”, frase despistada dado que hace 15 meses que rige la ley.

Carlos Susini Burmester, que representa en temas de patrimonio a la Sociedad Central de Arquitectos, intervino entonces con su precisión habitual. Lo que explicó Susini es que el tema de fondo es administrativo y de marco legal, no de patrimonio sí o patrimonio no. En este momento, con la 2548 como está, la ciudad tiene dos sistemas diferentes para atender una misma cuestión. Eso crea una desigualdad ante la ley que resulta insalvable, sobre todo porque el Paisaje Cultural ya no existe como objeto legal. Por eso, no hace falta meter por la ventana el Plan Urbano Ambiental ni discutir sobre las conveniencias o ideas neoliberales del CPAU.

Rosen, poco acostumbrada al rigor, no supo qué contestar.

La que sí supo y sin demoras fue la presidenta de la comisión, Silvia Pedreira, que explicó a m2 que no tiene “ningún problema” con la 2548, que piensa firmar el despacho sin demoras y que no comparte en absoluto los desvelos de la directora de su comisión. De hecho, Pedreira notó que este martes es feriado y no se reúne la comisión, con lo que está haciendo llamados personalmente para coordinar agendas y reunirla de modo excepcional el miércoles. Pedreira quiere que la ley se vote y que salga de una vez.