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La extensión de la ley 2548 llegará al recinto de la Legislatura el 16 de abril, después de dos jueves feriados que impidieron debatirla y votarla. La ley va a llevar el régimen de protección preventiva de todos los edificios construidos antes de 1941 a toda la ciudad. Hasta ahora, el sistema se aplicó a la ribera porteña, en ese raro polígono que inventaron Ibarra-Telerman para venderle un Paisaje Cultural a la Unesco. Usar este polígono fue tanto un acto de improvisación como de reciclado creativo para atender lo que era, en diciembre de 2007, una suerte de crisis con el patrimonio del muy flamante gobierno de Mauricio Macri. Y a más de un año del experimento van quedando en claro varias cosas: que la ciudad no tuvo mayores trastornos, que cuidar el patrimonio no disparó una crisis de la industria de la construcción, como aterraban los lobbistas, y que el sistema funciona con sorprendente sencillez y eficiencia. Esto es mérito tanto del Ministerio de Planeamiento como del de Cultura de la Ciudad, y de esa entidad que quedó como bisagra del sistema, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.

El Consejo fue creado el 19 de noviembre de 1997 como un órgano asesor de la Secretaría de Planeamiento. En ese entonces, y por diez años, tenía un mandato interesante pero limitado, el de revisar obligatoriamente todo proyecto de catalogación de un edificio o de creación de un Area de Protección Histórica. Que el proyecto fuera visto por el Consejo era mandatorio, pero sus decisiones no eran vinculantes.

Este rol limitado cambió en diciembre de 2007 cuando se pasa a la ley 2548. En ese momento se decide cambiar levemente el trámite. Por un lado, el Consejo sigue teniendo la tarea de siempre, obligatoria pero no vinculante. Pero a partir de la nueva ley se agrega que todo trámite de demolición o de obra de un edificio construido antes de 1941 tiene que pasar por el Consejo. Si sus miembros votan que el edificio en cuestión es valioso como patrimonio, lo envían a la Legislatura para que sea catalogado como trámite normal. Si consideran que no tiene valor, lo devuelven al Ejecutivo para que se autorice la obra. Esto ya parecía trabajo suficiente, pero gracias a la energía de los ministerios de Planeamiento y Cultura el trabajo se está transformando en algo mucho más importante aún.

El Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales no tiene sede propia y se reúne regularmente en alguna oficina o sala de reunión de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, en el edificio del Mercado del Plata. Las reuniones, antes de la 2548, eran cada dos semanas, pero ahora es mucho más común que los consejeros se encuentren una vez por semana. El Consejo es formado por catorce instituciones y entidades, once de forma permanente y tres como invitadas. Los miembros permanentes son:

• Ministerio de Cultura, representado por Graciela Aguilar.

• Comisión de Planeamiento de la Legislatura, que no nombró representante.

• Comisión de Patrimonio de la Legislatura, representada por Laura Weber.

• Dirección General de Interpretación Urbanística del Ejecutivo, representada por Antonio Ledesma, que preside el Consejo y es regularmente representado a su vez por Susana Mesquida.

• Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural, una entidad mixta de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad que preside Leticia Maronese y es el órgano de aplicación de la ley 1227, de Patrimonio. Su representante es Néstor Zakin.

• Sociedad Central de Arquitectos, representada por Carlos Susini Burmester.

• Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, representada por Martín Grómez.

• Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanistas, que no nombró representante este año.

• Instituto Argentino de Investigación de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, representado por Beatriz Patti.

• Cicop, representado por Elsa Pental.

• Icomos, que no nombró representante.

Los miembros invitados son:

• Instituto Histórico de la Ciudad, representado por Jorge Mallio.

• Consejo del Plan Urbano Ambiental, que nunca nombró representante.

• Fundación del Inventario del Patrimonio Urbano, que tampoco nombró su representante.

Como se ve, dos de las instituciones invitadas y dos de las permanentes no delegaron a nadie para que las represente en las reuniones, lo que tiene sus consecuencias a la hora de votar.

La rutina de trabajo del Consejo es regular. Una semana antes de la reunión, los representantes reciben un temario desde la Dirección General de Interpretación Urbanística, Dgiur. En ningún momento se aclara si los edificios que se van a tratar están en riesgo, si hay pedidos de obra o de demolición, ya que la idea es que los representantes los juzguen por sus méritos propios, con objetividad. Con una semana de anticipación, los miembros tienen tiempo de ir a ver alguna pieza que les llame la atención en particular.

A la hora de reunirse, los consejeros ven una presentación digital, con fotos y planos de ubicación, de los edificios a tratar. Las sesiones arrancan con un quórum de mayoría simple, lo que significa que, como hay apenas nueve instituciones permanentes y una invitada que nombraron representantes, tiene que haber por lo menos cinco presentes (la mitad más uno de las permanentes). El voto es también por mayoría simple. Los miembros permanentes son un ejemplo de trabajo y en los últimos años del Consejo nunca hubo que suspender una sesión por faltazos masivos.

Los representantes evalúan los edificios con tres criterios fundamentales. El primero es el valor arquitectónico, en lo que entra y mucho la experiencia de los miembros, su conocimiento de qué es raro y especial, qué arquitectos son prominentes, qué tipología ya anda escaseando. El segundo es la ubicación, el entorno urbanístico del edificio individual, el distrito en el que está. Como explica Laura Weber, hay edificios que no son particularmente valiosos pero forman conjuntos en cuadras bien conservadas, y otras veces se encuentran con edificios valiosos pero en cuadras donde todo tiene ya diez pisos. Estos “accidentes” tienen que ser tomados en cuenta a la hora de votar.

El tercer criterio es el de la relevancia histórica o cultural, que hace que edificios que no tendrán un gran valor material pero fueron vivienda de una persona apreciada, o sede de eventos o instituciones valuadas, sean preservados. Esto es más común en los barrios, donde clubes y sedes sociales, y viviendas de artistas son candidateadas como patrimonio.

Los consejeros buscan el consenso de modo de que las decisiones sean unánimes, cosa bastante fácil según Weber. Los despachos que dan más trabajo son, justamente, los que tienen como centro problemas de entorno. Son frecuentes los debates sobre las llamadas “muelas cariadas”, las casas más bajas que quedan como un agujero en una cuadra ahora alta.

Pero donde la idea original era que el Consejo atendiera sólo los casos donde se pide permiso de obra, los ministerios de Planeamiento y de Cultura agregaron muchos casos más. Sucede que cada uno presentó relevamientos enteros de zonas de la ciudad, con Cultura especializándose en los edificios representantivos que ya venía compilando y Planeamiento creando una lista de anteriores a 1941 en la zona del polígono. Susini Burmester destaca que los ministerios decidieran adelantarse a los problemas, porque así se pueden preservar los edificios valiosos y también ahorrarle trámites a quien necesite un permiso. Es que al terminarse los relevamientos previos se podrá saber si un edificio es a preservar o no hasta antes de comprarlo.

La manera material en que esto ocurre es que cada miembro del Consejo recibe CD con fichas de relevamiento de zonas enteras del polígono afectado. Los consejeros ya vieron las de Recoleta, Belgrano, el Centro, Balvanera, San Cristóbal y San Telmo. Con esta información, se hacen las recomendaciones antes mismo de que alguien pida permisos de obra en alguno de estos edificios. Las conclusiones van a un Registro Preventivo que maneja el Ejecutivo para que arranque el trámite de catalogación. Los edificios incluidos ya quedan protegidos y el que quiera enterarse no tiene que esperar ninguna deliberación ni trámite, porque el Consejo ya los evaluó.

En concreto, esto permitió proteger 709 edificios. Para tener una idea de la escala, en los últimos diez años se catalogaron 1200. Como mínimo, los 709 edificios ya revisados tienen un grado de protección cautelar, hasta que la Legislatura decida su catalogación “en firme”. El Consejo, a su vez, sigue tratando pedidos de permiso de demolición y obra, que son realmente muy pocos, y tiene como mínimo 25 proyectos llegados de la Legislatura para catalogar edificios o conjuntos.

En rigor, como explica Susini Burmester, el Consejo fue capaz de manejar esta carga de trabajo sin mayores inconvenientes porque el trabajo realizado por los ministerios permitió moverse rápido y agilizar los trámites. En rigor, queda claro que el problema está en la falta de recursos de la autoridad dedicada a la protección del patrimonio en la Dgiur, que simplemente no da abasto. Por eso faltan relevar zonas invalorables como La Boca o Barracas. El Ejecutivo tendrá que hacer una inversión en esto, para tercerizar –como estaba– el trabajo de relevar ahora que se abarcará toda la ciudad.