Defender el patrimonio puede ser muy cansador, porque destruirlo es un buen negocio, lo que atrae al malón. Donde la preservación invoca cierto idealismo de la historia y la experiencia urbana, la piqueta busca la plata fácil y rápida. Una de las maneras de lograrla es poniendo personas clave en lugares clave para escupir asados diversos, poner palos en las ruedas y trabar todo. Ya es difícil direccionar el sentido de la gestión pública en el mejor de los casos, con lo que estos personajes sensibles al lobby pueden ser peculiarmente dañinos.

Un personaje con una verdadera vocación por defender las demoliciones acaba de hacerse notar en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Se trata de Carlos Benavides, un cincuentón asesor del diputado Martín Ocampo (PRO), que está irritando hasta al bloque propio con sus actitudes. Y el hombre tiene su historia.

Benavides fue funcionario porteño y fue protagonista de lo que debe ser el primer sumario grave de la administración Macri. El actual asesor legislativo era titular del área de Supervisión de Interpretación Urbana, parte de la Dirección General del mismo nombre, que depende de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano. Ya en enero de 2008, con Macri apenas calentando la silla, el ministro Daniel Chaín le instruyó sumario administrativo por faltas graves.

El escrito con que Chaín decide tiene fecha del 25 de enero del año pasado, pero remite al Expediente Administrativo 3098/08 y arranca implicando que Benavides entró en el radar de la nueva gestión por su estupenda capacidad de trabar expedientes. Según se desprende de la prosa burocrática, los nuevos titulares comenzaron un arqueo de situación al asumir, cosa de cordura básica. La Dgiur avisó por la cadena de mandos que había encontrado “quinientas ochenta y nueve actuaciones sin resolver” en el área de Supervisión.

Este número es espectacular y seguramente fruto de largos meses de labor por parte de Benavides. El hombre tenía, sin embargo, su método, que el escrito explica tersamente como “un orden aleatorio de tratamiento que no responde a lógicas administrativas de gestión”. Esto es, los expedientes salían como le parecía al titular.

Con 589 expedientes parados y las resoluciones saliendo como le conviniera a Benavides se genera un estado de sospecha clarísimo. “La situación informada viola flagrantemente los tiempos normales de trámite establecidos”, dice el expediente, que agrega que en ningún momento “obran en los expedientes informados ni en la explicación adjunta circunstancias de excepción que justifiquen la demora”.

La explicación de Benavides es realmente notable. El entonces funcionario dice que la demora se debe a una “decisión de servicio” y a la “atención de prioridades fijadas por las sucesivas autoridades políticas”, lo que suena a cuidado de una caja por orden superior.

El expediente culmina avisando que este tipo de tropelías pueden dar lugar a juicios contra la ciudad, por lo que remite el tema a la Dirección General de Sumarios de la Procuraduría General porteña y aprueba que se abra un sumario administrativo.

Curiosamente, Benavides fue expulsado del Ejecutivo porteño por la gestión del PRO pero este año encontró conchabo con Martín Ocampo, otro PRO que se ganó la banca también en diciembre de 2007. Ocampo forma parte de varias comisiones legislativas, pero la que importa en este cuento es la de Planeamiento, área de “experiencia” del ex funcionario sumariado.

Una de las cosas que no figura en el expediente de enero de 2008 es que Benavides tenía el sí fácil en eso de permitir demoliciones de edificios patrimoniales. A medida que amplió su escenario de acción, quedó en claro que es un enemigo drástico de todo lo que sea preservación, como lo está mostrando en su nuevo rol de asesor.

Resulta que los proyectos de catalogación y creación de APHs tienen que pasar por la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. Estos proyectos ya enfrentan el reduccionismo ideológico de los arquitectos, el hambre de negocios de las constructoras y su capacidad de lobby a través del CPAU y del Copua. Benavides se suma a estas líneas con alegría y hasta se puso a frenar proyectos de catalogaciones de la misma bancada del PRO, esto es de los colegas de Ocampo, Patricio Di Stefano y Marta Varela.

El caso más increíble fue el proyecto de crear una APH en la avenida Callao. Este proyecto ya tiene primera lectura y resultó muy poco controvertido porque protege edificios notables y de gran porte, que por su mismo tamaño y valor material difícilmente sean demolibles. Como siempre ocurre, la ley con primera sanción volvió a la Comisión de Planeamiento. En general, con una ley que ya se votó en el recinto hay poca discusión, pero Benavides se empezó a lucir tratando de trabarla. Fue en la reunión de asesores, que tiene existencia formal y resulta una primera discusión de los proyectos antes de que los traten los diputados. Benavides, que tiene un estilo confuso y oscuro, difícil de entender, comenzó a cuestionar los límites de altura en la avenida y siguió con una suerte de exposición en contra de la misma idea.

Como es muy, pero muy difícil derribar un proyecto que ya tiene media sanción, a Benavides le fue mal: los diputados firmaron todos el proyecto, con lo que la segunda votación es inminente. Hasta su jefe, Ocampo, firmó la iniciativa de su colega de bancada. Pero Benavides está en posición para atacar otros proyectos que están por entrar a la Legislatura o que ya están dando sus primeros pasos.