Al terminar el verano, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires tuvo cambios. Su titular, Alicia Pierini, abrió el juego y creó una nueva defensoría adjunta, con su “área de incumbencia” dedicada básicamente a “planeamiento, identidad barrial y preservación arquitectónica”. La iniciativa fue realmente original: un ombudsman adjunto que recogiera denuncias y tomara iniciativas para el aspecto patrimonial de la ciudad. Y resultó que la Defensoría tocó un nervio sensible, una necesidad de los porteños. Es que la nueva defensoría adjunta está recibiendo un aluvión de denuncias. En tres meses, ya superó por mucho el promedio habitual para un año. Si esto sigue así, al cumplir su primer aniversario tendrán un record.

El titular de la defensoría adjunta es Gerardo Gómez Coronado, una persona con mucha claridad en esto de los patrimonios y el uso de la ciudad. Gómez Coronado es de los que disfrutan su trabajo y su flamante oficina es una herramienta activa. Tanto, que ya maneja iniciativas de importancia.

Una Defensoría tiene dos armas, que no son vinculantes pero son ignoradas con peligro político e institucional. Una es el pedido de informes, que debe ser contestado y pone el foco en cosas que sólo “funcionan” para los involucrados si nadie se da cuenta. El otro es la resolución, que figura sólo en el arsenal de Pierini, que llama a que el órgano del gobierno porteño, cuyo pedido de informes fue contestado con argumentos insatisfactorios, repare los daños realizados. Como se ve en el recuadro aparte, la actual defensora acaba de usarlo con dureza en el caso de los escalones de la Recoleta.

Gómez Coronado presentó varios pedidos de informes y hasta un pedido de catalogación a la Legislatura, el primero jamás generado por la Defensoría. Resulta que una vecina se enteró de la existencia de la nueva defensoría adjunta y se presentó a preguntar cómo podían ayudarla a preservar su casa, de 1893. En Estados Unidos 731, la casa chorizo no es parte del APH 1 de San Telmo por cosa de metros. Cuando entendieron que la propietaria pedía la catalogación, el equipo de Gómez Coronado puso en marcha el mecanismo para que la casa –que hasta sigue teniendo su cocina en los fondos y mantiene su fachada con columnas corintias y angelitos–- recibe una protección cautelar.

Otro pedido de informes toma el acto de vandalismo ilegal realizado por unos vivos en la calle Palestina. Como saben los lectores de m2, en Palestina 1070/72 se alza una bella casita de barrio diseñada por Andrés Kalnay en los años veinte. La casa entra de pleno en la ley 3056 –que es la 2548 extendida a toda la ciudad y por dos años–, por lo que alguien habrá entendido que no valía la pena pedir permiso para demolerla: ni en sueños se podría destruir un Kalnay. Por eso, los vivos hicieron la viveza de siempre, demoler a escondidas y rapidito.

Lo que no tuvieron en cuenta es que el patrimonio no es defendido por inspectores sino por vecinos. Estos vecinos difundieron fotos, hicieron la denuncia, se contactaron con la diputada Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura. La obra fue clausurada y frenada. Gómez Coronado sigue el tema pidiendo al ministro de Desarrollo Urbano porteño copia de todo el papeleo que hicieron o no los vivos –para determinar en qué están–, copia de lo actuado por el CAAP, si es que realmente les llegó el tema.

Muy parecido es el pedido, también al ministro de Desarrollo Urbano, sobre la espectacular casona de la calle Dolores 438, en Floresta. Al contrario de la de Kalnay, esta vieja quinta que evidentemente tuvo un amplísimo terreno, no fue demolida. De hecho, según la inmobiliaria está en muy buen estado de conservación, perfectamente disfrutable. Al conocerse la nueva ley, la inmobiliaria Pedro López avisó al dueño y, en una actitud profesional muy rara entre nosotros y muy elogiable, consultó qué pasaba con esa propiedad. Desde el gobierno le explicaron que la quinta estaba abarcada por la 3056 y que no podían adelantarle el fallo del CAAP, pero dudaban que un bien tan valioso fuera demolible. Cuando m2 llamó, en Pedro López explicaron que estaban revaluando el precio para venderla como vivienda. Por las dudas, Gómez Coronado le pide al ministerio que informe si alguien ingresó en el Registro de Obras y Catastro cualquier solicitud de obra, y siendo así cuándo se giró el trámite al CAAP y cuándo se estima que el CAAP prevé recomendar la catalogación. Esto es una manera de evitar “malentendidos” si alguien finalmente decide cargarse la casa, ya que el terreno, que es amplio, tiene un FOT 2,5 y da para un departamento de baja altura. No falta quien piense que esto sea más rentable que vender la casa como lo que es, una lucrativa mansión.

El caso del pedido de informes sobre las obras en la plaza Colombia, justo frente a la iglesia de Santa Felicitas, es muy distinto. Es que el tema aquí es una obra de la misma ciudad en medio del APH 5 muy cuestionada por los patrimonialistas de Proteger Barracas. Gómez Coronado transmite sus inquietudes, que llamativamente incluyen el reemplazo de árboles añosos, algo específicamente tratado por el Código de Planeamiento que ordena hacerlo siguiendo también criterios históricos. El defensor adjunto le solicita copia del proyecto, de las aprobaciones, del detalle sobre qué harán con los senderos y con la arboleda. Ya que el destinatario del pedido es el muy desprolijo ministro de Espacio Público, será interesante ver qué contestan.

Como se verá, el CAAP y la ley 3056 aparecen repetidamente entre los escritos de Gómez Coronado. A fines de mayo, el defensor adjunto pidió al Ministerio de Desarrollo Urbano que informe qué inmuebles fueron evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, si se comunicaron sus decisiones a los dueños de los inmuebles, si hubo objeciones y qué se hizo con ellas, si el CAAP cuenta con el personal y los medios necesarios para encargarse de toda la ciudad y qué casos está tratando hoy en día. Esto es, Gómez Coronado se está concentrando en un detalle importante: que el ministerio realmente gire los casos al CAAP en tiempo y forma.

Y sólo por eso vale la pena tener un defensor adjunto del patrimonio.