Los vecinos de Villa Pueyrredón están en armas contra el gobierno porteño y en particular con los permisos de obra que se están dando en la zona del barrio sobre avenida Del Carril. La furia es tal, que no dudan en hablar de coimas, negocios en común y otras yerbas. Lo hacen porque se están permitiendo obras que consideran evidentemente absurdas, en un marco legal en pleno cambio y con un apuro que les resulta insolente.

Los problemas comenzaron ya en el 2000, cuando se cambió el mal llamado código –no pasa de una ley muy largo, lo que no le da piné de código– y se permitió construir en altura en todas las avenidas porteñas. Este hueso a la piqueta resulta particularmente dañino en la avenida Del Carril, que está rodeada de una miríada de pasajes. En una manzana normal de esta ciudad se puede esperar que la “espalda” de una avenida se extienda por un centenar de metros. Pero si atrás hay pasajes, las manzanas tienen la mitad o menos. Es el caso de Del Carril: los terrenos sobre la avenida tienen 16 metros de fondo.

Es fácil imaginar lo que pasa entonces cuando se autoriza un edificio de doce pisos sobre la avenida. El edificio se alza como un dolmen gordo, ayudando a formar un muro que reíte del de China. Atrás y sin lugar para escaparse, quedan las casas del barrio, bajas por tradición, bajas por elección y bajas por estar sobre pasajes. Los vecinos terminan como invadidos por marcianos que tapan el sol.

Para peor, la zonificación de la avenida no impone ningún límite a la altura, que se rige apenas por el ancho de la arteria al frente. Como Del Carril es ancha, el barrio se está yendo para arriba. Todo este tema se discutió hace dos meses en las comisiones de la Legislatura, con dos proyectos de los diputados Eduardo Epszteyn (Diálogo) y Silvina Pedreira (FpV) que, con variantes, limitaban las alturas a construir. El Ejecutivo pidió 45 días para estudiar el tema.

Les debe costar concentrarse en el Ejecutivo, porque ya pasaron sesenta días y no hubo respuesta. Pero lo grave no es la posible incapacidad de estudio de los funcionarios, sino la trampita alevosa que hicieron. Cuando el Ejecutivo pide tiempo para estudiar un tema, se implica que suspende el asunto –en este caso la entrega de permisos de construcción– hasta que la cuestión se debata y defina. Pues este gobierno porteño siguió entregando permisos de construcción como si lloviera, como si no hubiera vecinos reclamando o una ley en debate.

De hecho, los vecinos denuncian que hubo una suerte de apurada para demoler a tiempo, con compradores tocando timbres de frentistas para ofrecerles comprar sus casas (más detalles en la página salvemosalbarrio.blogspot.com). Y que las inmobiliarias de la zona comentan abiertamente que hay que apurarse, porque se va a acabar.

La movida de las demoliciones va a durar todo lo que logre que dure un personaje poco conocido pero poderoso, Sergio Trovato. Jefe del Departamento de Construcciones de la Dirección General de Registro de Obras y Catastros, este Trovato es hijo del sindicalista Genaro, eterno jefe de los municipales, una verdadera garantía de permanencia en la gestión. De hecho, pasan los jefes de Gobierno y Sergio Trovato sigue firmando permisos de obra.

Mientras, Epszteyn preparó un proyecto de declaración legislativa para que el Ejecutivo deje de dar permisos hasta que se resuelva el tema. Ya lo firmaron la presidenta de la Comisión de Patrimonio Teresa de Anchorena (CC) y Christian Asinelli (FpV), pero el PRO se niega redondamente a tratar la cuestión, no sea que escupan para arriba.

Alguien está haciendo un buen negocio y no es PRO arruinarlo.