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El arquitecto Federico Luis Witko, que blanqueó con un terso “parecer técnico” la demolición de la Casa Benoit, acaba de ganar un amparo para tratar de zafar de la merecida sanción que le aplicó el gobierno porteño. Witko era el arquitecto de la firma Agro Bolívar SA, que demolió a escondidas, durante el feriado del 1º de Mayo del año pasado, la casa histórica de Bolívar e Independencia. Y Witko era el autor de un estudio con el que se presentaron los de Agro Bolívar a pedir permiso para demoler por la inminencia de una catástrofe. Pero Witko es también un arquitecto con varios años en el mercado, que sabe que la casa Benoit estaba protegida por triplicado. Parece que se olvidó de avisar.

Cómo perdimos la casona de los Benoit en medio de San Telmo es un sainete de mal tenor. El 18 de enero de 2008 se presenta un tal Francisco Martignone a pedir permiso para demoler la casa, armado con un estudio técnico de Witko que hablaba de “peligro inminente”. El problema para Martignone, Witko y Agro Bolívar es que la casona era monumento nacional, porque Benoit fue el arquitecto que diseñó la ciudad de La Plata, que la esquina de Independencia y Bolívar está en pleno APH 1 y que la Ciudad también había catalogado la propiedad como bien patrimonial.

Los asombrados funcionarios municipales le explicaron esto a Martignone y le agregaron un pero rotundo: ni en sueños podían demoler la casa para abrir una playa de estacionamiento. Esto está tan prohibido en un Area de Protección Histórica que hasta figura en el código. Martignone es un profesional y presentó un escrito donde dice que tanta protección “es excesiva a irracional” e impide “la libre disponibilidad de su patrimonio”.

Planeamiento le contesta que no y hasta se permite la ironía de señalar que Agro Bolívar habla de excesos legales pero que en realidad quiere disponer de su edificio como se le cante. Martignone no se rinde y se pone creativo, mandando a la Ciudad una nota en la que le impone un plazo perentorio de tres días para autorizar la demolición, por una cuestión de seguridad pública. Planeamiento, como corresponde, no le prestó la menor atención y cuando el espléndido Martignone se volvió a presentar con otro pedido, el 28 de enero, se lo volvió a negar explicándole que el mismo Código prohíbe demoler bienes catalogados.

Fue entonces que Agro Bolívar pasó a la clandestinidad y pidió con urgencia que apareciera la Guardia de Auxilio y Emergencias. El 31 de enero, la arquitecta Gómez Diz revisó el edificio y dispuso que se demoliera un pequeño paño del segundo piso y se sacaran elementos de la fachada que podían caerse. Los de Agro Bolívar escanearon el documento que les dejó y se inventaron un cartel de obra usando el número de trámite de la Guardia. Para el 2 de mayo, ignorando un par de inspecciones municipales, no quedaba nada de la casa.

Como podrá entenderse, se armó un escándalo. Hasta los funcionarios especializados, que tienen la piel grosísima, estaban enojados por la espectacular caradurez de Agro Bolívar. Así fue que Planeamiento Urbano emitió la dura Resolución 27, de tono ejemplar, que sancionó a todos los implicados. Los propietarios no podrán construir nada en el lugar, como marca el código, y tendrán que pagar una multa. El ingeniero responsable de la obra, Angel Esteban Palacios, perdió la firma en Capital por 15 años. Y la empresa de demoliciones, Marcelo Fabián Heredia, perdió el permiso para operar en la ciudad para siempre.

Witko era formalmente acusado en la Resolución de haber exagerado los peligros del edificio para ayudar a una demolición clandestina y era también sancionado con la humillante pérdida de firma por 15 años. El arquitecto comenzó a defenderse enseguida diciendo que él no había ordenado nada ni recomendado nada, simplemente había hecho un trabajo técnico. Tanta inocencia lo deja medio como un ingenuo, pero eso debe ser mejor que quedar como un cómplice de lo indefendible. Es que Witko sabe de estas cosas porque fue uno de los arquitectos que participó en la remodelación de la mansión Duhau, que fue acosada por los vecinos ante cada intento de quebrar la ley. Witko tuvo en esa obra un curso acelerado de patrimonio, que parece que no aprovechó.

Y esta semana, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°3, secretaría 5, le hizo lugar a su amparo para volver a tener la firma. Resulta que, también operando en el vacío que no reconoce contextos, el tribunal consideró que se afectaba su libertad de trabajar hasta que se dictara una sentencia de fondo, sobre si Witko es ingenuo o cómplice. La Ciudad va a apelar y Basta de Demoler va a acompañar el pedido de que un juzgado no vacíe del todo la baja capacidad que tiene el gobierno porteño de sancionar a los avivados y sus cómplices profesionales.

INTELECTUALES DEL CPAU

Y mientras espera estos fallos, el arquitecto Witko podría leer el último número de una revista que seguramente recibe, Notas CPAU, publicada por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, una entidad que tiene serios problemas con el patrimonio edificado. El CPAU es presidido por el arquitecto Carlos Berdichevsy, que el año pasado hizo un papelón inolvidable por meterse a lobbista en la Legislatura. Como recordarán los lectores de m2, Berdichevsy invitó al inefable ministro de Planeamiento Urbano de la Ciudad, Daniel Chaín, y quedó tan entusiasmado por su llamado a evitar que se sancionara una ley de Patrimonio que se decidió a actuar. Para noviembre, Berdichevsy ya estaba mandando cartas a los legisladores, hablando por teléfono y teniendo cuanta reunión podía, muy bien secundado por su secretario Emilio Rivoira. Súbitamente, Chaín se le dio vuelta y apareció firmando un comunicado diciendo que no sólo estaba de acuerdo con la ley de patrimonio sino que la quería para toda la Ciudad y por dos años.

Obviamente, Chaín lo hacía por orden superior –alguien hay en el gobierno porteño que todavía se acuerda de hacer política–, pero Berdichevsky quedó colgado del pincel. Meses después, la 2548 era ampliada en el espacio y en el tiempo con apoyo abrumador y Berdichevsky quedaba como un aficionado que había metido a su entidad en un brete perdedor. Se ve que, como Chaín, es un hombre altanero, porque ahora acaba de volver a la carga dedicándole casi toda la edición de la revista al tema del patrimonio. Es como un segundo lobby pero intelectual, que intenta ser balanceado poniendo voces en contra y a favor. Pero lo más interesante es lo tenue, huérfano y pobretón de las voces a favor de la piqueta. Esta edición de la revista del CPAU es histórica como admisión de la bancarrota intelectual de los arquitectos que no quieren ninguna protección al patrimonio.

Berdichevsky, como presidente, se reserva el editorial donde dice honestamente que intentó crear “una corriente de opinión contraria a su sanción”. La nota siguiente, sin firma, admite que, “sin embargo, esta corriente de opinión generada por el Consejo no generó la repercusión deseada ni encontró eco en los legisladores”. La nota dice que, una vez aprobada la ley, el CPAU le envió una carta en queja a Mauricio Macri, que jamás les contestó.

Luego vienen las breves notas firmadas y la cosa se pone más reveladora. Emilio Rivoira dice que “lo nuestro es construir el patrimonio del futuro” y se queja, en abierta contradicción, con que al ponerse el límite en 1941 no se protege buena parte del racionalismo argentino. Rivoira vuelve a repetir que lo atractivo de esta ciudad es “su diversidad y las sucesivas capas de arquitectura”, tontera de mala fe que esconde que al demoler se eliminan completamente varias capas de esa misma arquitectura. Peor aún le va a Margarita Charriere, alguna vez funcionaria municipal dedicada a los conventillos de La Boca, que será recordada en la historia argentina como la primera persona en titular –¿intitular?– una nota “Superar las falsas antinomias” desde que los militares dejaron el poder. A esta arquitecta le debe gustar leer revistas importadas, sobre todo españolas, porque escribe sobre “chasis urbano”, “el construido” o “imagen objetivo”. Pero en concreto vuelve a otro argumento de mala fe, el de oponerse a las catalogaciones proponiendo un futuro, utópico y nunca realizado plan general “para un proyecto colectivo”.

Mucho más concreta es la intervención de Cristina Fernández, persona con experiencia en restauración y recuperación de edificios, que va a lo concreto alertando que las leyes suelen ser declarativas si no se acompañan de proyectos concretos y de movimientos sociales. Por ahí va también el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, que escribe sobre los valores económicos de los edificios patrimoniales y admite que hay que ser más ejecutivos en la gestión de estos bienes.

La palma del suplemento se la lleva, sin embargo, el único intelectual presente, el filósofo Tomás Abraham. Su artículo arranca hablando de los fantasmas de la memoria que ejercen su venganza si son ignorados. Abraham hasta dice algo tabú entre arquitectos, que la arquitectura “futurista de los setenta es fea” y hasta se mete con una de las grandes vacas sagradas, Oscar Niemeyer. Pero de golpe le pasan, más o menos a mitad de camino, dos cosas: se pone zonzo y se pone resentido. Lo primero es cuando Abraham percibe que conservar una casa no conserva un estilo de vida, obviedad absoluta para alguien tan viajado como él, que habrá visto todo tipo de viviendas europeas, cargadas de siglos, donde se vive sin necesidad de usar jubón o tener esclavos. Lo segundo es estupendo, porque escribe –y el CPAU destaca, deleitado– que “el problema es que del patrimonio se ocupa gente rancia, rancia de la mente, o rancia de alcurnia, en suma, rancia”. ¡Epa! Es una frase que tienta interpretar, sobre todo teniendo en cuenta que Abraham es un hombre rico, hijo de ricos y padre de ricos, con lo que sus problemas de “alcurnia” serán más complejos que la simple envidia. De paso, el filósofo demuestra su amplia ignorancia del tema, donde los “rancios” se encuentran a menudo discutiendo con gente de apellidos patricios que quieren demoler los petit hoteles de sus ancestros para hacer plata rápida.

Uno de los “rancios” seguramente sorprendido por el calificativo es Santiago Pusso, coordinador de Basta de Demoler, el grupo que tanto hizo para frenar la destrucción de edificios. Y no se sabe si el abogado Raúl Navas está sorprendido, pero ciertamente resulta sorprendente con su artículo que mezcla letras de Queen, Bob Marley y Aznavour con apuntes jurídicos sobre el nuevo marco.

A todo esto: ¿por qué si el CPAU es tan intelectual y honesto en este tema, nunca de los jamases más remotos tuvo algo que decirles a sus matriculados que hacen demoliciones ilegales? Por ejemplo, al arquitecto Witko. Responder a esta pregunta implica entender cómo piensan realmente Berdichevsky & Co. la ciudad: como un conjunto de terrenos ocupados por cosas a demoler para que ellos nos construyan “el patrimonio del futuro”.